Recientemente, Amnistía Internacional presentó aportes en la causa judicial por el ataque a dos parejas de lesbianas en Barracas en mayo de 2024. El escrito subraya la obligación del Estado de llevar a cabo una investigación exhaustiva, diligente e imparcial, en pos de garantizar el acceso a la justicia. Tal investigación debe considerar el contexto de discriminación estructural en el que ocurrió el crimen y la existencia de todos los elementos que pudieran indicar que el hecho estuviera vinculado con el género y la orientación sexual de las víctimas. En este sentido, es de vital importancia contemplar las hipótesis de femicidio y crimen de odio desde los primeros pasos de la investigación, tal como lo indican los estándares internacionales en casos de violencia contra mujeres y personas LGBTI+.
Tres de las mujeres víctimas murieron tras ser quemadas vivas mientras descansaban en un hotel-pensión. La causa judicial tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y lo Correccional N°14.
Hasta la fecha, el agresor se encuentra penalmente imputado por homicidio doblemente agravado y por lesiones graves, por el crimen contra Sofía, Andrea, Roxana y Pamela, las 4 víctimas. Sofía es la única sobreviviente y continúa enfrentando las severas consecuencias de aquella noche. Al momento, la investigación no contempla que pudiera tratarse de un crimen agravado por odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión ni de un femicidio, figuras previstas por el art. 80 del Código Penal.
"A casi un año del crimen de Barracas, las víctimas siguen exigiendo justicia y demandan que el Estado cumpla con su obligación de garantizar medidas efectivas de prevención, protección, sanción y reparación. La violencia contra personas lesbianas y LGBTI+ se agrava en un contexto marcado por declaraciones estigmatizantes y dañinas de la máxima autoridad del país, que señala a la diversidad y a la lucha por la igualdad como ‘un cáncer que hay que extirpar’ o asocia falsamente a la comunidad con la pedofilia. A esto se suma un grave retroceso en las políticas de protección y prevención de la violencia de género", manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Solo en lo que va del 2025, se conocieron al menos 3 ataques brutales contra lesbianas en Orán, Salta; en la Ciudad de Buenos Aires y en Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. Estos ataques reflejan un patrón de violencia hacia el colectivo, exacerbado por un clima social que legitima el odio y la intolerancia.
Amnistía Internacional recuerda que el Estado debe asegurar una vida libre de violencias, adoptando medidas para prevenir, abordar y combatir la violencia de género. Esto incluye garantizar la debida diligencia en las investigaciones de todos los casos de violencia contra mujeres y personas LGBTI+, y la implementación de un conjunto integral de servicios para garantizar acceso a la justicia, reparación y apoyo a las víctimas.
Día de la Visibilidad Lésbica: discursos de odio y una violencia que no cesa
Cada 7 de marzo la comunidad lésbica se moviliza en memoria de Natalia "Pepa" Gaitán, lesbiana asesinada en Córdoba en 2010. La fecha es un recordatorio de la lucha por la igualdad y por el derecho a vivir libres de miedo en la casa, en el barrio, en las escuelas, en el trabajo. Las lesbianas, al igual que otras personas LGBTI+, enfrentan una discriminación estructural que se manifiesta en violencia verbal, física y con consecuencias letales, como evidencian el caso de “Pepa” y el crimen de Barracas.
Datos del Primer Relevamiento de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica de Argentina (2023) indican que el 36% de las lesbianas ha experimentado intentos de “corrección” de su sexualidad por parte de profesionales de salud, y un 21% ha sido víctima de agresiones físicas o verbales por parte de sus familias. Además, el 31% ha sido atacada por vecinos o desconocidos en la vía pública. Estas cifras reflejan la constante violencia y discriminación que enfrenta el colectivo LGBTI+ en el país.
Al respecto, organismos internacionales de derechos humanos recuerdan que las personas LGBTI+, que escapan a los mandatos hegemónicos de género, corren el riesgo de sufrir violencia familiar y comunitaria y que, en particular, las lesbianas y las mujeres trans corren un riesgo especial debido a la desigualdad de género y las relaciones de poder en el seno de las familias y de la sociedad en general.
Los crímenes de odio no son hechos aislados. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos crímenes suelen estar precedidos por un contexto de deshumanización y discriminación hacia las personas LGBTI+ como el que caracteriza la situación en el país. A ello se suma que el Gobierno Nacional ha desmantelado sistemáticamente las políticas públicas que tienen por objeto garantizar y proteger los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+.
