Valentino Blas Correas era un joven de 17 años. Vivía en la Ciudad de Córdoba junto a su familia y cursaba sexto año del colegio secundario. Era amante del futbol e hincha de Belgrano de Córdoba. 

El 6 de agosto de 2020 salió a comer con sus amigos a un bar en el centro de Córdoba y nunca más volvió a su casa.  

Cuando regresaban en auto, dieron un giro equivocado en una calle. Blas viajaba en el asiento de atrás. 

Según muestran las cámaras de seguridad, unos metros más adelante había dos patrulleros y policías con armas esperándolos. Los jóvenes se asustaron y por no se detuvieron. Sin dar ningún aviso, la policía comenzó a disparar indiscriminadamente hacia el auto. 

Blas recibió un tiro que ingresó por la luneta trasera del auto y atravesó uno de sus omóplatos.

Sus amigos hicieron todo lo posible para ayudarlo.  Lo llevaron a una clínica que se negó a atenderlo. Camino a otro hospital fueron nuevamente interceptados por la policía que les impidió seguir.

Blas murió sin llegar a ser atendido.

A dos años de su muerte, se lleva a cabo el juicio en la ciudad de Córdoba, donde son 13 los policías imputados: dos de ellos acusados por los disparos que terminaron con la vida de Blas, y los otros once acusados por la cadena de encubrimiento posterior.

YA BASTA, es hora de unirnos y juntos exigir: ¡No más violencia institucional!

➕ Más información

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos todo uso de la fuerza por el personal de las fuerzas de seguridad debe ser excepcional y usado como último recurso, y debe cumplir las obligaciones de respetar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad y a la seguridad de la persona.

El control y la rendición de cuentas es un requisito indispensable de toda actuación de las fuerzas de seguridad para desalentar la institucionalización del abuso de la fuerza y la impunidad y, a la par, generar mayores niveles de confianza de la población..

Sólo podrá lograrse una rendición de cuentas efectiva mediante un sistema de controles y equilibrios que permita la evaluación sobre toda actividad llevada a cabo por las fuerzas de seguridad para analizar si cumple con los estándares mencionados y la normativa vigente incluidos los derechos humanos, así como con los reglamentos y procedimientos operativos internos. Además, la rendición de cuentas es fundamental para garantizar que los abusos de la fuerza no se repitan.

Durante 2020, hubo numerosos incidentes de uso excesivo de la fuerza en el contexto de la imposición del confinamiento asociado a la COVID-19. Amnistía Internacional relevó más de 30 casos en todo el país de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante las medidas de aislamiento en Argentina. Todos ellos reproducen prácticas abusivas extendidas en todo el país que exigen una evaluación del rol de las fuerzas de seguridad de la mano de una reforma integral por parte de las autoridades nacionales y provinciales para establecer una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos.