“Aunque Israel ha intentado justificar estas demoliciones bajo el disfraz de la seguridad, afirmando que las casas están demasiado cerca de la valla/muro, este argumento no resiste un examen riguroso. Lo cierto es que, durante décadas, las autoridades israelíes han adoptado medidas arbitrarias y desproporcionadas en nombre de la seguridad para ampliar su control sobre el territorio palestino y expulsar a la población palestina de zonas que consideran estratégicas, forzando el desplazamiento de comunidades enteras y destruyendo ilegalmente decenas de miles de viviendas.
Israel debe poner fin de inmediato a su política cruel y discriminatoria de demolición de viviendas y desplazamientos forzados. En lugar de destruir viviendas familiares, Israel debe desmantelar los tramos de la valla/muro construidos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluidas algunas zonas de SurBaher, en contravención del derecho internacional.
Otros Estados tienen la obligación de presionar a las autoridades israelíes para que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y garanticen protección a la población de los Territorios Palestinos Ocupados.”
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Israel ha demolido más de 1.100 estructuras en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental en los últimos 10 años, y con ello ha causado el desplazamiento forzado de más de 2.000 personas y trastornado la vida de más de 6.000 personas. Del 2 de enero al 17 de julio de 2019, Israel ha destruido 126 estructuras en Jerusalén Oriental, causando el desplazamiento de 203 personas y trastornando la vida de 1.036 más.
El traslado ilegal de civiles residentes en territorio ocupado es una violación del Cuarto Convenio de Ginebra y constituye un crimen de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
