“El gobierno de Maduro ha cruzado una línea que no debiera cruzarse jamás: detener, torturar, criminalizar, y castigar a niños y niñas es inhumano. Latinoamérica y la comunidad internacional deben exigir de manera urgente a las autoridades venezolanas la liberación inmediata e incondicional y la reparación de todos ellos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Cerca de 200 niños y niñas están entre las miles de víctimas de la política de represión y persecución de Nicolás Maduro que existe desde hace una década. Mientras decenas siguen detenidos injustamente en condiciones inhumanas, otros han sido excarcelados pero siguen sometidos a procesos penales sin fundamento.
Estas terribles historias de tortura y crímenes contra niños y niña se enmarcan en patrones más amplios de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos a la integridad personal y a la libertad, y a un juicio justo, perpetrados por el gobierno de Maduro. Mientras Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil sacan a la luz estos abusos de poder, los Estados de todo el mundo deben sumarse al clamor global y exigir que se respeten los derechos humanos en Venezuela, empezando por los derechos de los niños y niñas. También deben apoyar -pública, privada y financieramente- la investigación en curso por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, todas las investigaciones penales bajo el principio de jurisdicción universal, y el riguroso escrutinio de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.
Información de contexto
Venezuela sufre una crisis de derechos humanos profunda y multidimensional desde hace al menos diez años. Durante este tiempo, Amnistía Internacional ha denunciado graves violaciones de derechos humanos, así como crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad, y una emergencia humanitaria compleja en curso, que han obligado a más del 25% de la población del país a huir al extranjero.
La última investigación de Amnistía Internacional enfatiza un elemento especialmente alarmante del más reciente aumento de represión del gobierno contra la disidencia tras las protestas contra la declaración de Nicolás Maduro como ganador de la elección del 28 de julio. Tras la elección presidencial y el anuncio de los resultados cuestionados y no públicos, las autoridades venezolanas han intensificado su política de represión de manera generalizada. En el primer mes tras las elecciones, las autoridades llevaron a cabo más de 2.000 detenciones, según cifras oficiales, que se suman a los centenares que ya estaban detenidos arbitrariamente desde antes del 28 de julio. Se presume que todos estos arrestos y detenciones en curso son arbitrarios y forman parte de la política de represión de larga data del gobierno de Maduro contra cualquier percepción de disidencia.
Además de este aumento sin precedentes de las detenciones arbitrarias por motivos políticos, que no solo incluían a niños sino también a personas que viven con una discapacidad, la represión también incluyó muertes ilegítimas, más denuncias creíbles de tortura, desapariciones forzadas, ataques generalizados contra la sociedad civil, represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos y graves violaciones de las garantías de un juicio justo.
La misión internacional e independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela ha documentado exhaustivamente cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, así como las formas en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno. Su informe de 2024 concluyó que existen "motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido" en el último año.
Desde noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando adelante una investigación penal sobre la situación en Venezuela, centrada en los "delitos de lesa humanidad de la privación de libertad u otra privación grave de la libertad física (...); tortura (...); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (...); y la persecución por motivos políticos contra personas detenidas (...), cometidas al menos desde abril de 2017 por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos denominados "colectivos").
