El jueves, un juez del Tribunal de Distrito de Tel Aviv comenzará a oír los argumentos sobre por qué el Ministerio de Defensa israelí debería restringir las actividades de NSO Group. La aplicación Pegasus de esta empresa se ha utilizado contra periodistas y activistas de todo el mundo, en países como Marruecos, Arabia Saudí, México y Emiratos Árabes Unidos.
“NSO continúa obteniendo beneficios del uso de su software espía para cometer abusos contra activistas en todo el mundo, y el gobierno de Israel se queda mirando sin hacer nada”, ha dicho Danna Ingleton, directora adjunta de Amnesty Tech.
“La mejor forma de impedir que los potentes productos espía de NSO lleguen a gobiernos represivos es revocar la licencia de exportación de la empresa, y eso es exactamente lo que se pretende con esta demanda judicial.”
La demanda ha sido presentada por unos 30 miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional Israel y otras personas de la comunidad de derechos humanos. Amnistía Internacional presta su apoyo a estas acciones judiciales en el marco de un proyecto emprendido junto con el Instituto Bernstein de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
“Al autorizar las exportaciones de NSO —empresa que ha vendido sus invasivos productos de software a gobiernos conocidos por sus abusos contra los derechos humanos—, el Ministerio de Defensa ha incumplido su obligación, contraída en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de proteger el derecho a la intimidad, a la libertad de expresión y a la libertad de opinión”, ha dicho Sukti Dhital, directora ejecutiva del Instituto Bernstein de Derechos Humanos.
La semana pasada, el Ministerio de Defensa pidió al juez que desestimara la causa o que, si esta prosperaba, impusiera una cláusula de silencio para restringir la información por motivos de seguridad nacional.
“Es sobre todo en interés del público y de la libertad de prensa que esta causa se vea en audiencia pública. No debe permitirse que el Ministerio de Defensa se esconda tras un velo de secreto en lo referente a abusos contra los derechos humanos”, ha dicho Danna Ingleton.
Ataques digitales
La vista es la acción judicial más reciente en que está involucrado NSO Group. El pasado octubre, Facebook anunció que iba a demandar a NSO Group después de que esta empresa aprovechara una vulnerabilidad de WhatsApp para actuar contra al menos un centenar de defensores y defensoras de los derechos humanos.
Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado el uso reiterado de la aplicación espía Pegasus de NSO Group para actuar contra la sociedad civil y reprimir la libertad de expresión. En octubre de 2019, Amnistía Internacional reveló que se habían cometido ataques digitales selectivos con Pegasus contra dos destacados defensores de los derechos humanos marroquíes: el académico y activista Maati Monjib y el abogado de derechos humanos Abdessadak el Bouchattaoui.
En agosto de 2018, un miembro del personal de Amnistía Internacional recibió un mensaje que contenía un enlace supuestamente relacionado con una protesta frente a la embajada saudí en Washington. El mensaje se envió en un momento en que la organización estaba haciendo campaña para pedir la libertad de activistas saudíes de los derechos humanos de las mujeres. Si se hacía clic en él, el enlace instalaba en secreto el programa malicioso de NSO, que permite al remitente del mensaje tener un control casi absoluto del teléfono.
Investigaciones anteriores también ponían de manifiesto el uso de la aplicación Pegasus contra al menos 24 defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y miembros del Parlamento de México; los activistas saudíes Omar Abdulaziz, Yahya Assiri y Ghanem Al-Masarir; el galardonado activista de derechos humanos emiratí Ahmed Mansoor y, al parecer, el disidente saudí asesinado Jamal Khashoggi.
Vigilancia abusiva
NSO Group afirma que ayuda a los gobiernos a luchar contra el terrorismo y la delincuencia, pero no ha refutado los crecientes datos que relacionan sus productos con ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos.
Aunque la empresa asegura que lleva a cabo que lleva a cabo un riguroso proceso de verificación antes de vender sus productos a terceros, no ofrece detalles sobre tal proceso, que, teniendo en cuenta el número de ataques contra la sociedad civil, parece haber sido ineficaz en numerosos casos.
A pesar de haber anunciado una nueva “política de derechos humanos” en septiembre, NSO no admite su responsabilidad en los múltiples casos documentados sobre sus tecnologías de vigilancia.
Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos en el marco de las actividades de las empresas, por medios que incluyen la regulación y la supervisión. Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones y cadenas de suministro. Esto significa que deben evitar causar abusos contra los derechos humanos o contribuir a ellos y que deben tomar medidas para identificar y abordar los riesgos para los derechos humanos en sus operaciones.
