Luisenrrique Becerra, fotoperiodista independiente de 29 años, estaba cubriendo una manifestación en el centro de Lima cuando agentes de la Policía Nacional del Perú se le acercaron y le dispararon.

Fue el sábado 28 de enero, alrededor de las 9pm. Becerra, quien colabora con medios alemanes y suizos, había visto cómo la policía intentaba cercar a un grupo de manifestantes, disparándoles con perdigones metálicos y bombas de gas lacrimógeno. Mientras fotografiaba a las brigadas médicas atendiendo a personas heridas, llegaron más policías en moto y a pie. Cuando volteó, a pesar de llevar la cámara en la mano y portar casco y credencial de prensa, vio que dos agentes le apuntaban.

“Los policías estaban a más o menos dos metros y medio frente a mi cuando me dispararon,” dice Becerra. “Mi casco se gira violentamente y luego siento un adormecimiento en la cara… Quería seguir fotografiando hasta que me toqué y sentí que tenía sangre en toda la mano. El perdigón había caído entre mi máscara antigás y el casco.”

Compartiendo su relato a Amnistía Internacional en un café en Lima dos semanas después, Becerra muestra la cicatriz de 5cm que todavía no sana, justo debajo de la línea del cabello. “Estaba agradecido en ese momento de no haber perdido la vista… Pero igual estaba preocupado por la cabeza,” dice. “Si yo no tuviera este casco, el perdigón me hubiera impactado en la cabeza. Yo tal vez hubiera sufrido una fractura en el cráneo. O algo peor.”

El ataque en su contra no fue un acto aislado. Desde que inició una ola de protestas tras el anuncio de la disolución del Congreso y la posterior destitución del entonces presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha registrado al menos 170 agresiones contra la prensa. Las agresiones han incluido hostigamientos, detenciones arbitrarias, disparos y amenazas de muerte. Durante el primer mes, la mayoría de las agresiones las cometieron manifestantes molestos de que los grandes medios tradicionales de Perú reprodujeran las narrativas estigmatizantes del gobierno que pintaban a quienes protestaban como terroristas. Sin embargo, según la ANP, desde enero, agentes policiales han sido responsables de la mayor parte de los ataques contra la prensa.

“Para nosotros es claro que los periodistas son blancos, y fotoperiodistas especialmente, porque lo que no quieren es que quede registro de vulneraciones a derechos humanos,” dice Zuliana Lainez, presidenta de la ANP. “Si hay un patrón que se repite es de que cada vez que ellos estaban o haciendo una foto a una detención o registrando alguna actuación que serviría como prueba de un uso excesivo de la fuerza, es cuando son atacados y cuando se les despojan de los instrumentos de trabajo, o cuando hay una narrativa absolutamente contraria al trabajo de la prensa.”

‘Te vuelo la cabeza y vas a morir acá’

Aldair Mejía, fotoperiodista de la agencia española EFE, estaba cubriendo una protesta cerca del aeropuerto de la ciudad sureña de Juliaca la mañana del 7 de enero, cuando agentes policiales empezaron a tirar gas lacrimógeno hacia los manifestantes.

Mejía colocó un casco sobre su largo cabello oscuro y se aseguró de que su credencial de prensa fuera visible. Fotografiaba a un señor auxiliando a un bebé cuando dos policías se le acercaron corriendo. Aunque les dijo que era periodista, lo tumbaron al suelo con sus escudos. Intentaron romper su credencial y le dijeron: “prensa basura, vete de aquí”.

Poco después, cuando Mejía intentaba documentar una detención en un callejón, otro policía que portaba un arma de fuego le dijo: “Sal de aquí. Te vuelo la cabeza y vas a morir acá”. Mejía guardó la cámara y siguió su camino.

