La violencia amenaza el estado de derecho




Venezuela está enfrentando una de las peores amenazas al estado de derecho de las últimas décadas si las diversas fuerzas políticas no se comprometen a respetar los derechos humanos completamente, de acuerdo a un nuevo informe de Amnistía Internacional sobre la actual crisis en el país.

El informe, Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas, documenta denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos en el contexto de las masivas manifestaciones que tuvieron lugar desde comienzos de Febrero.

“El país corre el riesgo de caer en una espiral de violencia si no se toman pasos para llevar a las partes en conflicto a un diálogo. Esto sólo puede ocurrir si ambos lados respetan los derechos humanos y el estado de derecho. Si esto no sucede, el número de víctimas va a continuar creciendo, con personas ordinarias llevándose la peor parte,” dijo Amnistía Internacional.

Hasta el momento, 37 personas han perdido la vida y más de 550 han resultado heridas, al menos 120 tras el uso de armas de fuego. Según datos publicados por la Fiscalía General el 27 de Marzo, 2,157 personas fueron detenidas durante las protestas. La gran mayoría ya fue liberada pero continúan enfrentando cargos.

De acuerdo a información recibida por esta organización, las fuerzas de seguridad del país han recurrido al uso de fuerza excesiva, incluyendo armas de fuego, y hasta han torturado a manifestantes.

El informe también documenta abusos a los derechos humanos cometidos por grupos en favor del gobierno, manifestantes e individuos no identificados.

“Todas las acusaciones de violaciones y abusos a los derechos humanos tienen que ser investigadas de manera inmediata y exhaustiva y aquellos responsables, llevados a la justicia,”.

“La crisis política amenaza con socavar cualquier progreso hecho en los años recientes en lo que respecta a los derechos de las personas más marginalizadas del país.”

Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno venezolano a comprometerse a un Plan Nacional de Derechos Humanos. El plan debería ser el resultado de un diálogo nacional e incluir a todos los partidos y a la sociedad civil.

“El gobierno y la oposición deben comprometerse a utilizar medios pacíficos para resolver la crisis política e instruir a sus partidarios que la violencia y la retórica confrontacional que pueda incitar a la violencia no será tolerada. La comunidad internacional, incluyendo los países vecinos, debe fomentar el diálogo constructivo en el país,” dijo Amnistía Internacional.


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