El informe, titulado Elected but restricted: Shrinking space for Palestinian parliamentarians in Israel’s Knesset, (Elegidos, pero restringidos: se reduce el espacio de los parlamentarios palestinos de la Knéset de Israel) detalla cómo el derecho a la libertad de expresión de los miembros palestinos de la Knéset está amenazado por modificaciones legislativas discriminatorias, proyectos de ley propuestos y normativas de la propia Knéset. El informe también pone de manifiesto el discurso incendiario utilizado por ministros del gobierno israelí para estigmatizar a la representación parlamentaria palestina en la Knéset, y revela cómo proyectos de ley presentados por los miembros palestinos de la cámara fueron descartados injustamente por motivos discriminatorios.
“Los miembros palestinos de la Knéset en Israel cada vez sufren más ataques discriminatorios. A pesar de haber sido elegidos democráticamente como sus colegas israelíes judíos, los miembros palestinos de la Knéset son objeto de una arraigada discriminación y de restricciones indebidas que limitan su capacidad de defender los derechos de la población palestina”, manifestó Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Dado que Israel comete sistemáticamente violaciones de derechos humanos contra personas palestinas en Israel y los Territorios Ocupados, es fundamental que las voces palestinas en el Parlamento sean oídas, tenidas en cuenta y respetadas.”
Las crecientes restricciones a las que se enfrentan los miembros palestinos de la Knéset forman parte de un patrón de flagrante discriminación de las autoridades israelíes a la ciudadanía palestina de Israel.
El 20% de la población de Israel es palestina y, aunque la legislación israelí y el derecho internacional reconocen sus derechos a la participación y la representación política, en la práctica se enfrentan a una discriminación generalizada en términos de ciudadanía, vivienda, educación y atención de la salud.
La “ley del Estado nación” (cuyo nombre oficial es Ley Básica: Israel como Estado Nación del Pueblo Judío), que entró en vigor en 2018, define a Israel como el Estado nación del pueblo judío, afianzando constitucionalmente la desigualdad y la discriminación contra las personas no judías. La ley garantiza el derecho de autodeterminación exclusivamente al pueblo judío, dispone que sólo la inmigración judía conlleva automáticamente la ciudadanía, promueve la construcción de asentamientos judíos y retira la oficialidad del idioma árabe.
En los últimos años, las autoridades de Israel intensificaron su discurso contra las minorías y las comunidades marginadas, reduciendo con ello el espacio de quienes defienden los derechos palestinos. Amenzaraon y desprestigiaron a organizaciones de la sociedad civil y defensores y defensoras de los derechos humanos palestinos e israelíes, así como a grupos internacionales, como Amnistía Internacional.
Discriminación flagrante en la Knéset
Amnistía Internacional identificó una serie de normativas, prácticas y enmiendas legislativas en la Knéset que facilitan la discriminación contra la representación palestina. Por ejemplo, la enmienda legislativa de 2016 que permite la expulsión de miembros de la Knéset mediante el voto mayoritario de la cámara implica que los parlamentarios que expresen opiniones y puntos de vista políticos pacíficos, pero considerados inaceptables por la mayoría de la cámara, pueden ser expulsados. Un miembro palestino de la Knéset afirmó que esta enmienda era “una espada de Damocles colocada sobre nuestras cabezas por los miembros de la Knéset opuestos políticamente a nosotros”, señalando que su intención era intimidar a la representación palestina para silenciarla.
El informe pone también de manifiesto las actitudes flagrantemente discriminatorias y el discurso divisivo que la clase política israelí utiliza contra sus homólogos palestinos. El primer ministro Benjamin Netanyahu, tras declarar abiertamente: “Israel no es un Estado de todos sus ciudadanos [...], es un Estado nación que pertenece sólo al pueblo judío”, afirmó que los partidos políticos palestinos tratan de erradicar el Estado de Israel.
Altos cargos gubernamentales y miembros de la Knéset israelíes utilizan habitualmente un lenguaje incendiario y estigmatizante para referirse a sus equivalentes palestinos en un evidente intento de deslegitimarlos a ellos y a su trabajo. Los miembros palestinos de la Knéset que se atrevieron a criticar las políticas israelíes fueron calificados de “traidores”, y se pidió su “proscripción” o su juicio por “traición”.
Normativas de la Knéset que originalmente pretendían hacer cumplir ciertas prácticas éticas han sido mal utilizadas para restringir indebidamente el derecho a la libertad de expresión de miembros palestinos de la cámara. En aplicación de una enmienda de las normas éticas de la Knéset efectuada en 2018, que prohíbe los viajes financiados por organismos “que piden el boicot del Estado de Israel”, se impidió que dos parlamentarios palestinos hicieran un viaje al extranjero financiado por unas ONG que figuraban en una “lista negra” del gobierno israelí. Si bien Amnistía Internacional no pide ni apoya boicots concretos, sí considera que el derecho a pedir un boicot o participar en él es una forma de libertad de expresión que debe ser respetada y protegida por las autoridades.
El informe de Amnistía Internacional revela asimismo que, desde 2011, al menos cuatro proyectos de ley relacionados con los derechos de la ciudadanía palestina, incluido el de participar en la vida pública, fueron descartados sin ni siquiera llegar a la fase de debate parlamentario.
“La Knéset de Israel debe revocar o modificar toda legislación que facilite la discriminación contra sus miembros palestinos y el resto de la ciudadanía palestina de Israel, empezando por la Ley del Estado nación”, declaró Saleh Higazi.
“Las autoridades israelíes deben poner fin a las restricciones discriminatorias contra los miembros palestinos de la Knéset y garantizar la defensa de su derecho a la libertad de expresión. Además, deben dejar de utilizar un discurso incendiario que condena al ostracismo a los representantes designados por elección que defienden los derechos humanos y la igualdad y suscita hostilidad hacia la población palestina en general.”
