Ante la noticia de que la Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado órdenes de detención contra Vladímir Putin, presidente de la Federación Rusa, y Maria Lvova-Belova, comisaria para los Derechos de la Infancia de la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:
“Este anuncio es una importante señal, tanto para Ucrania como para el resto del mundo, de que los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional en Ucrania se enfrentarán a detención y juicio, por muy poderosos que sean.”
“El presidente Putin es ya oficialmente un hombre en busca y captura. Tras el acta de acusación formal del presidente Putin y la comisaria para la Infancia, Lvova-Belova, dictada por la CPI por el crimen de guerra de traslado forzoso de niños y niñas, la comunidad internacional no debe detenerse ante nada hasta que ambos hayan sido arrestados y llevados a juicio.”
“Si el presidente Putin o la señora Lvova-Belova salen de Rusia, los Estados deben negarles refugio seguro llevando a cabo su arresto inmediato y entrega a la CPI.”
“Estas órdenes de detención son un paso impresionante, pero de momento se limitan al crimen de guerra de la deportación ilegal de menores y, por tanto, no reflejan los numerosos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos bajo la responsabilidad de los máximos dirigentes de Rusia. Confiamos en que la CPI y otros actores judiciales emitan más órdenes de detención a medida que la investigación sobre los crímenes de derecho internacional cometidos en Ucrania empiece a dar resultados.”
Información complementaria
En noviembre de 2022, Amnistía Internacional publicó un informe en el que documentaba cómo las fuerzas rusas y sus afines estaban llevando a cabo traslados forzosos y deportaciones de civiles ucranianos, incluidos menores de edad, a Rusia o a zonas ucranianas ocupadas por Rusia. La organización concluyó que tales actos eran equiparables a crímenes de guerra y probables crímenes de lesa humanidad.
Según un comunicado de prensa de la Corte Penal Internacional, existen “motivos razonables para pensar” que “cada uno de los sospechosos tiene responsabilidad penal en el crimen de guerra de deportación ilegal de población” con arreglo al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (crímenes de guerra).
Dado que actualmente hay 123 Estados Partes en el Estatuto de Roma, las órdenes de detención contra Putin y Lvova-Belova son vinculantes en 124 Estados (los 123 más Ucrania, que ha aceptado la jurisdicción de la CPI en su territorio por los crímenes cometidos allí desde 2014).
