Las investigaciones sobre la muerte de 17 personas, ocurrida en Paraguay hace dos años durante un desalojo forzoso, han estado totalmente sesgadas a favor de la policía.

El 15 de junio de 2012, 11 campesinos y 6 policías murieron cuando más de 300 agentes de policía, muchos de ellos armados, acudieron a desalojar a unos 90 campesinos que ocupaban unas tierras en el distrito de Curuguaty, Paraguay. Aunque 12 personas serán juzgadas la semana que viene por el homicidio de los policías y otros delitos relacionados con ellos, ningún agente ha sido acusado de la muerte de los campesinos.

“Es lamentable que, dos años después de este trágico suceso, no se haya llevado a cabo una investigación exhaustiva e imparcial. Las autoridades paraguayas deben corregir este desequilibrio e investigar a fondo a todos los responsables de las muertes, de los dos bandos implicados en aquella violencia”, dijo Amnistía Internacional.

Las declaraciones de testigos recopiladas por Amnistía Internacional en los meses que siguieron a la violencia sugieren que algunos de los campesinos recibieron disparos en circunstancias sospechosas, cuando la violencia principal ya había terminado. También ha habido denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, así como de tortura, malos tratos y detención arbitraria.

Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal general se centraron únicamente en la responsabilidad de los campesinos implicados y justificaron la violencia ejercida por la policía considerándola defensa propia. Los testimonios incluidos en la investigación procedían principalmente de policías y otros funcionarios, y se dio poca importancia a los testimonios de los campesinos.

 

Dos años después de la violencia de Curuguaty, Amnistía Internacional sigue pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre las muertes, y que las autoridades garanticen un juicio justo para los acusados.