Las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) viven con miedo en Honduras.
Frecuentemente enfrentan ataques, estigmatización y discriminación, con base en su orientación sexual (por quién siente atracción) y/o su identidad de género (cómo se define una persona, al margen de su sexo biológico), hasta el punto de verse obligada de huir de su país.
En las últimas semanas, diputados en Honduras han propuesto someter a consulta popular el derecho de las parejas del mismo sexo de casarse. La Constitución hondureña prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo.
En el contexto actual, dominado por la violencia y la discriminación, la consulta no parece ser el mecanismo idóneo para proteger los derechos humanos de las personas LGBTI en Honduras. Al contrario, abre un camino peligroso hacia la profundización de la discriminación que ha prevalecido hasta ahora.
La legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo no es asunto de otorgar un favor o privilegio a un grupo de personas, sino que deriva de la idea de que todas las personas tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Es una obligación de los Estados velar por que ninguna ley o práctica tenga un efecto discriminatorio contra una persona o un grupo de personas, lo cual puede implicar modificar o derogar normas que no se ajustan a los estándares internacionales.
Hace un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género y destacó que la falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las personas LGBTI no puede ser un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos.
A la fecha, 25 países en el mundo reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluyendo países de la región como Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, y varios Estados de México. En agosto de este año, la Sala de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, máximo tribunal en el país, también declaró inconstitucionales las normas que impedían reconocer el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo.
En sus observaciones recientes al gobierno hondureño, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al Estado hondureño asegurar el pleno reconocimiento de la igualdad de las parejas del mismo sexo. No debería de haber discusión sobre si unas personas tienen derechos y otras no. Las autoridades hondureñas deben actuar sin más dilación para garantizar el pleno respeto de los derechos de todas las personas en el país sin distinción, empezando por reformar aquellas normas y prácticas que día a día discriminan contra las personas LGBTI.
