La impunidad de los crímenes cometidos durante las manifestaciones abre la puerta a más violencia


 

 

 

Las protestas de 2014 dejaron 43 muertos, cientos de torturados y 3.351 detenidos


 

2015-03-24_Venezuela_La impunidad de los crímenes cometidos durante las manifestaciones abre la puerta a más violencia

 

Venezuela no sancionó a los responsables de la muerte de 43 personas y de las heridas y las torturas sufridas por cientos más durante las protestas de 2014, lo que equivale a dar vía libre a más abusos y actos de violencia, dice Amnistía Internacional en el nuevo informe que hoy publica la organización.

Los rostros de la impunidad. A un año de las protestas, las víctimas aún esperan justicia ,examina las historias de las personas que murieron o fueron detenidas arbitrariamente y luego torturadas en el transcurso y después de las protestas que sacudieron el país entre febrero y julio de 2014. Entre los muertos y heridos había manifestantes, personas que simplemente pasaban por la zona y miembros de las fuerzas de seguridad. Algunas personas aún siguen detenidas en espera de juicio.

Durante las protestas se detuvieron 3.351 personas, en muchos casos arbitrariamente. La mayoría quedaron en plena libertad, se presentaron cargos contra 1.404, y 25 siguen detenidas en espera de juicio.

“En Venezuela, la gente debe poder protestar pacíficamente sin miedo a perder la vida o a que la detengan ilegalmente. Cada día que pasa sin que se aborden los abusos contra los derechos humanos perpetrados durante las protestas es otro día de desgarradora injusticia para las víctimas y sus familias. Es preciso poner fin a esta situación”, dijo Amnistía Internacional.

La organización tuvo acceso a los expedientes de cinco personas detenidas con cargos, y concluyó que su detención había sido arbitraria. Actualmente dos de estas personas están en libertad en espera de juicio.

Según los indicios, miembros de la policía permitieron a grupos armados pro gobierno que cometieran abusos contra manifestantes y personas que pasaban por los lugares de las protesta, e incluso que entraran ilegalmente en viviendas portando armas de fuego.

Guillermo Sánchez falleció después de que un grupo de civiles armados pro gobierno le golpearan y dispararan en La Isabelica (ciudad de Valencia, estado Carabobo), en marzo de 2014. Su esposa Ghina y sus dos hijos tuvieron que huir del país tras recibir amenazas de muerte por exigir justicia, y siguen esperando que quienes mataron a Guillermo sean identificados y procesados.

Los familiares de otras víctimas y sus abogados también denunciaron haber sido hostigados por sus campañas para conseguir justicia. Defensores y defensoras de los derechos humanos que han denunciado graves abusos también han sido objeto de ataques.

Después de las protestas ha continuado el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y detenciones arbitrarias. En las últimas semanas se ha producido la detención en dudosas circunstancias del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma (el 19 de febrero), y la muerte de un joven de 14 años a manos de la policía en Táchira (el 24 de febrero).

En lugar de resolver estos problemas, a finales de enero de 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emitió una resolución que permite la actuación de todos los componentes de las fuerzas armadas en el control del orden público, incluidas las protestas públicas, facultándolas además para el uso de armas de fuego en tales circunstancias.

“El uso innecesario o desproporcionado de la fuerza es precisamente lo que exacerbó la oleada de acontecimientos trágicos del año pasado”, dijo Amnistía Internacional.

 

Personas muertas y heridas durante las protestas 

El informe de Amnistía Internacional documenta los sucesos de febrero de 2014, cuando miles de manifestantes contra el gobierno tomaron las calles, murieron 43 personas –entre ellas ocho funcionarios encargados de hacer cumplir la ley– y resultaron heridas otras 878, incluidos casi 300 efectivos de las fuerzas de seguridad. El informe recopila el testimonio de víctimas con pruebas fotográficas, estableciendo que las fuerzas de seguridad golpearon, torturaron e incluso dispararon con fuego real a los manifestantes. En decenas de casos, personas detenidas fueron sometidas a tortura y otros malos tratos –golpes, quemaduras, agresiones sexuales, asfixia, descargas eléctricas y amenazas de muerte– mientras estaban detenidas.

 

Para consultar el informe completo pueden ingresar en el siguiente link

 

 

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