El asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la violencia desatada contra la comunidad Qom en Chaco y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires son algunos de los hechos que revelan la necesidad de una profunda reforma para el sistema de actuación y control de las fuerzas de seguridad. A estos hechos se suman el caso de Mauro Coronel en Santiago del Estero y los asesinatos de Blas Correas en Córdoba y Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires.

Amnistía Internacional alerta con máxima preocupación sobre el uso excesivo y abusivo de la fuerza por parte de las policías en todo el país en el desempeño de sus funciones.  la frecuente presencia de violencia, malos tratos, asesinatos, desapariciones y torturas ES una intolerable violación a los compromisos que asumió el Estado sobre uso de la fuerza y protección de las personas.

“La repetición de hechos de violencia policial exige de todas las jurisdicciones del país un compromiso serio, efectivo y definitivo para garantizar que no tendremos otro caso como el de Lucas”

alerta Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Además de los casos mencionados en Tucumán, Chaco y provincia de Buenos Aires, la organización verificó hechos de uso excesivo de la fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santiago del Estero y Santa Cruz. Si bien en muchos de los episodios los poderes ejecutivos dispusieron medidas para separar a los efectivos involucrados, es imperioso que se lleven adelante investigaciones efectivas e imparciales y se sancione a los responsables de violencia estatal.

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De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos todo uso de la fuerza por el personal de las fuerzas de seguridad debe ser excepcional y usado como último recurso, y debe cumplir las obligaciones de respetar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad y a la seguridad de la persona.

El control y la rendición de cuentas es un requisito indispensable de toda actuación de las fuerzas de seguridad para desalentar la institucionalización del abuso de la fuerza y la impunidad y, a la par, generar mayores niveles de confianza de la población..

Sólo podrá lograrse una rendición de cuentas efectiva mediante un sistema de controles y equilibrios que permita la evaluación sobre toda actividad llevada a cabo por las fuerzas de seguridad para analizar si cumple con los estándares mencionados y la normativa vigente incluidos los derechos humanos, así como con los reglamentos y procedimientos operativos internos. Además, la rendición de cuentas es fundamental para garantizar que los abusos de la fuerza no se repitan.