Un nuevo documento de Amnistía Internacional revela que las mujeres y niñas egipcias se enfrentan, tanto en su propio hogar como en espacios públicos, a situaciones de una violencia alarmante, entre las que se incluyen las agresiones sexuales en grupo y las torturas de parte de agentes del Estado.
El informe
‘Circles of hell’: Domestic, public and state violence against women in Egypt documenta cómo, a pesar de las reformas parciales acometidas en los últimos tiempos, las carencias de la legislación egipcia y la arraigada impunidad siguen fomentando en el país la violencia sexual y de género.
"La realidad es que las mujeres y niñas egipcias deben hacer frente a un fantasma, el de la violencia física y sexual, que está siempre presente y las acecha en todas las facetas de su vida. Muchas sufren brutales palizas, agresiones y abusos en el hogar, a manos de su cónyuge o de sus familiares. Fuera de casa se enfrentan a un acoso sexual incesante y al riesgo de ser objeto de agresiones en grupo, si es que no caen presa de la violencia de los agentes del Estado", dijo Amnistía Internacional.
Las autoridades egipcias han anunciado una serie de iniciativas simbólicas a lo largo de los últimos meses, como la adopción de una ley que criminaliza el acoso sexual, pero el compromiso público del presidente Abdel Fatah al Sisi de abordar este problema aún no se ha traducido en una estrategia clara. Entre tanto, siguen sin reconocer la magnitud del problema y sin acometer las reformas necesarias para contrarrestar eficazmente la violencia y las actitudes discriminatorias contra las mujeres, que están profundamente arraigadas.
"Durante años, los sucesivos gobiernos de Egipto se han erigido en abanderados de los derechos de las mujeres como estrategia de relaciones públicas o se han valido de la violencia contra ellas para anotarse un punto fácil frente a sus oponentes. Mientras, las autoridades culpan a sus adversarios de la violencia sexual generalizada y prometen reformas que nunca llegan".
"La violencia y la discriminación afectan a todas las mujeres, más allá de las diferencias políticas. Es hora de ir más allá de gestos simbólicos y promesas incumplidas: las autoridades egipcias deben aprovechar la oportunidad que suponen las elecciones parlamentarias de marzo para poner esta cuestión en primer plano de la agenda política".
En un estudio publicado por ONU Mujeres en 2013, más del 99 por ciento de las mujeres y niñas egipcias a las que se entrevistó afirmaron haber sufrido algún tipo de acoso sexual. Desde que el año pasado se adoptó una nueva ley que contempla penas mínimas de un año de prisión para delitos de acoso sexual, algunos casos han acabado en condenas. Sin embargo, la inmensa mayoría de las mujeres sigue esperando justicia. A menudo, cuando piden ayuda, la policía y el sistema judicial las tratan con indiferencia o desprecio.
Amnistía Internacional exhorta a las autoridades a poner en marcha una estrategia para frenar la violencia contra las mujeres, algo que llevan largo tiempo prometiendo y retrasando.
Agresiones sexuales en grupo
Las agresiones sexuales en espacios públicos se han multiplicado en los últimos años, especialmente durante las manifestaciones celebradas en la plaza Tahrir de El Cairo. Muchas mujeres han sido violadas y agredidas sexualmente a manos de multitudes violentas, que las manosean, las desnudan y las arrastran por la calle, o las agreden con palos, cuchillos y cinturones. Las autoridades no han mostrado la diligencia debida a la hora de prevenir estos ataques y proteger a las mujeres frente a la violencia.
Además, la legislación egipcia contra las violaciones y otras agresiones sexuales sigue distando mucho de ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos. Aunque los tribunales han encarcelado a un puñado de hombres por agresiones perpetradas en la plaza Tahrir, muchas sobrevivientes siguen aguardando que se haga justicia.
Mujeres bajo custodia del Estado
El documento también expone el deplorable trato que reciben las mujeres arrestadas o que se encuentran bajo custodia del Estado. Varias mujeres y niñas afirman que, mientras se encontraban arrestadas, sufrieron torturas y malos tratos –que incluyen violencia sexual– a manos de las fuerzas de seguridad.
En las cárceles, las detenidas se ven sometidas a torturas y malos tratos con impunidad. Incluso se han dado casos de mujeres embarazadas sometidas a tratos degradantes o inhumanos, como tener que dar a luz esposadas.
Violencia en el ámbito familiar y leyes de divorcio discriminatorias
Según las últimas cifras oficiales, casi la mitad de las participantes en un estudio del Ministerio de Sanidad afirman haber experimentado algún tipo de violencia en el ámbito familiar. Las sobrevivientes a las que entrevistó Amnistía Internacional describen brutales casos de abuso físico y psicológico, y afirman que sus esposos las golpean, azotan e infligen quemaduras, y en algunos casos las encierran en su casa contra su voluntad. También aseguran que el sistema judicial egipcio no les ofrece la protección que debería.
Muchos de sus problemas son resultado de actitudes prejuiciosas y se ven agravados por el carácter discriminatorio de la ley egipcia de estado civil, así como por otras disposiciones que obligan a las mujeres a recorrer un camino con obstáculos insalvables para demostrar que sus esposos les han causado daño.
Por otro lado, los servicios para sobrevivientes de la violencia sexual y de género son casi inexistentes. Las mujeres que denuncian este tipo de agresiones se enfrentan a muchas dificultades, como la falta de interés de los fiscales y de las fuerzas de seguridad, así como a las carencias del Código Penal, que no persigue expresamente la violencia en el ámbito familiar ni las violaciones conyugales. Por eso, muchas mujeres sometidas a violencia en el ámbito familiar se ven abocadas a sufrir en silencio.
La legislación relativa al divorcio también resulta profundamente discriminatoria y, a menudo, atrapa a las mujeres en relaciones abusivas. Mientras que los hombres pueden divorciarse unilateralmente sin necesidad de justificación, las mujeres se ven obligadas a renunciar a sus derechos económicos aceptando un divorcio "amistoso" (
khol) o, en su defecto, disputar una larga y costosa batalla legal para demostrar que su esposo "les causó daño".