La tortura y los malos tratos en México están fuera de control: las denuncias aumentaron un 600 por ciento en la última década, según un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional. La organización pide al gobierno mexicano que tome medidas con urgencia para poner fin al uso persistente y generalizado de la tortura por parte de la policía y las fuerzas armadas.
El informe, titulado Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, analiza el preocupante aumento del uso de la tortura y otros malos tratos y el clima imperante de impunidad y tolerancia hacia estas prácticas. Sólo siete torturadores han sido declarados culpables en los tribunales federales. Y el número de perpetradores enjuiciados en los tribunales de ámbito estatal es aún menor.
"Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado. El alarmante aumento del uso de la tortura significa que existe una amenaza real de malos tratos para cualquier persona en México. En una encuesta encargada por Amnistía Internacional, el 64 por ciento de las mexicanas y los mexicanos encuestados declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia”, dijo Amnistía Internacional.
Este es el primero de una serie de cinco informes de países diferentes que se publicarán en el marco de "Basta de tortura", la campaña global de Amnistía Internacional.
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En el informe se explica en detalle cómo, desde 2010 hasta finales de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 7.000 quejas por torturas y otros malos tratos. Según informes recientes, en 2014 ha disminuido el número de quejas. Pese a ello, sigue siendo mucho más elevado que hace diez años.
Víctimas procedentes de distintas partes del país contaron a Amnistía Internacional que habían sido objeto de palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semi-asfixia a manos de la policía o las fuerzas armadas, a menudo con el fin de obtener "confesiones" o para que incriminasen a otras personas en delitos graves.
Ángel Amílcar Colón Quevedo sufrió tortura y abusos a manos de la policía y miembros de las fuerzas armadas debido a su condición de migrante y su origen racial. Es miembro de la comunidad afrodescendiente de Honduras. Fue golpeado, le provocaron asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza, lo desnudaron y le sometieron a tratos humillantes y a insultos racistas. Permanece en prisión en espera de juicio. Fue acusado sobre la base de la declaración que le obligaron a hacer tras ser torturado. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia en julio de 2014.
El informe de Amnistía Internacional documenta los casos de más de 20 personas que, como Ángel Colón, sufrieron tortura a manos de las autoridades en México.
A pesar de que la ley lo prohíbe, el sistema de justicia penal sigue admitiendo pruebas obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria o la tortura. Esto no sólo facilita que se siga recurriendo a la tortura y a otros malos tratos, sino que también se traduce en juicios sin garantías y condenas dudosas, socavando aún más la credibilidad del sistema de justicia y los derechos humanos de las personas acusadas en procesos penales.
Las escasas investigaciones oficiales que se llevan a cabo sobre las denuncias de tortura suelen ser deficientes.
El procedimiento pericial especial de la Procuraduría General de la República para investigar los casos de torturas y otros malos tratos a menudo incumple las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul. Pese a estas deficiencias, los fiscales y los jueces se basan en las investigaciones oficiales defectuosas y se niegan a aceptar otras pruebas de investigaciones independientes.
El informe señala una serie de medidas que deben adoptarse para prevenir, investigar y castigar la tortura y otros malos tratos. En primer lugar, el gobierno debe reconocer la verdadera magnitud de la tortura y comprometerse públicamente a luchar contra esta grave violación de los derechos humanos como máxima prioridad.
En febrero de 2014, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y le hizo entrega de un memorándum exigiendo una serie de acciones para combatir la impunidad arraigada y las graves violaciones de los derechos humanos en el país.
