• Irán registra la cifra de ejecuciones más alta desde 2017


• Arabia Saudita duplicó el número de ejecuciones con respecto a 2020


• Se registraron cerca de 90 condenas a muerte en virtud de la ley marcial en Myanmar


• La relajación de las restricciones por COVID-19 se traducen en un mayor número de condenas a muerte registradas


• Pese a estos retrocesos, el total de ejecuciones de 2021 representa la segunda cifra más baja que ha registrado Amnistía Internacional desde al menos 2010

 

La relajación de las restricciones relacionadas con el COVID-19 fue una de las variables vinculadas al aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte durante el 2021, así lo reveló hoy Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena capital.

El año pasado se llevaron a cabo al menos 579 ejecuciones en 18 países, lo que supone un aumento del 20% respecto al total registrado en 2020⁠. Gran parte de este incremento correspondió a Irán, que ejecutó al menos a 314 personas (frente a las 246 de 2020), su mayor número de ejecuciones desde 2017. Esto se debió, por ejemplo, a un notable aumento de las ejecuciones relacionadas con las drogas, lo que supuso una flagrante violación del derecho internacional que prohíbe el uso de la pena de muerte para delitos distintos a los que impliquen homicidio intencional. Mientras tanto, en Arabia Saudita se duplicó con creces el número de ejecuciones, una sombría tendencia que continuó en 2022 con la ejecución de 81 personas en un mismo día en marzo.

“Tras el descenso de sus cifras de ejecuciones en 2020, Irán y Arabia Saudita volvieron a incrementar el uso de la pena de muerte durante el año pasado, llegando a violar sin reparos las prohibiciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Su afán por poner a trabajar al verdugo no parece que haya remitido en los primeros meses de 2022”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

A medida que las restricciones del COVID-19 —que con anterioridad habían retrasado los procesos judiciales— se fueron levantando en muchas partes del mundo, los jueces dictaron al menos 2.052 sentencias a muerte en 56 países, un aumento cercano al 40% respecto a 2020. Se observaron grandes repuntes en países como Bangladesh (al menos 181, frente al menos 113 en 2020), India (144, frente a 77) y Pakistán (al menos 129 frente al menos 49).

“En vez de aprovechar las tendencias que marcaron una baja en las cifras de ejecuciones durante 2020, algunos Estados demostraron un entusiasmo preocupante por la pena de muerte. De este modo, exponen un cruel desprecio por el derecho a la vida a pesar de las urgentes y continuas crisis mundiales de derechos humanos”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Pese a estos retrocesos, el número total de ejecuciones registradas en 2021 constituye la segunda cifra más baja, después de la de 2020, que Amnistía Internacional ha registrado desde al menos 2010.

Como en años anteriores, los totales globales de condenas a muerte y ejecuciones registradas no incluyen los miles de personas que Amnistía Internacional cree que han sido condenadas a muerte y ejecutadas en China, ni la gran cantidad de ejecuciones que se cree que han tenido lugar en Corea del Norte y Vietnam. El secretismo y el acceso restringido a la información en el caso de estos tres países impidieron llevar a cabo un seguimiento riguroso de estas ejecuciones, mientras que en el caso de otros países, los totales registrados deben considerarse cifras mínimas.

⁠Irán mantiene la pena de muerte preceptiva por posesión de ciertos tipos y cantidades de drogas, y el número de ejecuciones registradas por delitos relacionados con estas sustancias se multiplicó por más de cinco, hasta llegar a 132 en 2021 (frente a las 23 del año anterior). La cifra confirmada de mujeres ejecutadas también aumentó de 9 a 14, mientras que las autoridades iraníes continuaron con su aberrante ataque a los derechos de los niños al ejecutar a tres personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el delito, en contra de sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

Además del incremento en las ejecuciones observado en Arabia Saudita (65 frente a 27 en 2020), con respecto a 2020 se produjeron otros aumentos significativos en Somalia (al menos 21, frente al menos 11), Sudán del Sur (al menos 9, frente al menos 2) y Yemen (al menos 14, frente al menos 5). También llevaron a cabo ejecuciones Bielorrusia (al menos 1), Japón (3) y Emiratos Árabes Unidos (al menos 1), pese a que en 2020 no habían hecho ninguna.

