Tras esta sencilla consigna hay profundas exigencias que se fundamentan en principios de derechos humanos. Está el llamamiento a una acción climática rápida por parte de gobiernos y empresas para evitar que sus efectos sobre los derechos humanos sean aún más catastróficos que los que ya estamos presenciando. Está la petición a los países industrializados ricos que más han contribuido a la crisis climática de que incrementen sus esfuerzos y paguen la reparación de algunas de las injusticias que el cambio climático ha agravado. Y está también el recordatorio de que la participación de la gente y los derechos humanos, incluidos los de los pueblos indígenas, deben ocupar un lugar central en la acción climática. La acción en materia climática debe evitar a toda costa las violaciones de derechos humanos y contribuir a hacer una sociedad más equitativa, justa e inclusiva para todas las personas.
Sin embargo, las consideraciones de derechos humanos aún siguen desempeñando un papel marginal en las negociaciones sobre el clima. Los resultados de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25) son otra prueba de ello.
Tras un año de huelgas escolares por el clima y movilizaciones masivas en muchos países del mundo, se esperaba que los Estados actuaran con arreglo a la urgencia que la comunidad científica ha demostrado y que la gente de a pie siente cada vez más. En lugar de eso, la mayoría de los países ricos y otros grandes emisores se han encastillado en consideraciones egoístas y cortas de miras que han impedido un verdadero avance.
Si bien la decisión final de la COP25 ha reconocido la urgencia de reforzar la acción climática, no ha establecido claramente la obligación de que los Estados presenten en 2020 unos planes sobre el clima con objetivos ambiciosos que permitan mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de 1,5 °C. Esto demuestra un total desprecio por los derechos humanos de las personas a las que más afectará la intensificación de los impactos climáticos. Para millones de personas de todo el mundo la formulación y, sobre todo, la aplicación de planes climáticos sólidos significa nada menos que la diferencia entre la vida y la muerte.
Los países ricos son responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero y durante años se han beneficiado de ellas, mientras que la población de los países más pobres es la que sufre la mayoría de los daños causados por la crisis climática. En la cumbre de Madrid tenían la oportunidad de reconocer este desequilibrio histórico y aceptar su deber de pagar la devastación ya causada por los efectos de la crisis climática, tales como ciclones, sequías y aumento del nivel del mar. En lugar de ello, se han opuesto a la movilización de nuevos recursos adicionales para apoyar a las personas afectadas. En la práctica, esto significa volver la espalda a los casi 4 millones de personas que han perdido sus hogares, sus medios de vida o el acceso a los servicios públicos en los dos ciclones que han azotado Mozambique este año, o a las que viven en islas del Pacífico y que necesitan con urgencia ser reubicadas debido al aumento del nivel del mar.
En la misma línea, los Estados participantes fueron incapaces una vez más de llegar a un acuerdo sobre los mecanismos que permiten el comercio de derechos de emisión (también conocido como “comercio de carbono”). Países como Australia, Brasil y China continuaron defendiendo resquicios del sistema que en última instancia habrían socavado los efectos de las medidas de mitigación climática, violando los derechos de quienes corren más peligro frente a los impactos climáticos.
Además, los Estados no se mostraron suficientemente dispuestos a incluir una referencia explícita a las salvaguardias de derechos humanos en las normas del comercio de carbono, lo cual resulta preocupante. Tales salvaguardias son necesarias (y deben acordarse en futuras negociaciones) para garantizar que, antes de aprobar proyectos de mitigación climática, sus consecuencias negativas en materia de derechos humanos pueden evaluarse y abordarse, y que las personas afectadas directamente por los proyectos del mercado del carbono tienen voz en su preparación. Ésta es una gran demanda de los pueblos indígenas, que a menudo han pagado el precio de proyectos climáticos mal concebidos, como presas hidroeléctricas o iniciativas de biogás emprendidos sin su consentimiento libre previo e informado, cuya consecuencia han sido desalojos forzosos, contaminación del agua o daños permanentes a sus derechos culturales.
El resultado de esta última ronda de negociaciones dibuja un panorama desolador. La frustración que sin duda esto creó en la COP25 llevó a las y los observadores de la sociedad civil a emprender una masiva acción directa en el lugar donde se celebraban las negociaciones el 11 de diciembre, iniciativa que se saldó con la decisión sin precedentes de los encargados de seguridad de la ONU de expulsar ese día a más de 300 observadores y observadoras.
Pero la esperanza viene de la gente, como dijo Greta Thumberg en su discurso ante el plenario de la COP. La esperanza viene del hecho de que en todas partes la gente corea con verdadera pasión las consignas que reclaman justicia climática. La esperanza proviene del que cada día aumenta el número de activistas climáticos y estamos cada vez más de acuerdo en nuestras demandas.
En 2020 debemos jugar más fuerte. Tenemos que forjar sólidas coaliciones a nivel nacional para exigir una acción climática con objetivos ambiciosos y respetuosa con los derechos humanos que logre una transición justa para pasar de los combustibles fósiles a energías sostenibles. Tenemos que movilizarnos como nunca antes lo hemos hecho. La lucha más importante del mundo necesita al movimiento popular de masas más poderoso, diverso y unido jamás formado. Ahora que el año acaba, y como propósito para 2020, todos y todas podemos comprometernos o renovar nuestro compromiso con la justicia climática.
