Amnistía Internacional Italia considera “ilegal” la medida que exige una garantía económica a las personas solicitantes de asilo como alternativa a la detención mientras se examina su solicitud.

La disposición que permite la detención por un periodo máximo de cuatro semanas forma parte del decreto presidencial del 14 de septiembre y establece que, para evitar la detención, la persona solicitante de asilo debe demostrar que dispone de alojamiento adecuado en territorio nacional, los fondos necesarios para su posible repatriación y los medios de subsistencia necesarios.

El decreto establece que la garantía económica para el año 2023 es de 4.938 euros, que deberán abonarse “en un solo pago mediante un aval bancario o una póliza de seguro de caución”. Y especifica que esta cantidad “es individual y no puede ser pagada por terceras personas”.

“Se trata de una medida ilegal. Es inconcebible que personas que han huido de su país natal puedan tener acceso a alojamiento o a una cuenta bancaria en Italia para poder activar una póliza de seguro de caución”, ha manifestado Alba Bonetti, presidenta de Amnistía Internacional Italia.

 “Supeditar la libertad de las personas solicitantes de asilo a unas condiciones prácticamente imposibles supone en la práctica la detención automática de quienes llegan a Italia. La detención automática es arbitraria y está prohibida por el derecho internacional.”

Amnistía Internacional se opone a toda medida de detención que sólo sirva para reforzar el control de las fronteras o como medida disuasoria frente a entradas o estancias irregulares. El disfrute de la libertad personal debe seguir siendo la condición predeterminada de toda persona. Las personas solicitantes de asilo deben gozar, como el resto de las personas, de la presunción legal de libertad. El uso sistemático o automático de la detención en relación con la migración es arbitrario por definición. Los Estados deben llevar a cabo una evaluación personalizada de cada solicitante, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares y necesidades específicas. Toda decisión que limite el derecho a la libertad de las personas solicitantes de asilo siempre debe estar basada en una evaluación detallada de las circunstancias personales en cada caso, incluidos factores como el historial de la persona, su edad, su estado de salud y su situación familiar.

Toda privación de la libertad debe estar prescrita claramente por ley y rigurosamente justificada por un fin legítimo, necesario, proporcionado y no discriminatorio.

Si desean más información pónganse en contacto con Carolina Bruni, oficina +39 064 490 220 | móvil +39 345 7820 183 | correo-e c.bruni@amnesty.it