Alrededor de las 3pm se intensificó la confrontación entre las fuerzas de seguridad y quienes protestaban. Posicionándose detrás de los manifestantes, Mejía sacó fotos de policías apuntándoles directamente, a menos de una cuadra de distancia. A un manifestante que estaba justo en frente de él le dispararon en el rostro. Mejía vio cómo le sangraba la cara y notó que tenía “tres huecos en el rostro, bien perfectos” donde le impactaron los perdigones.

“Estaba viendo las fotos y justo me cayó un impacto en la pierna,” dice Mejía en entrevista por Zoom. “Se me adormeció la pierna y en unos segundos vi sangre en mi pierna derecha, en la canillera.” Sus shorts color beige se volvieron carmesí. “Tenía un agujero circular y dije: pucha, esto es perdigón… Estuve en el piso casi cinco minutos sangrando.”

Unos manifestantes le sacaron de ahí mientras los policías seguían disparando. Le aplicaron un torniquete y le trasladaron en moto a una clínica. Al principio, tras hacerle una radiografía, le diagnosticaron la pierna fracturada por impacto de perdigón. Sin embargo, minutos después llegó el director de la clínica indicando que una piedra pudo haber causado la herida.

Llegaron funcionaros de los Ministerios del Interior y de Justicia a la clínica, y un grupo de militares apareció afuera del edificio. Asustado, Mejía se dio de alta voluntaria para salir de la zona. En ese momento la clínica tomó la medida inusual de emitir un comunicado afirmando que su lesión se debía a “un objeto no determinado”.

Mejía cree que los policías actuaron de manera deliberada para inhibir la manifestación y evitar que él exhibiera sus acciones represivas. “Ellos siempre iban de dos y se acomodaban y disparaban lo más cerca posible para que puedan impactar y dañar a alguien, y ya no pueda regresar a la manifestación,” dice. “Creo que el intento era de silenciarme o que no registre nada porque era el único medio extranjero que [estuvo] ahí y ellos de repente se sintieron muy incomodos con la presencia de la prensa.”

Dos días después, la represión policial en Juliaca dejó a 17 personas muertas. Al llegar a casa en Lima, Mejía empezó a recibir llamadas de números desconocidos. El temor le llevó a irse de su hogar.

Tratos diferenciados

La población mayoritariamente indígena de Juliaca ha sufrido un número desproporcionado de muertes durante la represión de protestas —algo que Amnistía Internacional ha atribuido a “un marcado sesgo racista” por parte de las autoridades. Asimismo, periodistas independientes de la región afirman haber enfrentado discriminación mientras intentan realizar su trabajo.

Julio César Jara, director del medio local Planeta TV, viajó a Lima, donde agentes policiales le golpearon mientras grababa la liberación de personas detenidas en el operativo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a pesar de traer puesto su chaleco de prensa.

“La policía donde te encuentra te mentan la madre. Te recuerdan que eres indígena con las palabras que utilizan: te vamos a matar si no te retiras,” dice. “Parece que fueran órdenes de arriba para utilizar los mismos términos con todos los manifestantes y todos los periodistas”.

Wara Guerrero, otra periodista de Juliaca que llegó a Lima para cubrir las manifestaciones, dice que escuchó a policías diciéndoles, “ustedes son parte de ellos, son agitadores, entonces hay que reprimirles también de la misma manera,” e incluso “se merecen bala porque son terroristas”.

Las periodistas mujeres también han enfrentado discriminación basada en género al cubrir la represión. En un caso, hombres policías empujaron y golpearon a Graciela Tiburcio Loayza, periodista independiente y expresidenta de la junta directiva de Amnistía Internacional Perú, y le dijeron que les estaba “provocando”.

“Cualquier agresión que haya, siempre tiene al menos una connotación de género,” dice Tiburcio Loayza. “Por ejemplo, el hecho de no solamente agredirte físicamente, sino aprovechar en acosarte sexualmente, ya sea silbándote, insinuando que ya te gustó el palo, que te gustó el gas, que quieres que te den más. Todo eso tiene una repercusión en que al final, una, no solo como periodista, sino como mujer, no te sientas con la seguridad de poder ir a ejercer de manera libre y segura tu trabajo de reportería.”

