El 1 de enero de 2016 se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo. Sin embargo, en lugar de proteger la vida de las mujeres, las expone a un mayor riesgo al dificultarles todavía más someterse a un aborto. Esta es la historia de Nicola.
Nicola estaba embarazada de 19 semanas cuando una prueba rutinaria mostró que el feto no sobreviviría. Fue una noticia desoladora. Pero las cosas estaban a punto de empeorar aún más.
“Fui tan ingenua”, afirma Nicola. “Inmediatamente pensé que me provocarían el parto, pero la enfermera me dijo que no podían hacerlo porque se consideraría una interrupción del embarazo y [que eso] no estaba permitido en este país”. En vez de ello, obligaron a Nicola a esperar y a continuar con el embarazo hasta que los médicos pudieran afirmar categóricamente que el corazón del feto había dejado de latir.
En Irlanda, una mujer sólo puede acceder a un aborto legal cuando existe un “riesgo real y sustancial” para su vida. La interrupción del embarazo en cualquier otro caso —incluidos en los casos de violación o incesto, riesgo para la salud de la mujer o la niña y malformación mortal del feto— está prohibida.
La protección que brinda la Constitución de Irlanda al feto está en el epicentro de esta confusión y este trauma. La “octava enmienda” a la Constitución se aprobó en 1983. A pesar de que actualmente la abrumadora mayoría de la ciudadanía irlandesa pide la despenalización del aborto, el gobierno ha rechazado celebrar un referéndum sobre la derogación de la octava enmienda.
Injustificable
El personal médico debe cumplir la ley al pie de la letra —de lo contrario se enfrentan a hasta 14 años de prisión— incluso cuando opinan que el aborto respondería al interés superior de sus pacientes. A consecuencia de ello, se obliga a muchas mujeres como Nicola a sufrir un arbitrario e injustificable calvario.
“Recuerdo pensar ‘no se puede seguir con el embarazo si el bebé va a morir, si está enfermo. No puedo hacerlo.’ Simplemente no podía entenderlo,” recuerda Nicola.
“Cada año, aproximadamente 4.000 mujeres y niñas irlandesas viajan a otro país para abortar. Como no podía costearse el caro y traumático viaje, Nicola no tuvo más opción que continuar con su embarazo a merced de la inhumana legislación irlandesa sobre el aborto.
“Cumplí con lo que se hace en Irlanda. [Si] una mujer toma la decisión de seguir adelante con su embarazo —de no interrumpirlo, como ellos dicen—, seguramente reciba apoyo. No tuve ningún tipo de apoyo, nada.
“Podían haberme evitado todo este trauma.”
Nicola acudía semanalmente al hospital para que la examinaran. “La mayoría de las mujeres se somete a pruebas para asegurarse de que el bebé está vivo. Yo me hacía una prueba para ver si mi bebé había muerto”.
Finalmente, cinco semanas después, el personal médico confirmó que el corazón del feto no latía y que podían inducirle el aborto legalmente. Sin embargo, a consecuencia del proceso y debido a complicaciones, Nicola sufrió una infección y tuvo que permanecer en el hospital.
“Creo firmemente que si me hubieran inducido el aborto desde el principio, podían haberme evitado todo este trauma,” sostiene. “Cuando pienso en ello, siento un vacío, no recibí ningún cuidado.
Estás sola desde que te dan el diagnóstico hasta que el corazón del bebé se detiene. Entre esos dos momentos, sólo hay un vacío”.
Una mujer que quiere abortar es una mujer que intenta conseguir la atención médica que necesita. #noesunadelincuente. Pide a Irlanda que cambie su legislación sobre el aborto. Firma hoy mismo nuestro petitorio
“Mi cuerpo mis derechos” es la campaña global de Amnistía en favor de los derechos sexuales y reproductivos.
