«Amnistía Internacional es un movimiento de
más de 10 millones de personas comprometidas para defender a aquellos a quienes se les ha negado justicia o libertad.»
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más de 10 millones de personas comprometidas para defender a aquellos a quienes se les ha negado justicia o libertad.»
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El derecho a la protesta está sometido a una amenaza creciente y sin precedentes en todas las regiones del mundo. Cada vez más países sancionan leyes y otras medidas para restringir la libertad del derecho a manifestarse; para criminalizar a quienes reclaman a las autoridades; se habilita el uso indebido de la fuerza; se expande la vigilancia ilegal, tanto masiva como selectiva.
Por eso, llamamos al Estado argentino a abstenerse de sancionar toda legislación (ley, resolución, decreto o protocolo) que debilite el derecho a la libertad de expresión pacífica y de reunión, que prohíba a las personas organizar protestas y participar en ellas; que supedite la reunión a una autorización previa, y que no dé la libertad para decidir el lugar, el momento y la manera de hacerlo. A su vez, el Estado debe garantizar un entorno propicio y seguro para que las personas puedan expresar su disenso y ejercer el derecho a peticionar a las autoridades de manera pacífica.
Ante las amenazas de limitar el derecho a protestar, la campaña global de Amnistía Internacional “Protect the protest” (Protejamos la protesta), trabaja para denunciar las violaciones de este derecho. La campaña pide a los gobiernos que protejan a quienes protestan y los exhorta a que eliminen los obstáculos y las restricciones injustificadas para poder ejercer el derecho a la protesta pacífica.
En particular en Argentina, la organización promueve que toda posible regulación de un derecho constitucional, el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, reunión y asociación sea debatida y llevada adelante en un marco de amplia deliberación y participación democrática, que incluya la intervención del Congreso de la Nación, de organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general.
Por lo anterior, Amnistía Internacional propone rechazar la aprobación de la Sección Organización de las Manifestaciones del proyecto de ley «Ómnibus”, que criminaliza la protesta social. Finalmente, pide dar marcha atrás a reformas al código penal que promuevan la criminalización e intimidación de la protesta pacífica.
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