Por Astrid Valencia y Josefina Salomon

Este domingo, miles de personas nicaragüenses serán convocadas para votar quién debe gobernar su país en crisis. Pero que no lo confundan los discursos públicos de los pocos candidatos políticos que aún se están postulando para la presidencia. El concepto de “elegir” es más una ilusión que una realidad para la mayoría en este rincón de Centroamérica. A medida que se siguen imponiendo estrictas restricciones a los derechos humanos básicos, como expresar una opinión disidente o incluso organizarse para visibilizar los abusos cometidos por las autoridades, se establecen las condiciones para un nuevo periodo de represión.

Durante los últimos cuatro años, Amnistía Internacional, en conjunto con organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales, ha documentado el deterioro rápido y sistemático de los derechos humanos en Nicaragua.

Desde 2018, cuando autoridades respondieron a manifestaciones en contra de las reformas propuestas al sistema de seguridad nacional con fuerza generalizada, e incluso en momentos, letal, más de 300 personas perdieron la vida y miles más han sido heridas. Decenas de personas que se unieron a las protestas o expresaron una visión crítica sobre gobierno fueron encarceladas, la mayoría con acusaciones falsas por parte de un poder judicial que ha sido cooptado durante mucho tiempo por el poder ejecutivo, encabezado por Daniel Ortega.

La represión en las calles ha sido tan brutal que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Nicaragua, establecido bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que las autoridades de Nicaragua se involucrado en conductas que, según el derecho internacional, debían ser consideradas crímenes de lesa humanidad.

Durante los meses siguientes, la represión estatal se hizo más generalizada y brutal a medida que las protestas crecían y se extendían por todo el país. Ningún funcionario ha sido declarado legalmente responsable por las muertes de manifestantes pacíficos.

Lo que siguió fue la trama de un thriller de terror. Durante semanas y meses, fuerzas gubernamentales fueron más allá de las calles para detener cualquier forma de disidencia. Activistas, abogados, políticos e incluso periodistas considerados "demasiado críticos" de las políticas de Ortega fueron perseguidos, interrogados y detenidos bajo acusaciones falsas. Se cerraron medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos fueron despojadas de sus registros legales. A muchos no les quedó más remedio que abandonar el país.

Luego vino la pandemia, que solo agregó más calor al fuego. Familiares de activistas políticos que languidecían injustamente en prisión nos contaron las terribles condiciones de sus detenciones. Las cosas empeoraron para las mujeres y las personas LGBTI +, sobre todo para las mujeres trans.

Cada vez que pensábamos que las cosas no se podían poner peor, una llamada o un mensaje llegaban con terribles noticias.

Cuando el reloj electoral comenzó a correr sobre Ortega, su máquina represiva se aceleró aún más. En algún punto del camino, los derechos humanos se convirtieron en rehenes de la ambición política en Nicaragua.

En octubre de 2020, la Asamblea Nacional controlada por el gobierno aprobó una ley que limita severamente la capacidad de las organizaciones de derechos humanos de donaciones del extranjero, que en muchos casos es su único salvavidas. Otra ley restringe despiadadamente la libertad de expresión. Unos meses más tarde, en diciembre, se aprobó una tercera pieza de legislación destinada a limitar voces disidentes de correr en las elecciones.

Entre julio y agosto de 2021, autoridades han cerrado 45 organizaciones no gubernamentales. Muchas de ellas críticas sobre la manera en la que Ortega lidera Nicaragua.

Eso no es todo. Desde mayo, 39 personas identificadas como oposición, incluidos siete aspirantes a la presidencia, fueron arrestadas injustificadamente, algunas fueron desaparecidas, detenidas en secreto, durante meses antes de que se les permitieran ponerse en contacto con un abogado o sus familiares. Urnas Abiertas, un observatorio ciudadano que documenta condiciones políticas y derechos humanos durante las elecciones, documentó más de 1,500 casos de violencia relacionada con las elecciones entre octubre de 2020 y septiembre de 2021.

Entonces, mientras Daniel Ortega les dice a sus seguidores historias de prosperidad y unidad, el costo de su fantasía recae sobre aquellos castigados por criticar a las autoridades y salirse de la línea.

Las elecciones del domingo son solo un punto de la monumental crisis en la que Nicaragua se encuentra estancada.

Cuando el espacio cívico de un país se reduce tanto que se vuelve casi invisible, la oportunidad de debate se desvanece por completo. Sin discusión ni opinión libre, los derechos humanos se convierten en nada más que palabras vacías. Un país se convierte en una prisión.

Astrid Valencia es investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional. Josefina Salomon es una periodista independiente.