• Irán registra la cifra de ejecuciones más alta desde 2017


• A pesar de la regresión, el total de ejecuciones de 2021 representa la segunda cifra más baja que ha registrado Amnistía Internacional desde al menos 2010


• La relajación de las restricciones por COVID-19 se traduce en un mayor número de condenas a muerte registradas


• Se han registrado cerca de 90 condenas a muerte en virtud de la ley marcial en Myanmar

En 2021 tuvo lugar un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte, a raíz de que algunos de los verdugos más prolíficos del mundo volvieran a las andadas y los tribunales se liberaran de las restricciones relacionadas con la COVID-19. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena de muerte.

Se sabe que el año pasado se llevaron a cabo al menos 579 ejecuciones en 18 países, lo que supone un aumento del 20% respecto al total registrado en 2020⁠. Gran parte de este incremento correspondió a Irán, que ejecutó al menos a 314 personas (frente a las 246 de 2020), su mayor número de ejecuciones desde 2017. Esto se debió, en parte, a un notable aumento de las ejecuciones relacionadas con las drogas, lo que supuso una flagrante violación del derecho internacional, que prohíbe el uso de la pena de muerte para delitos distintos a los que impliquen homicidio intencional. Mientras tanto, en Arabia Saudí se duplicó con creces el número de ejecuciones, una sombría tendencia que continuó en 2022 con la ejecución de 81 personas en un mismo día en el mes de marzo.

“Tras el descenso de sus cifras de ejecuciones en 2020, Irán y Arabia Saudí volvieron a incrementar el uso de la pena de muerte durante el año pasado, llegando a violar sin reparos las prohibiciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Su afán por poner a trabajar al verdugo no parece que haya remitido en los primeros meses de 2022”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

PAÍSES QUE LLEVARON A CABO EJECUCIONES EN 2017-2021

A medida que las restricciones de la COVID-19 —que con anterioridad habían retrasado los procesos judiciales— se fueron levantando en muchas partes del mundo, los jueces dictaron al menos 2.052 sentencias a muerte en 56 países, un aumento cercano al 40% respecto a 2020, observándose grandes repuntes en países como Bangladesh (al menos 181,frente al menos 113 en 2020), India (144, frente a 77) y Pakistán (al menos 129 frente al menos 49).

“En lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de Estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia, mostrando un cruel desprecio por el derecho a la vida a pesar de las urgentes y continuas crisis mundiales de derechos humanos”, afirmó Agnès Callamard.

Pese a estos retrocesos, el número total de ejecuciones registradas en 2021 constituye la segunda cifra más baja, después de la de 2020, que Amnistía Internacional ha registrado desde al menos 2010.

Como en años anteriores, los totales globales de condenas a muerte y ejecuciones registradas no incluyen los miles de personas que Amnistía Internacional cree que han sido condenadas a muerte y ejecutadas en China, ni la gran cantidad de ejecuciones que se cree que han tenido lugar en Corea del Norte y Vietnam. El secretismo y el acceso restringido a la información en el caso de estos tres países impidieron llevar a cabo un seguimiento riguroso de estas ejecuciones, mientras que en el caso de otros países, los totales registrados deben considerarse cifras mínimas.

En lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de Estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia, mostrando un cruel desprecio por el derecho a la vida a pesar de las urgentes y continuas crisis mundiales de derechos humanos.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“China, Corea del Norte y Vietnam siguieron ocultando su uso de la pena de muerte bajo capas de secretismo pero, como siempre, lo poco que vimos fue motivo de gran alarma”, señaló Agnès Callamard.

⁠Irán mantiene la pena de muerte preceptiva por posesión de ciertos tipos y cantidades de drogas, y el número de ejecuciones registradas por delitos relacionados con estas sustancias se multiplicó por más de cinco, hasta llegar a 132 en 2021 (frente a las 23 del año anterior). La cifra confirmada de mujeres ejecutadas también aumentó de 9 a 14, mientras que las autoridades iraníes continuaron con su aberrante ataque a los derechos de los niños al ejecutar a tres personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el delito, en contra de sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

Además del incremento en las ejecuciones observado en Arabia Saudí (65 frente a 27 en 2020), con respecto a 2020 se produjeron otros aumentos significativos en Somalia (al menos 21, frente al menos 11), Sudán del Sur (al menos 9, frente al menos 2) y Yemen (al menos 14, frente al menos 5). También llevaron a cabo ejecuciones Bielorrusia (al menos 1), Japón (3) y Emiratos Árabes Unidos (al menos 1), pese a que en 2020 no habían llevado a cabo ninguna.

