Una visita de investigación al norte de Siria ha revelado una oleada de desplazamientos forzados y demoliciones de casas que constituyen crímenes de guerra por parte de la administración autónoma del Partido Unión Democrática (PYD), partido político kurdo de Siria que controla la zona; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy. La administración autónoma es un aliado fundamental sobre el terreno de la coalición dirigida por Estados Unidos para combatir al grupo armado autodenominado Estado Islámico en Siria.

El informe ‘We had nowhere else to go’: Forced displacement and demolitions in northern Syria revela indicios de abusos alarmantes, incluidos relatos de testigos e imágenes por satélite que detallan el desplazamiento forzado de miles de civiles y la destrucción de pueblos enteros en zonas controladas por la administración autónoma, a menudo como represalia por la presunta vinculación o el apoyo de sus habitantes a los miembros del Estado Islámico u otros grupos armados.

“Al demoler intencionadamente viviendas de civiles, y en algunos casos arrasar e incendiar pueblos enteros, y obligar a sus residentes a desplazarse sin que existan razones militares que lo justifiquen, la administración autónoma está abusando de su autoridad y atentando abiertamente contra el derecho internacional humanitario, en ataques que constituyen crímenes de guerra”, ha manifestado Amnistía Internacional.

“En su lucha contra el Estado Islámico, la administración autónoma parece estar pisoteando los derechos de la población civil atrapada en el medio. Vimos destrucción y desplazamientos masivos que no estaban causados por los enfrentamientos armados. En este informe se pone al descubierto una campaña intencionada y coordinada de castigo colectivo a la población civil en pueblos que anteriormente estaban en manos del Estado Islámico, o en los que una reducida minoría era sospechosa de apoyar al grupo.”

Algunos civiles dijeron que los habían amenazado con ataques aéreos de la coalición dirigida por Estados Unidos si no se marchaban.



El equipo investigador de Amnistía Internacional visitó 14 pueblos y ciudades de las gobernaciones de Al Hasakeh y Al Raqqa en julio y agosto de 2015, para investigar el desplazamiento forzoso de residentes y la demolición de viviendas en zonas controladas por la administración autónoma.

Las imágenes por satélite que ha obtenido Amnistía Internacional ilustran las proporciones de las demoliciones en el pueblo de Husseiniya, zona rural próxima a Tel Hamees. En ellas se ven 225 edificios que estaban en pie en junio de 2014 y de los que sólo quedaban 14 en junio de 2015: una escalofriante reducción del 93,8 por ciento.



En febrero de 2015, el brazo militar de la administración autónoma –Unidades de Protección Popular (YPG)– tomó el control de la zona, hasta entonces dominada por el Estado Islámico, y puso en marcha las demoliciones, obligando a los residentes a desplazarse. El equipo investigador que visitó Husseiniya vio ruinas de casas destruidas y entrevistó a testigos presenciales.

“Nos obligaron a salir de nuestras casas y empezaron a incendiarlas [...] Trajeron las excavadoras [...] Fueron demoliendo todas las casas hasta que el pueblo quedó completamente destruido”, contó un testigo.



En pueblos situados al sur de la localidad de Suluk, algunos residentes dijeron que los combatientes de las Unidades de Protección Popular los habían acusado de apoyar al Estado Islámico y habían amenazado con dispararles si no se marchaban. Aunque en algunos casos los residentes admitieron que había algún que otro simpatizante del Estado Islámico en su pueblo, la mayoría de la población no apoyaba al grupo.

En otros casos, los residentes afirmaron que los combatientes de las Unidades de Protección Popular les habían ordenado marcharse amenazándolos con ataques aéreos de la coalición dirigida por Estados Unidos si no obedecían la orden.

“Nos dijeron que teníamos que irnos o le dirían a la coalición de Estados Unidos que éramos terroristas y sus aviones atacarían a nuestras familias”, explicó Safwan, un residente.

Las Unidades de Protección Popular han justificado el desplazamiento forzoso de civiles afirmando que era necesario por su propia protección o que obedecía a una necesidad militar.

“Es imprescindible que la coalición liderada por Estados Unidos que lucha contra el Estado Islámico en Siria y en otros Estados apoye a la administración autónoma, o se coordine con ella militarmente, para que no se pasen por alto tales abusos. Deben pronunciarse públicamente condenando el desplazamiento forzado y las demoliciones ilegales, y garantizar que su ayuda militar no contribuye a la comisión de violaciones del derecho internacional humanitario”, ha afirmado la organización.

En un ataque especialmente virulento, los combatientes de las Unidades de Protección Popular derramaron gasolina sobre una vivienda y amenazaron con prenderle fuego cuando sus habitantes todavía estaban en el interior.

“Empezaron a derramar combustible en la casa de mis suegros. Mi suegra estaba allí y se negaba a irse, así que lo derramaron sin más a su alrededor [...] Encontraron a mi suegro y empezaron a golpearle las manos [...] Yo dije: 'Aunque me queméis la casa, traeré una tienda de campaña y la clavaré ahí. Éste es mi sitio. Y pienso quedarme en él'”, dijo Bassma.

Aunque la mayoría de los residentes afectados por tales prácticas ilegales son árabes y turcomanos, en algunos casos, por ejemplo en la localidad mixta de Suluk, las Unidades de Protección Popular y la fuerza policial de la administración autónoma, Asayish, han impedido también a la población kurda regresar a sus hogares. En otros lugares, por ejemplo en el pueblo de Abdi Koy, un reducido número de residentes kurdos también se ha visto desplazado a la fuerza por las Unidades de Protección Popular.

En una entrevista con Amnistía Internacional, el director de la Asayish reconoció el desplazamiento forzado de civiles, pero le quitó importancia asegurando que eran “casos aislados”. El portavoz de las Unidades de Protección Popular reiteró el argumento de que la población civil estaba siendo desplazada por su propia seguridad. Sin embargo, muchos residentes contaron que los habían obligado a marcharse cuando en sus pueblos no había enfrentamientos, o cuando estaban lejos de la línea de frente y no había peligro de que estallaran dispositivos explosivos improvisados colocados por el Estado Islámico. El desplazamiento forzado de civiles sin que exista una necesidad militar imperiosa constituye una violación del derecho internacional humanitario.

“La administración autónoma debe poner fin de inmediato a la demolición de viviendas civiles, indemnizar a todos los civiles cuya casa ha sido destruida ilegalmente, terminar con los desplazamientos forzosos ilegales y permitir que regrese la población civil y reconstruya sus casas”, ha dicho AI.