Asimismo, Leah Sacín, colaboradora de Radio Nacional y del medio feminista La Antígona, ha notado “un trato diferenciado pero peyorativo a las colegas mujeres que cubrimos en esos espacios.”

Sacín dice que los policías le han menospreciado con comentarios machistas como: “Salga mamita” y “¿Por qué no te vas a tu casa?” También ha sufrido violencia física. Durante una protesta en Lima, Sacín grabó a policías intimidando a una mujer mayor con rasgos indígenas que trataba de salir de la zona y les dijo, “Son personas pacíficas. Es una señora, trátala con respeto.” En respuesta los policías empujaron a Sacín con sus escudos, arrojando el celular de sus manos y tirándole al piso.

Para Sacín, estas agresiones son “estrategias policiales para impedir las coberturas, para impedir el acceso y además para generar temor. Porque evidentemente si a ti te agreden, te empujan o estás en una situación donde no está ocurriendo nada y te llueven bombas lacrimógenas que te hacen llorar e irritan la garganta, las ganas de volver a ir a cubrir son cada vez menos.”

La Policía Nacional del Perú no respondió a solicitudes de comentarios sobre las acusaciones en su contra.

Acusaciones de censura estatal

La censura es otro riesgo que enfrentan hasta los periodistas más conocidos. Carlos Cornejo, locutor prominente del canal estatal TV Perú, perdió su trabajo a finales de enero en lo que considera una represalia por su cobertura crítica del actuar represivo de las fuerzas de seguridad.

Según Cornejo, una figura familiar con su barba y su pelo engominado, el 30 de enero el presidente del directorio de TV Perú le dijo que iban a bajar su programa del aire durante un mes mientras llevaban a cabo una evaluación del contenido. Posteriormente, miembros del directorio le avisaron que el canal no volvería a transmitir su programa. Como Cornejo tenía que renovar su contrato al final de cada mes, dice que ni siquiera recibió indemnización alguna.

TV Perú insiste que simplemente concluyó su contrato y que su salida se debía a “una reestructuración del horario estelar”. Sin embargo, Cornejo sospecha que el gobierno peruano presionó al canal para retirar su programa.

“Habíamos denunciado en el programa desde hace dos semanas la muerte de ciudadanos a manos de la policía,” dice. “Cualquier intento de los medios públicos del Perú, que es la Radio Nacional y Televisión del Perú, de oponerse a las decisiones del Ejecutivo, de cuestionarlas, de ponerlas en tela de juicio con equilibrio y con calidad y respeto, es visto como una agresión al gobierno.”

Su despido se convirtió en una polémica. Manifestantes reclamaron la decisión afuera del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. La ANP criticó la actuación del medio por no solo vulnerar “el derecho al trabajo del periodista sino, además, el derecho colectivo a la información.”

Mientras tanto, dice Cornejo que ha recibido llamadas telefónicas siniestras donde únicamente se escucha la respiración de alguien.

‘Tu vida corre peligro. Es mejor que no te expongas’

A veces las amenazas contra periodistas son más explícitas y no provienen de las autoridades, sino del crimen organizado.

Manuel Calloquispe, corresponsal independiente de la región amazónica Madre de Dios, ha enfrentado amenazas directas de muerte como consecuencia de su cobertura de las protestas.

Calloquispe, colaborador de los medios nacionales El Comercio y Latina TV, además de la agencia de prensa ambiental Inforegión, dice que las agresiones iniciaron en diciembre, cuando él reportaba que había grupos del crimen organizado detrás de las protestas en Puerto Maldonado, ciudad capital de la región. Los grupos, que dominan el narcotráfico y la minería ilegal en la Amazonia peruana, impusieron bloqueos en la ciudad, provocando desabasto e inflación masiva en el precio de combustible.