En comparación con 2020, se registraron aumentos significativos de las condenas a muerte en Egipto (al menos 356, frente al menos 264), Irak (al menos 91, frente al menos 27), Myanmar (al menos 86, frente al menos 1), República Democrática del Congo (al menos 81, frente al menos 20), Vietnam (al menos 119, frente al menos 54) y Yemen (al menos 298, frente al menos 269).

La pena de muerte como instrumento de represión estatal

En 2021, la pena de muerte se utilizó en varios países como instrumento de represión del Estado contra minorías y manifestantes, y los gobiernos mostraron un absoluto desprecio por las salvaguardias y restricciones a la pena capital establecidas en virtud de las normas y el derecho internacional de los derechos humanos.

Se registró un aumento alarmante del uso de la pena de muerte en virtud de la ley marcial en Myanmar, donde los militares transfirieron la autoridad para juzgar causas de civiles a tribunales militares, que llevaron a cabo procedimientos sumarios sin derecho a apelación. Alrededor de 90 personas fueron condenadas a muerte arbitrariamente, en varios casos in absentia, en lo que se interpretó ampliamente como una campaña selectiva contra manifestantes y periodistas.

Las autoridades egipcias siguieron recurriendo a la tortura y a las ejecuciones masivas, a menudo tras juicios injustos ante tribunales de seguridad del Estado para el estado de excepción, mientras que en Irán se utilizaron las condenas a muerte de forma desproporcionada contra personas pertenecientes a minorías étnicas por cargos poco precisos como “enemistad con Dios”. Al menos el 19% de las ejecuciones registradas (61) correspondían a miembros de la minoría étnica baluchi, que constituye apenas alrededor del 5% de la población de Irán.

Entre las víctimas del sistema judicial sumamente defectuoso de Arabia Saudí se encontraba Mustafa al-Darwish, joven saudí de la minoría chií que fue acusado de participar en protestas violentas contra el gobierno. Fue ejecutado el 15 de junio tras un juicio manifiestamente injusto basado en una “confesión” obtenida mediante tortura.

Señales positivas hacia la abolición mundial

A pesar de estos datos alarmantes, a lo largo de 2021 se mantuvieron las señales positivas de una tendencia mundial hacia la abolición. Por segundo año consecutivo, el número de países de los que hay constancia de ejecuciones fue el más bajo desde que Amnistía Internacional comenzó a elaborar sus registros.

En Sierra Leona, el Parlamento aprobó en julio, por unanimidad, una ley que abolía la pena de muerte para todos los delitos, aunque todavía no ha entrado en vigor. En diciembre, Kazajistán aprobó una ley para abolir la pena de muerte para todos los delitos, que entró en vigor en enero de 2022. El gobierno de Papúa Nueva Guinea emprendió una consulta nacional sobre la pena de muerte, que se tradujo en la adopción de un proyecto de ley en enero de 2022, pendiente aún de entrar en vigor. A finales de año, el gobierno de Malasia anunció que presentaría reformas legislativas sobre la pena de muerte en el tercer trimestre de 2022. Y, en la República Centroafricana y Ghana, los legisladores iniciaron procesos legislativos para abolir la pena capital, que siguen en marcha.

En Estados Unidos, Virgina se convirtió en el vigésimo tercer estado abolicionista y el primero del sur en abolir la pena de muerte, mientras que, por tercer año consecutivo, Ohio reprogramó o suspendió todas las ejecuciones previstas. El nuevo gobierno de Estados Unidos también estableció en julio una moratoria temporal de las ejecuciones federales. En 2021 se constató la cifra más baja de ejecuciones en Estados Unidos desde 1988.

La Federación Rusa, Gambia, Kazajistán, Malasia y Tayikistán siguieron aplicando moratorias oficiales de las ejecuciones.

La minoría de países que mantienen la pena de muerte están sobre aviso: no sólo podemos imaginar un mundo sin homicidios autorizados por el Estado, sino que está al alcance de la mano y seguiremos luchando por él.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“La minoría de países que mantienen la pena de muerte están sobre aviso: no sólo podemos imaginar un mundo sin homicidios autorizados por el Estado, sino que está al alcance de la mano y seguiremos luchando por él. Continuaremos denunciando la arbitrariedad, la discriminación y la crueldad inherentes a este castigo hasta que no quede nadie bajo su sombra. Es hora de que el castigo más cruel, inhumano y degradante sea relegado a los libros de historia”, declaró Agnès Callamard.