Ahora “Vicky” lucha para que una prueba ADN demuestre el delito, con la esperanza de obtener una sentencia condenatoria contra su padre biológico. Sin embargo, la policía dice que la ley no la reconoce como víctima.
Esta escalofriante historia es solo una de las muchas historias que muestran las dificultades que tienen las sobrevivientes de violencia sexual en su lucha, a menudo infructuosa, para que se haga justicia.
Cuando se leen los titulares sobre casos de violación en Inglaterra del año pasado, es difícil no pensar que la justicia es una quimera para las sobrevivientes. El informe anual de la Fiscalía General de la Corona del año pasado mostraba una disminución del 23% de los enjuiciamientos por violación. Y la semana pasada, un nuevo análisis de las estadísticas más recientes sobre delitos reveló que solo el 5% de los casos de violación desemboca en el procesamiento o la citación de un sospechoso. Eso representa uno de cada 65 casos.
Las cifras son aún más preocupantes en el contexto del número cada vez mayor de víctimas que denuncian: en los últimos cuatro años, la cifra de denuncias de violación que tramita anualmente la policía en Inglaterra y Gales aumentó un 61%, de 35.847 a 57.882.
El informe de la oficina para la delincuencia y la policía de la alcaldía de Londres, publicado la semana pasada, se suma a este sombrío panorama. Este informe es el análisis más detallado de las violaciones denunciadas en la capital hasta ahora: estudia 501 denuncias de violación presentadas a la policía en Londres en abril de 2016, analizando las razones de la atrición en las violaciones, es decir, de la diferencia entre el número de casos denunciados y el de casos que terminan en enjuiciamiento y sentencia condenatoria.
La policía solo remitió a la Fiscalía General de la Corona el 9% de los casos denunciados para que tomara la decisión de presentar o no cargos: el 6% fue a juicio y un mero 3% desembocó en una sentencia condenatoria. Desde que se hacía la denuncia hasta que se dictaba la sentencia condenatoria, el proceso duraba una media de 18 meses. A pesar de que Reino Unido es uno de los solo nueve países de Europa que cuentan con una legislación sobre violación compatible con los derechos humanos, basada en el consentimiento y no en la fuerza o la coacción, este sombrío panorama parece realmente difícil de cambiar.
La policía consideró que en alrededor de un tercio de los casos denunciados en Londres no hacían falta nuevas actuaciones. Casi el 60% de los casos se cerraron porque la víctima había retirado la denuncia. Esto no se debe a que las víctimas hagan acusaciones a la ligera —mito difícil de erradicar a pesar de que las denuncias de violación falsas representan solo el 0,62% de los casos enjuiciados—, sino a que el sistema de justicia es causa de más traumas y no de curación.
En mayo, Bonny Turner renunció a su derecho al anonimato para denunciar que su caso se había cerrado porque la policía había descubierto su descarga de una aplicación de contactos un par de semanas después de denunciar que la había violado un hombre al que conocía. Ese mismo teléfono contenía la prueba de que el hombre había reconocido en un mensaje de Facebook que la había violado. Sin embargo, las autoridades cerraron el caso debido a la “perspectiva poco realista de una declaración de culpabilidad”. Este escrutinio del carácter de la víctima es igual que el argumento, basado en un mito, de que esta “llevaba un tanga de redecilla”, que se usa una y otra vez para desacreditar a una mujer.
Big Brother Watch denunció que es habitual pedir a la víctima que entregue su celular a la policía si quiere que su caso siga adelante. Puede que la tecnología sea nueva, pero los estereotipos patriarcales son los de siempre.
Queda muchísimo por hacer en Reino Unido para cambiar actitudes y garantizar que la opinión pública sobre la violación esté a la altura de la ley, ya que una encuesta realizada en toda la UE concluyó que más de 1 de cada 10 personas en Reino Unido cree que estar borracha o drogada podría ser una excusa para sufrir violencia sexual. La violación no tiene que ver con el sexo, sino con el poder.
La ley sobre la violación de Reino Unido se basa en el consentimiento: si no hay consentimiento, es violación. También exige que se verifique el consentimiento. Es enormemente preocupante que, a pesar de la existencia de una base tan clara para la legislación, cuando se denuncia una violación, lo que parece someterse a escrutinio sea el carácter de la denunciante. Las leyes sobre el consentimiento tienen el poder de generar un cambio normativo, educar sobre la cultura del consentimiento y prevenir la violación a largo plazo. Pero, como muestra el caso de Reino Unido, las leyes solas no erradicarán la violación ni garantizarán el acceso a la justicia a las sobrevivientes. Las leyes tienen que ir acompañadas de una formación continua adecuada para policías, fiscales y profesionales del derecho sobre aspectos como los mitos y las ideas preconcebidas sobre la violación; de educación sobre relaciones y sexualidad, de apoyo a las víctimas y de salvaguardias que reduzcan el trauma secundario.
La justicia penal tampoco es la vía perfecta ni la única para curar el trauma de la violación, y debemos recordar que, de hecho, no está disponible ni es accesible para muchas víctimas: las indocumentadas o las que están muy estigmatizadas, como las trabajadoras sexuales, afrontan aún más obstáculos. Tampoco es fácil acceder al apoyo adecuado: el año pasado, 6.355 víctimas trataron de acceder a centros de ayuda para víctimas de violación, pero las listas de espera para ser atendidas eran de entre 3 y 14 meses. En Londres, el informe de esta semana pone de manifiesto que casi un tercio de las víctimas cuyos casos se derivaron a través de internet a un servicio de atención no pudieron acceder a la ayuda especializada debido a la ausencia de servicios disponibles.
La justicia para los casos de violencia sexual nunca es sencilla. Como en el caso de “Vicky”, la violación puede afectar a más de una generación. Cada vez son más las sobrevivientes y activistas que dicen alto y claro que el sexo sin consentimiento constituye violación y que rompen el silencio hablando de sus experiencias.
Preocupa que la Fiscalía General de la Corona parece dedicar más energía a poner en peligro los derechos de las víctimas que a hacer una reforma radical del sistema de justicia penal. El sistema de justicia de Reino Unido no es apropiado para tratar casos de violación. Tiene que estar centrado en la víctima. Tiene que ponerse al día.
Chiara Capraro es responsable del Programa de Derechos Humanos de las Mujeres.
Este artículo fue publicado por primera vez en The Huffingon Post.
