En Brasil, cada 11 minutos una mujer es violada, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública. También prácticamente en todas las familias brasileñas hay una mujer a la que se practicó un aborto, clandestino o legal, en alguna ocasión, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Aborto 2016. Cada dos días una mujer muere como consecuencia de ello, debido principalmente a las condiciones precarias e insalubres de los abortos ilegales y clandestinos, según la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, estas muertes parecen no pesar para el Congreso brasileño que pretende aprobar un proyecto de ley que plantea extender la idea de inviolabilidad de la vida al momento de la concepción. De esta manera, el embrión gozaría de la misma protección que el recién nacido. Al establecer que la vida es inviolable desde la etapa embrionaria, se prohíbe interrumpir el embarazo en cualquier situación, incluso en aquellos casos en que la ley lo permite: cuando el embarazo es el resultado de una violación, cuando el feto no puede sobrevivir después del parto y cuando constituye un riesgo para la salud o para la vida de la madre.

La realidad es dispar en América Latina. Chile, un país de tradición conservadora, acaba de dar un paso hacia adelante para garantizar el derecho de las mujeres al libre acceso al aborto legal y seguro en tres causales: en caso de inviabilidad fetal, peligro de vida para la mujer y embarazo por violación.

Juana es wichí y vive en Salta. Tiene 13 años. A los 12 fue violada y quedó embarazada. Pese a que sus padres denunciaron la violación, nunca nadie se acercó a informarle sus opciones y sus derechos. Se vio obligada a cursar un embarazo hasta los siete meses. Este es sólo uno de los cientos de casos en donde el Estado somete a una niña a una situación de violencia y tortura. Solamente después de 31 semanas le practicaron una cesárea porque el embarazo era inviable y con diagnóstico de anencefalia.