Pero esto no significa que el derecho a la protesta esté a salvo. Por el contrario, es sometido a una amenaza creciente y sin precedentes en todas las regiones del mundo. Cada vez más países sancionan leyes y otras medidas para restringir la libertad del derecho a manifestarse; para criminalizar a quienes reclaman a las autoridades; se habilita el uso indebido de la fuerza; se expande la vigilancia ilegal, tanto masiva como selectiva.
Argentina se suma a los países que buscan criminalizar y restringir el derecho de la sociedad a participar y reclamar a las autoridades.
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Argentina
En nuestro país, la nueva gestión de gobierno a cargo del presidente Javier Milei introdujo propuestas de reforma estructurales a la legislación argentina en sus primeros días de ejercicio, incluida la protesta social.
A través de “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” (resolución 943/2023) y el Proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el Estado se propone calificar todo ejercicio de protesta pacífica como un delito y no como una alternativa de participación, de expresión del disenso. Esto no solo está prohibido y va a contramano tanto de la Constitución como de tratados internacionales, sino que además imprime miedo a todas las personas que tuvieren el interés de denunciar futuras violaciones.
Además, al concebir a la reunión o manifestación como “la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas en un espacio público” lleva al absurdo la intención de perseguir y silenciar al que piensa distinto, contradiciendo las obligaciones constitucionales como internacionales, que el país ha asumido. Se anunció que este artículo sería modificado.
Asimismo, se incluyen medidas como pedir autorización para manifestarse -lo cual excede el requisito de notificación, que está autorizado por el derecho internacional para permitir que las autoridades puedan tomar medidas razonables y oportunas para garantizar que la concentración transcurra sin incidentes-; o el asumir los costos de la protesta –que constituye una herramienta intimidatoria al imponer cargas económicas inesperadas. Esta medida, ya vigente, fue implementada por el gobierno a través de intimaciones para que organizaciones paguen más de 60 millones de pesos argentinos en concepto de “gastos por los operativos de seguridad”.
Click aquí para acceder a más información y análisis sobre el llamado “Protocolo Antipiquetes”
La situación en Europa
En Alemania, más de 1.4 millones de personas se manifestaron este fin de semana contra el racismo y la xenofobia del partido opositor de extrema derecha Alternativa. Lo hicieron ante posibles planes de deportación masiva de inmigrantes.
Justamente, en Francia también hubo manifestaciones contra la nueva Ley Migratoria que incluye restricciones en la reunificación familiar, la regularización de trabajadores sin papeles, o medidas como la imposición de un depósito de garantía a estudiantes extranjeros para poder ser aceptados en universidades francesas. Asimismo, en el mismo país se registraron protestas de agricultores vinculadas a retrocesos impositivos y ambientales que se extendieron a otros países de Europa.
Por otro lado, Irlanda del Norte registró una huelga de 24 horas en reclamo de incremento salarial.
Este es tan solo un recorte de las diversas protestas que se registran alrededor del mundo.
Recomendaciones
Ante las amenazas de limitar el derecho a protestar, la campaña global de Amnistía Internacional “Protect the protest” (Protejamos la protesta), trabaja para denunciar las violaciones de este derecho.
La campaña pide a los gobiernos que protejan a quienes protestan y los exhorta a que eliminen los obstáculos y las restricciones injustificadas para poder ejercer el derecho a la protesta pacífica.
En particular en Argentina, la organización promueve que toda posible regulación de un derecho constitucional, el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, reunión y asociación sea debatida y llevada adelante en un marco de amplia deliberación y participación democrática, que incluya la intervención del Congreso de la Nación, de organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general.
Por lo anterior, Amnistía Internacional propone rechazar la aprobación de la Sección Organización de las Manifestaciones del proyecto de ley "Ómnibus”, que criminaliza la protesta social. Finalmente, pide dar marcha atrás a reformas al código penal que promuevan la criminalización e intimidación de la protesta pacífica.