Al principio Calloquispe recibió “agravios e insultos en la calle, en redes sociales, a través de WhatsApp o mensajes por Messenger”. La situación se deterioró el 27 de enero, cuando un grupo de hombres rodeó su casa. “Manuel, tienes que salir de la ciudad,” le advirtió una fuente, quien le compartió audios y capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp donde decían que atacarían su casa.

Con la ayuda de la policía, que mandó una patrulla a su vivienda, Calloquispe huyó a Lima ese mismo día. Permaneció ahí durante 12 días y denunció las amenazas ante la Fiscalía de la Nación. Pero, según Calloquispe, las autoridades no dieron seguimiento a su caso y él no podía pagar los costos elevados de la vida en la capital. Sólo gana por nota publicada, así que se vio obligado a volver a casa para poder seguir trabajando y mantener a su familia.

Sin embargo, al regresar a Puerto Maldonado, se dio cuenta que la situación estaba aún más volátil. El 9 de febrero le llamó un hombre vinculado con el grupo que coordinaba las protestas en la ciudad. “Ellos saben que estás acá,” le dijo. “Tu vida corre peligro. Es mejor que no te expongas.”

Desprotegido por las autoridades, Calloquipse tuvo que huir nuevamente, hasta que la situación se calmara. Eventualmente pudo volver a trabajar en casa, pero todavía teme por su familia: “No hay seguridad de que el Estado nos garantice nuestra vida, nuestra integridad.”

Amenazas legales y legislativas

Incluso desde antes de las protestas, la prensa peruana se ha encontrado en un contexto cada vez más hostil. El año pasado, el gobierno propuso dos leyes que criminalizarían la labor periodística, estableciendo como delito la “difusión de información reservada en la investigación penal” y aumentando las condenas por difamación cometida a través de medios de comunicación o en redes sociales.

Luego, en marzo de 2023, el Ministerio del Interior propuso un nuevo protocolo que postula la Policía Nacional como la autoridad responsable para la protección de periodistas. Sin embargo, el protocolo sólo contempla la protección de la prensa extranjera acreditada y miembros del Colegio de Periodistas del Perú, potencialmente excluyendo a pequeños medios y periodistas independientes. Además, exonera a las autoridades de cualquier deber de proteger a periodistas que salgan de las áreas recomendadas por la policía durante protestas.

Lejos de proteger a periodistas, el gremio y diversas organizaciones de derecho humanos han advertido que el protocolo restringiría aún más la libertad de prensa en Perú. El Instituto Prensa y Sociedad lo calificó como “peligroso para la libertad de expresión, porque implica una regulación, bajo supervisión policial, de la cobertura periodística de las protestas”, mientras que IFEX-ALC, una alianza de organizaciones que defienden la libertad de expresión en América Latina y el Caribe, afirmó que contraviene estándares internacionales y los tratados de derechos humanos que Perú ha firmado.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo advirtió que la propuesta “no asegura una labor periodística libre de violencia ni garantiza el goce efectivo de las libertades de expresión e información”. El protocolo debería de proteger a periodistas “frente a agresiones de los miembros de las fuerzas del orden”, agregó de Defensoría, entre otras recomendaciones, así como “incluir propuestas concretas sobre agresiones a mujeres de prensa”.

Mientras que las autoridades proponen nuevas medidas de control, sin garantizar su protección, otro problema que enfrenta la prensa es que la gran mayoría de los ataques en su contra siguen impunes.

“No hay ningún rechazo, ni por lo menos un compromiso a investigar lo que ha sucedido con nuestros colegas, cuando en el 70% de los casos nosotros podemos tener un video que no ponga ni siquiera en tela de juicio de que la gente agresora fue un miembro de las fuerzas armadas,” dice Lainez, la presidenta de la ANP. “Les da carta blanca a las fuerzas del orden para pensar que pueden hacer todo y que no pasará nada.”

Este reportaje fue publicado originalmente en Rolling Stone en español