En la Argentina estamos viviendo un momento histórico, un punto de inflexión en la senda de los Derechos Humanos de las mujeres. Si bien las mujeres argentinas gozamos de un plexo normativo que puede considerarse de avanzada en América Latina, más allá de su eficacia y efectividad, lo cierto es que hasta hoy la penalización del aborto (Art. 86 Código Penal de La Nación) constituye una violación flagrante a una pléyade de derechos que nos pertenecen y que están consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos que integran el bloque de constitucionalidad, como ser el derecho a la libertad, la igualdad, la autonomía, la no discriminación, la salud pública, la planificación familiar, etc.
Hace décadas que las mujeres en la Argentina luchamos por romper el núcleo duro que trata de decidir sobre nuestro destino y proyecto de vida. Un sector de la sociedad y del Estado ejerce poder sobre la vida y autonomía de las mujeres, sin precisar lo ilegítimo e inmoral de su posición, transformando conductas legítimas (como son las relaciones sexuales) en eventuales actos delictivos. No comprenden que cuando se amplía la plataforma de Derechos (como la despenalización y legalización del aborto), no se obliga a nadie a ejercerlos; las creencias y la conciencia de cada uno lo habilitarán a invocarlos o no. En este sentido, mantener la situación actual implica imponer creencias a un sector amplísimo de la sociedad, inmiscuyéndose el Estado en la vida privada de las personas gestantes.
La actitud de los sectores antiderechos, que se autodenominan “pro vida”, ejercen autoritariamente restricciones a la vida y destino de la mayoría de las mujeres de nuestro país. Las inhiben de gozar Derechos Humanos que se relacionan sustancialmente con lo más íntimo, privado y profundo de su personalidad: su libertad sexual, la planificación familiar, cuándo, cómo y con quién tener hijos. Lo dramático es que estas posiciones se invocan sin el mínimo e indispensable sustento que brindan las ciencias biológicas y jurídicas. Han pretendido, perniciosamente, igualar en todos los aspectos y derechos al embrión y/o feto con la mujer, y ponderar al embrión con la vida de la mujer, quien corpóreamente existe y que es persona moral y jurídica. En sus exposiciones, han exhibido videos, que en realidad son partos prematuros y no abortos, se falsean estadísticas y se invocan técnicas que no existen ni se practican en nuestro país, con el único fin de engañar a la sociedad.
Asimismo, invocan equivocadamente Tratados de Derechos Humanos, en especial el Pacto de San José de Costa Rica, en cuanto a lo referido al derecho a la persona desde su concepción. La debida interpretación de dicho artículo, de acuerdo a lo que señala el mismo pacto y la historia del desarrollo de la aprobación de La Convención, nos lleva a la convicción de que su redacción, fue para proteger las normas que ya respetaban las interrupciones que se llevaban adelante en América Latina. Incluso, no debemos olvidar que el Comité de los Derechos del Niño de UNICEF y el Comité de la CEDAW, han llamado en reiteradas oportunidades al Estado Argentino a proteger y poner a disposición de adolescente y mujeres de cualquier edad, los medios legales y de todo tipo que contribuyan a no permitir embarazos forzados, y que se modifiquen las leyes sobre aborto.
El proyecto de ley de IVE es un avance enorme en el reconocimiento de la autonomía de la mujer. Recepta las bases de la bioética, que parten del reconocimiento expreso de la dignidad humana como principio fundante. Saca totalmente del ámbito delictual el aborto realizado con consentimiento hasta la semana 14 inclusive. Mantiene la no penalización cuando median causales tales como violación o riesgo de vida de la mujer, e incorpora institutos como el consentimiento informado y el derecho de las adolescentes a requerir la atención médica aun sin la asistencia de un mayor de edad (entendiendo que es una obligación bioética el acoger en el sistema de salud a toda persona que, seguramente, frente al rechazo opte por las peores soluciones). Así como también incluye el deber de prevención, información y acompañamiento por parte del servicio de salud. En el marco de una sociedad pluralista, ni la bioética ni el derecho pueden estar subordinados a “una moral”.
Después de décadas de lucha por la despenalización y legalización del aborto, encabezada fundamentalmente por las integrantes de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” que en estos últimos años ha reclamado la sanción de leyes en tal sentido, presentando en siete oportunidades proyectos de ley, se ha logrado finalmente el debate y la media sanción en la Cámara de Diputados de La Nación Argentina, mientras que un millón de personas sin distinción de género ni edad se manifestaban en las calles de la ciudad. Así, y siguiendo nuestro procedimiento legislativo, el proyecto se encuentra siendo analizado en la Cámara Nacional de Senadores para su votación el día 8 del corriente mes. Ese día, seremos dos millones en las calles de Buenos Aires, acompañando y reclamando la aprobación de una ley que las mujeres de Argentina merecemos.
En tal sentido, la aprobación de ésta ley, que ya cuenta con media sanción legislativa, se traduciría en beneficios a la salud y calidad de vida de miles y miles de niñas, adolescentes y mujeres. No debemos tener miedos cuando las cuestiones que se debaten significan una ampliación de derechos, que nos conduzcan a gozar de plena igualdad en las leyes y en la vida.
