Ante la noticia de que el Tribunal Supremo de Israel ha confirmado la orden de deportación de Omar Shakir, director de Human Rights Watch (HRW) para Israel / Palestina, Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:



“La decisión del Tribunal Supremo de Israel de confirmar la deportación de Omar Shakir ilustra aún mejor el papel fundamental que está desempeñando esta institución a la hora de mantener la agenda contra los derechos humanos del país. Con esta sentencia, el Tribunal ha dejado expresamente claro que quienes se atrevan a pronunciarse sobre violaciones de derechos humanos de las autoridades israelíes serán tratados como enemigos del Estado.

“Las personas que defienden los derechos humanos desempeñan un papel esencial en la denuncia de las fechorías del gobierno y en la promoción del debate público. La decisión de hoy es una medida cobarde que confirma la resolución opresiva de Israel de silenciar a toda costa a las organizaciones independientes de derechos humanos.

“Propugnar un boicot o exigir simplemente que las empresas respeten el derecho internacional son formas de expresión pacífica que los tribunales tienen que proteger. En cambio, el Tribunal Supremo de Israel ha hecho exactamente lo contrario y se ha sumado al ataque contra HRW y la comunidad de derechos humanos.

“El mundo no debe permanecer en silencio ante esta parodia de justicia. La comunidad internacional, incluidos aliados de Israel como Estados Unidos, tiene la responsabilidad de presionar a Israel para que revoque esta reprobable decisión y de dejar claro que este tipo de represión flagrante es totalmente inaceptable y tendrá consecuencias”.

Información complementaria:

El 7 de mayo de 2018, el Ministerio del Interior israelí revocó el permiso de trabajo de Omar Shakir, ciudadano estadounidense, alegando que había violado la ley “antiboicot” israelí de 2011. Una enmienda de 2017 a la Ley de Entrada a Israel niega la entrada a Israel y a los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) a todas las personas que pidan o apoyen un boicot a Israel. El 16 de abril de 2019, el Tribunal de Distrito de Jerusalén confirmó la orden de deportación.

Omar Shakir y HRW recurrieron contra la sentencia ante el Tribunal Supremo de Israel. Amnistía Internacional se personó en el recurso presentando un informe amicus curiae ante el Tribunal Supremo israelí. El recurso fue desestimado y el Tribunal Supremo ha confirmado hoy la orden de deportación. La decisión de ejecutar la orden depende ahora del gobierno israelí. Si sigue adelante, Omar Shakir tendrá 20 días para salir del país.

Amnistía Internacional considera que llamamientos como el realizado por HRW y Omar Shakir, en el que pedían a las empresas que respetaran el derecho internacional, están protegidos por el derecho a la libertad de expresión. No deben ser ni son interpretados como un llamamiento al boicot. Sin embargo, aun en el caso de que las autoridades israelíes consideren que estas actividades sí constituyen un llamamiento al boicot, Amnistía Internacional cree que se debe permitir a quienes defienden estos llamamientos que expresen libremente su opinión.

En los últimos años, las autoridades israelíes han intensificado radicalmente sus actos de hostigamiento e intimidación contra quienes defienden los derechos humanos y la sociedad civil, tanto en Israel como en los TPO. Los grupos de derechos humanos son objeto de continuas agresiones por medio de leyes y políticas gubernamentales restrictivas, a las que se suma una campaña de difamación que tiene como fin deslegitimar el trabajo en favor de estos derechos. Hace poco, a Laith Abu Zeyad, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), se le prohibió viajar al extranjero por “razones de seguridad”, aparentemente como castigo por el trabajo de derechos humanos de la organización.