El Tribunal Supremo británico resolvió que Julian Assange no podrá apelar a la sentencia que autorizaba su extradición a Estados Unidos para ser juzgado en ese país por espionaje, luego de haber difundir información clasificada a través del cable WikiLeaks en 2010. Tras el fallo de la justicia, la causa ahora queda a cargo de la ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, que es quien deberá decidir si confirma la solicitud de extradición antes del 18 de mayo.
“Publicar información de interés público es un pilar de la libertad de prensa. La decisión de la justicia británica de conceder la extradición de Assange lo pone riesgo real de sufrir graves abusos como tortura y otros malos tratos. Además, envía un mensaje de disciplinamiento hacia el periodismo y sentaría un precedente que amenaza a la libertad de prensa en todo el mundo”, manifestó la directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
Antecedentes del caso
En diciembre de 2021, el Tribunal Superior del Reino Unido aceptó una apelación de Estados Unidos y decidió que el periodista y editor podría ser extraditado a ese país. Lo hicieron tras aceptar ciertas "garantías diplomáticas" que la defensa de Assange denuncia que no son creíbles. El gobierno norteamericano aseguró que no estaría detenido en una cárcel de máxima seguridad ni “sujeto a medidas administrativas especiales” que pueden incluir reclusión prolongada en régimen de aislamiento, pero se reserva el derecho de revocar esas garantías. En marzo de este año, el Tribunal Supremo le negó a Assange la posibilidad de presentar recursos para apelar ante la decisión del Tribunal Superior.
En este contexto, Amnistía Internacional indicó que si el Reino Unido permite que otro país ejerza la jurisdicción penal extraterritorial para juzgar a una persona que publica material clasificado que es de interés público, otros gobiernos podrían usar el mismo mecanismo legal para perseguir y encarcelar a periodistas; y silenciar a la prensa más allá de las fronteras de su propio país.
El confinamiento prolongado solitario es algo frecuente en las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos. Este tipo de reclusión constituye tortura y malos tratos, prohibidos por el derecho internacional. Las garantías de un trato justo que ofrece Estados Unidos en el caso Assange están plagadas de irregularidades y podrían ser revocadas en cualquier momento. El gobierno británico tiene la obligación y la responsabilidad de proteger los derechos humanos y no debe extraditar a Assange a un lugar donde su vida o su seguridad corren peligro.
