Eve Geddie es directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas

Este artículo fue publicado originalmente aquí por Politico Europe.

En julio, mientras los representantes del “Equipo Europa” estrechaban la mano del presidente de Túnez, Kais Saied, cientos de personas refugiadas y migrantes permanecían atrapadas en zonas desérticas de la frontera con Libia, después de que las fuerzas de seguridad tunecinas las hubieran detenido y abandonado allí sin acceso a comida, agua ni refugio.

El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, se refirió posteriormente a estos informes, entre ellos los de múltiples muertes cerca de la frontera, como “unos vídeos del desierto o algo así”.

Los dirigentes europeos estaban en Túnez para firmar un memorándum de entendimiento dirigido a contener la migración a Europa. A cambio ofrecían a Túnez 105 millones de euros para la “gestión de las fronteras” y cerca de 1.000 millones en apoyo financiero y préstamos adicionales en medio de la crisis económica sin precedentes en el país.

Sin embargo, mientras Túnez y la Unión Europea debaten sobre la implementación del acuerdo, su coste humano ya es visible. Y mientras Europa cierra los ojos ante la creciente represión de los derechos humanos en el país, las personas que están en Túnez, incluidas solicitantes de asilo, refugiadas y otras personas migrantes, están pagando un precio muy alto.

Los dirigentes europeos y de la UE deberían cambiar de rumbo urgentemente

En primer lugar, aun después de alcanzado el acuerdo, las autoridades tunecinas continuaron obligando a las personas migrantes a quedarse en la frontera libia, donde muchas se consumían en espera de recibir ayuda humanitaria urgente y los medios de comunicación internacionales informaban de numerosas muertes. Resulta escandaloso que los dirigentes de la UE todavía no hayan condenado públicamente estas violaciones de derechos humanos.

En su lugar, la Comisión Europea se ha comprometido a cooperar con las autoridades tunecinas para evitar que personas refugiadas y migrantes lleguen a Europa, aunque sabe perfectamente que hacerlo perpetuará las mismas violaciones de derechos humanos, dejando a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes atrapadas en situaciones abusivas y contribuyendo a la hostilidad que sufren en Túnez.

Lo más preocupante es que este acuerdo se firmó sin condiciones de ninguna clase en materia de derechos humanos, sin evaluaciones ni seguimiento de sus efectos en los derechos humanos y sin un mecanismo para suspender la cooperación en caso de abuso. La defensora del Pueblo Europeo anunció la semana pasada que ha solicitado que la Comisión Europea aclare cómo piensa garantizar que se respetan los derechos humanos en Túnez.

No parece que se hayan aprendido las lecciones de la cooperación de la UE con Libia, donde el apoyo del bloque a las fuerzas de seguridad libias lo ha convertido en cómplice de una infraestructura de abusos contra personas refugiadas y migrantes que incluyen detención arbitraria, tortura, violación, desaparición forzada y homicidio ilegítimo. Según una reciente investigación de la ONU, tales abusos podrían incluso constituir crímenes de lesa humanidad.

Los acuerdos para contener a las personas en países que no forman parte de la UE no salvan vidas ni evitan que la gente utilice las rutas irregulares. De hecho, las personas en movimiento se ven obligadas a tomar rutas más peligrosas para evitar su interceptación por las autoridades, y los traficantes salen beneficiados ya que las personas refugiadas y migrantes recurren cada vez más a sus servicios. Tales acuerdos tampoco sirven para resolver los problemas que llevan a la gente a migrar en busca de seguridad, lo cual seguirá ocurriendo a pesar de todo. Por tanto, es decepcionante que la presidenta Von der Leyen haya reforzado el acuerdo con Túnez en su “plan de 10 puntos para combatir la crisis migratoria de Lampedusa”.

Además, con el acuerdo entre la UE y Túnez se corre el riesgo de legitimar el asalto de Saied contra el Estado de derecho y su imparable represión de la disidencia. En el periodo previo al acuerdo, los dirigentes europeos guardaron silencio mientras el presidente de Túnez desmantelaba prácticamente todos los controles institucionales sobre el poder ejecutivo, emitía decretos para restringir la libertad de expresión y se otorgaba a sí mismo competencias sobre el poder judicial. Las autoridades tunecinas sometieron a investigación criminal arbitraria o a medidas restrictivas a decenas de personas críticas y opositoras, profesionales de la abogacía, periodistas y autoridades judiciales, o las enviaron a prisión.

Hace poco, Túnez negó la entrada a cinco miembros del Parlamento Europeo que iban a visitar el país en misión oficial. Entre ellos estaban los europarlamentarios Satouri y Gahler, quienes ya habían alzado la voz contra el acuerdo debido a la represión en Túnez. En general se consideró que negarles la entrada era una medida de represalia.

Aclamada en otro tiempo como caso de éxito de las manifestaciones de la Primavera Árabe y antiguo punto de reunión de defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el Norte de África, hoy Túnez corre el riesgo de seguir los pasos de Egipto, cuyo presidente Abdel Fatah al Sisi hizo de su país una cárcel al aire libre mientras observaba el empobrecimiento de millones de ciudadanos y ciudadanas de Egipto. La mayoría de dirigentes de la UE guardaron silencio durante esta brutal represión mientras Al Sisi bloqueaba las rutas migratorias de Egipto y obligaba a miles a migrar tomando la peligrosa ruta de Libia.

Por último, tal vez a sabiendas de que el acuerdo elevaría el riesgo de violaciones de derechos humanos contra las personas refugiadas y migrantes, la Comisión decidió negociar el memorándum de entendimiento en secreto. Las negociaciones no se sometieron al escrutinio del Parlamento Europeo ni de los Parlamentos nacionales y se llevaron a cabo sin participación alguna de la sociedad civil.

Esta falta de transparencia reduce la legitimidad de las políticas migratorias de la UE

Para que la UE no termine siendo cómplice en los abusos y la represión, su compromiso con las partes asociadas en materia de migración debe estar supeditado a estrictas condiciones de derechos humanos, evaluaciones de impacto y supervisión. Necesitamos un enfoque equilibrado que amplíe significativamente las rutas migratorias seguras y se centre en proteger a las personas y no en contenerlas.

Sin embargo, el acuerdo con Túnez no cumple ninguna de estas condiciones. El memorándum de entendimiento, por tanto, debe ser suspendido. Y la UE debe promover un poder judicial independiente, unos medios de comunicación libres y una sociedad civil dinámica en el país.

La lógica de la externalización, de la que el acuerdo con Túnez es sólo un ejemplo, es profundamente inmoral, peligrosa y potencialmente ilegítima. No es demasiado tarde para que los dirigentes de la UE cambien de rumbo y aprendan de acuerdos alcanzados en el pasado que ya han causado un sufrimiento inmenso.