“Estas ejecuciones demuestran el escandaloso desprecio del gobierno japonés por la vida humana. Cuando el resto del mundo da la espalda progresivamente a la pena de muerte, Japón sigue anclado en el pasado al mantener este castigo máximo que es cruel e irreversible.
Es lamentable que el gobierno continúe realizando ejecuciones. Ya es hora de que Japón, encargado de organizar el congreso de la ONU sobre delincuencia el próximo mes de abril, acometa una revisión de su sistema de justicia penal para ajustarlo plenamente al derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Pedimos a las autoridades japonesas que declaren la suspensión inmediata de todas las ejecuciones y promuevan un debate informado sobre la pena de muerte como primer paso hacia su abolición.”
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Los dos hombres ejecutados a primera hora de la mañana del viernes eran Koichi Shoji, de 64 años, en el Centro de Detención de Tokio, y Yasunori Suzuki, de 50, en el Centro de Detención de Fukuoka. Ambos habían sido condenados por asesinato.
Estas ejecuciones son las primeras que se llevan a cabo en Japón en 2019 y elevan a 38 el número total de ejecuciones durante el gobierno del primer ministro, Shinzo Abe. En la actualidad hay 110 personas condenadas a muerte en Japón.
Las ejecuciones están rodeadas de secreto en Japón, donde es habitual avisar a la persona condenada sólo unas horas antes y, en algunos casos, es posible que ni siquiera se la avise. Normalmente no se notifica la ejecución a los familiares hasta que ya se haya producido.
En abril de 2020 se celebrará en Kioto el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, foro en el que se reúnen personas expertas en justicia penal de gobiernos, OIG y ONG así como de otros ámbitos para compartir experiencias e identificar soluciones a los problemas relacionados con la prevención del delito y la justicia penal. Varios grupos de debate tratarán de abordar el uso de la pena de muerte en Japón y en todo el mundo.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método de ejecución empleado por el Estado, y lleva más de 40 años haciendo campaña en favor de su abolición.