En comparación con 2020, se registraron aumentos significativos de las condenas a muerte en Egipto (al menos 356, frente al menos 264), Irak (al menos 91, frente al menos 27), Myanmar (al menos 86, frente al menos 1), República Democrática del Congo (al menos 81, frente al menos 20), Vietnam (al menos 119, frente al menos 54) y Yemen (al menos 298, frente al menos 269).



 

La pena de muerte como instrumento de represión estatal 

En 2021, la pena de muerte se utilizó en varios países como instrumento de represión del Estado contra minorías y manifestantes, y los gobiernos mostraron un absoluto desprecio por las salvaguardias y restricciones a la pena capital establecidas en virtud de las normas y el derecho internacional de los derechos humanos.

Se registró un aumento alarmante del uso de la pena de muerte en virtud de la ley marcial en Myanmar. Alrededor de 90 personas fueron condenadas a muerte arbitrariamente, en varios casos in absentia, en lo que se interpretó ampliamente como una campaña selectiva contra manifestantes y periodistas.

Las autoridades egipcias siguieron recurriendo a la tortura y a las ejecuciones masivas, a menudo tras juicios injustos ante tribunales de seguridad del Estado para el estado de excepción, mientras que en Irán se utilizaron las condenas a muerte de forma desproporcionada contra personas pertenecientes a minorías étnicas.

 

Señales positivas hacia la abolición mundial

A pesar de estos datos alarmantes, a lo largo de 2021 se mantuvieron las señales positivas de una tendencia mundial hacia la abolición. Por segundo año consecutivo, el número de países de los que hay constancia de ejecuciones fue el más bajo desde que Amnistía Internacional comenzó a elaborar sus registros.

La cifra de 2021 fue una de las más bajas registradas por Amnistía Internacional en un año determinado desde que empezó a recopilar datos sobre el uso de la pena de muerte en 1979. Sin embargo, los cambios experimentados a lo largo de estos decenios en el acceso a la información, la configuración de los países y las metodologías dificultan la tarea de comparar con exactitud esta cifra durante un periodo más extenso.

En Estados Unidos, Virginia se convirtió en el vigésimo tercer estado abolicionista y el primero del sur en abolir la pena de muerte, mientras que, por tercer año consecutivo, Ohio reprogramó o suspendió todas las ejecuciones previstas. El nuevo gobierno de Estados Unidos también estableció en julio una moratoria temporal de las ejecuciones federales. En 2021 se constató la cifra más baja de ejecuciones en Estados Unidos desde 1988. La Federación Rusa, Gambia, Kazajistán, Malasia y Tayikistán también siguieron aplicando moratorias.

Sin embargo, hay zonas de Estados Unidos que sostienen la pena de muerte.  Por ejemplo, Texas. Víctor Saldaño es un ciudadano argentino que fue condenado a muerte allí. En 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que ese país es responsable de violar el derecho a la vida, libertad, seguridad e integridad personal de Saldaño, entre otros derechos protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos se niega a cumplir con las recomendaciones del organismo, que incluyen conmutar la pena, trasladarlo fuera del corredor de la muerte, y proporcionar debida atención a su salud mental. El gobierno argentino ha seguido de cerca el desarrollo de este caso a lo largo de los años, pues es el único caso de un ciudadano argentino condenado a muerte.

Amnistía Internacional se opone sin excusas a la pena de muerte en toda situación y hará campaña denunciando la arbitrariedad, la discriminación y la crueldad inherentes a este castigo hasta que no quede nadie bajo su sombra. Es hora de que el castigo más cruel, inhumano y degradante sea relegado a los libros de historia.