«Amnistía Internacional es un movimiento de
más de 10 millones de personas comprometidas para defender a aquellos a quienes se les ha negado justicia o libertad.»

INVOLUCRATE

12638 personas firmaron esta acción

Se necesitan 37362 firmas más para alcanzar la meta de 50000

Recibirás por correo electrónico confirmación automática de haber firmado la acción. La información que proporciones no será objeto de venta ni alquiler y no se facilitará a terceros, salvo en las circunstancias descritas en nuestra política de privacidad.

Una vez más quienes más pierden son las y los jubilados. El ajuste siempre con ellos.

Ninguna gestión ha dado prioridad a la protección de los jubilados.

¡Sumá tu nombre para exigir la protección de los derechos de las personas jubiladas!

El pasado 2 de septiembre, el Presidente de la Nación, Javier Milei, vetó la ley que el Congreso aprobó para actualizar la fórmula previsional con el objetivo de recomponer una parte de la pérdida que las jubilaciones sufrieron en los primeros meses del año.

La reforma establece un mecanismo de actualización a la tasa de inflación, con una compensación adicional del 8,1%, y garantiza que la pensión mínima cubra el paquete básico de alimentos. El gobierno alegó el mantenimiento del equilibrio fiscal, a pesar de que la reforma supondría tan solo un costo fiscal adicional del 0,43% del PBI para que los jubilados puedan llegar a fin de mes.

Lo que ocurre en Argentina no es nuevo, pero sí peor. Desde enero de 2024 a esta parte se da un hecho inédito: la jubilación mínima no alcanza siquiera a cubrir la canasta básica – esto es, lo que necesita una persona para comer, vestirse, movilizarse, etc. En junio, casi tres millones de personas jubiladas recibían 276.000 pesos, mientras que el costo total de la canasta básica era de 282.000. En los 7 primeros meses del año, las asignaciones para jubilaciones y pensiones cayeron al menos un 25,8% en términos reales respecto al año anterior. La caída de las jubilaciones viene siendo una de las principales fuentes del ajuste fiscal.

Según la Constitución Nacional, el Congreso puede insistir en la aprobación de una ley vetada por el Presidente con el voto de dos tercios de sus miembros. Es decir que se requiere una mayoría de dos tercios en cada una de las cámaras del Congreso de la Nación para dejar sin efecto el veto del Poder Ejecutivo. No hay un plazo límite constitucional para anular el veto.

Amnistía Internacional advierte que la decisión presidencial atenta contra las condiciones de vida de las personas que históricamente han sufrido ajustes y retrocesos. Los adultos mayores deben poder acceder a bienes y servicios fundamentales para poder vivir una vida digna. Es su derecho.

Por eso, un cambio es necesario y urgente.

¡Sumá tu voz para defender las personas jubiladas de Argentina!

Enterate otras formas de ayudar