La negación casi obsesiva de las autoridades venezolanas de que la emergencia económica implica una crisis humanitaria en el país, su falta de autocrítica y su empeño por no solicitar ayuda internacional están poniendo las vidas y derechos de millones de personas en alto riesgo, señaló Amnistía Internacional al finalizar su visita especial a Venezuela con el objetivo de analizar la situación derechos humanos.

La delegación de Amnistía Internacional habló con autoridades públicas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, abogados y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos en Caracas, Guarenas y en el estado Táchira en la frontera con Colombia. Muchas personas hablaron de la falta crónica de productos alimenticios esenciales y medicamentos mientras el país enfrenta una de las peores crisis económicas en décadas.

Es tiempo de terminar con la política mezquina. El gobierno del Presidente Maduro, la oposición, empresarios, gremios y la comunidad internacional deben participar de manera urgente de un diálogo para identificar e implementar mecanismos innovadores, eficaces y no discriminatorios para llevar ayuda vital a las millones de personas que la necesitan.



Desabastecimiento de alimentos

La escasez de alimentos y otros productos básicos aumentó en todo el país en los últimos meses.

En un intento por mitigar la alta tasa de inflación, el gobierno mantiene un sistema de precios “regulados” para un número de productos básicos incluyendo harina, arroz, pasta, aceite y papel higiénico, entre otros. Estos productos son vendidos a precios considerablemente más bajos en negocios privados y supermercados estatales. A la gente se le permite comprar una vez por semana, de acuerdo a su número de identificación nacional.

Sin embargo, decenas de personas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que los productos a precios regulados muchas veces no están disponibles, forzándolos a buscarlos en el mercado negro, a precios prohibitivos.

El sueldo local promedio es de aproximadamente entre 30 y 60 dólares por mes (dependiendo en la tasa de cambio que se utilice). Un kilo de harina se vende en el mercado no-regulado en aproximadamente 2 dólares, un litro de leche casi 2 y un kilo de pasta unos 3,50. El azúcar y los productos de higiene son muy difíciles de conseguir.

Cientos de personas son forzadas a hacer filas frente a los supermercados desde la madrugada para asegurar que pueden acceder a los productos, aunque nunca saben qué estará disponible.

Doctores en hospitales públicos en Guarenas y San Cristóbal comentaron a Amnistía Internacional que han visto un aumento en casos de desnutrición, pérdida de peso y estrés agudo causado por la falta de alimentos. Además, es muy grave el desabastecimiento de medicamentos.



Mal uso del Sistema de Justicia

Venezuela es hogar de algunas de las ciudades más violentas del mundo – el promedio de homicidios es de 58 por 100,000 habitantes de acuerdo a cifras oficiales. Grupos locales, incluyendo el Observatorio Venezolano de Violencia, dicen que el número es mucho más alto, 91 por 100,000.

La proliferación de armas ilícitas solo hace que el problema sea peor.

En este contexto, el sistema judicial de Venezuela ha sido culpado por ser incapaz de abordar el tema del crimen y enfocar sus recursos en criminalizar a aquellos que se atreven a levantar la voz contra las políticas del gobierno.

El sistema judicial ha sido muy cuestionado por su falta de independencia e imparcialidad – los jueces, por ejemplo no tienen puestos permanentes y pueden ser removidos en cualquier momento por las autoridades, lo que socava la función fundamental que debe desempeñar.

Las protestas anti gubernamentales a lo largo del país en 2014 terminaron en enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden público – dejando un saldo de 43 personas muertas, cientos de heridos y decenas de personas encarceladas. Hasta el momento solo se han abierto dos investigaciones penales.

Los abogados que representan a muchos de los activistas encarcelados dijeron que a dos años de sus arrestos, muchos continúan sufriendo tras las rejas, encarcelados junto a criminales violentos y sin haber sido sentenciados. En algunos casos, los abogados de los activistas y sus familiares han sido hostigados e intimidados en un intento por detener su trabajo.


Un urgente llamado de atención

El gobierno de Maduro y la Asamblea Nacional deben entablar un diálogo inmediatamente para buscar formas efectivas de abordar las necesidades urgentes de todas las personas en Venezuela.

Las autoridades deben reconocer y respetar la legítima labor de quienes defienden los derechos humanos, abogados y periodistas y promover los mecanismos para protegerlos de forma efectiva y asegurar que pueden desempeñar su labor en un ambiente seguro.