La decisión unánime adoptada hoy por el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, según la cual Italia infringió la Carta Social Europea de manera grave y sistemática respecto a la situación de alojamiento de la población romaní, debe impulsar un cambio en las discriminatorias políticas de vivienda en Italia; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

“La decisión de hoy confirma lo que ya se sabe desde hace mucho tiempo y se ha denunciado reiteradamente: que la comunidad romaní en Italia ha sufrido y continúa sufriendo discriminación y trato desigual de forma generalizada, sistémica y prolongada en relación con la vivienda”, ha afirmado Elisa De Pieri, investigadora regional de Amnistía Internacional sobre Europa.

Esta decisión debe poner punto final a décadas de discriminación.

Elisa De Pieri, investigadora regional de Amnistía Internacional sobre Europa

“Las comunidades romaníes se han visto sometidas a condiciones de segregación étnica en viviendas precarias, excluidas en gran medida de la vivienda social y expuestas a desalojos forzosos generalizados que han dejado a miles de personas sin hogar.”

La decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales responde a una denuncia presentada por Amnistía Internacional el 18 de marzo de 2019, que se basaba en más de una década de investigación por parte de la organización y sus asociados sobre la situación del alojamiento de las personas romaníes, especialmente en las ciudades de Roma, Milán y Nápoles.

El Comité resolvió que Italia había incumplido sus obligaciones en todos los casos planteados, a pesar de los avances limitados y desiguales que el gobierno italiano presentó durante el proceso, y concluyó que los desalojos forzosos son una ‘práctica actual’ que el gobierno ha admitido, y que Italia no ha adoptado un marco jurídico que garantice un recurso efectivo cuando suceden. Además, añadió que ‘en la práctica sigue existiendo segregación de las comunidades romaní, sinti y caminanti’.

Ahora Italia tendrá que tomar medidas no sólo para garantizar una vivienda adecuada, no segregada y no discriminatoria a las personas romaníes, sino también para proporcionar a quienes han sufrido discriminación y segregación un recurso efectivo que les permita obtener alguna forma de justicia largamente esperada.

“Miles de personas pertenecientes a comunidades cuyas precarias condiciones de vida han sido documentadas por Amnistía Internacional durante más de un decenio siguen sufriendo las diversas violaciones de derechos humanos expuestas en nuestra denuncia. Esta decisión debe poner punto final a décadas de discriminación”, ha afirmado Elisa De Pieri.

“Las autoridades deben hacer todo lo necesario para abordar las causas profundas del racismo antirromaní y poner fin de una vez por todas a las violaciones de derechos humanos en curso contra las personas romaníes.”

Información complementaria

La denuncia presentada por Amnistía Internacional ante el Comité Europeo de Derechos Sociales el 18 de marzo de 2019 documentaba desalojos forzosos generalizados, uso persistente de campamentos segregados con alojamientos que no reúnen las condiciones de habitabilidad, y desigualdad en el acceso a viviendas sociales.

El Comité, órgano creado en virtud del tratado que garantiza los derechos económicos y sociales fundamentales, la Carta Social Europea, admitió a trámite la denuncia y, por iniciativa propia, tomó la inusual medida de ordenar a las autoridades italianas que adoptaran medidas inmediatas para suspender los desalojos forzosos.

En el momento de presentar Amnistía su denuncia, unas 26.000 personas romaníes vivían en centros y asentamientos segregados y precarios en Italia. Actualmente, más de 15.000 siguen viviendo en asentamientos formales e informales y soportando condiciones de segregación y discriminación por motivos étnicos en viviendas precarias. Los asentamientos informales continúan expuestos a los desalojos forzosos, que no han sido prohibidos en contravención del derecho internacional.

En los últimos 20 años, varios organismos de derechos humanos de la ONU, la UE y el Consejo de Europa han concluido en múltiples ocasiones que Italia incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos respecto a la comunidad romaní.

Encontrarán información actualizada periódicamente sobre la situación de las personas romaníes que viven en asentamientos formales e informales en Associazione 21 luglio Il Paese Dei Campi – Mappa

Véase https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/04/roma-on-the-margins-housing-rights-denied/

Consulten aquí el texto íntegro de la denuncia presentada por Amnistía Internacional y otra documentación relacionada con la situación de la comunidad romaní en materia de vivienda.