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Una vez más quienes más pierden son las y los jubilados. El ajuste siempre con ellos.

Ninguna gestión ha dado prioridad a la protección de los jubilados.

El pasado 4 de junio, la cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de reforma de las jubilaciones que garantiza una actualización mensual de los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, la normativa propuesta incluye: i) una compensación extra de un 8,1%, dado que el 12,5% otorgado en marzo por el Gobierno no cubre el 20,6% de inflación de enero y ii) la garantía de que la jubilación mínima no sea inferior a la canasta básica. Ahora resta el voto del Senado.

Lo que ocurre en Argentina no es nuevo, pero sí peor. Hoy un jubilado no llega a fin de mes. Desde enero de 2024 a esta parte se da un hecho inédito: la jubilación mínima no alcanza siquiera a cubrir la canasta básica – esto es, lo que necesita una persona para comer, vestirse, movilizarse, etc.

En marzo de 2024 una persona adulta necesitó $250.284  para no ser pobre. Sin embargo, casi 2 millones de jubilados y jubiladas cobraron menos de $ 170.000 y casi 5,6 millones cobraron haberes menores a $ 250.000 durante ese mes. Los haberes mínimos actuales constituyen ingresos de pobreza.

Sin embargo, el presidente de la Nación, Javier Milei, anticipó que, si se aprueba el proyecto, vetará la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que reemplazaría el mecanismo que el gobierno impuso por decreto en marzo de este año.

Amnistía Internacional advierte que, si el presidente rechaza una mejora en las condiciones de vida de los jubilados, estará atentando contra las personas que históricamente han sufrido ajustes y retrocesos. Los adultos mayores deben poder acceder a bienes y servicios fundamentales para poder vivir una vida digna. Es su derecho.

Por eso, un cambio es necesario y urgente.

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