En respuesta a la reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC), que ordena la liberación del expresidente Alberto Fujimori, Amnistía Internacional exhorta a las autoridades a garantizar, y no poner en riesgo, el derecho a la verdad, justicia, y reparación de las víctimas y de sus familiares.

Recordamos que el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión, entre otros delitos, por los crímenes de los casos Barrios Altos y La Cantuta, que implicó el homicidio calificado de 25 personas, lesiones graves de cuatro personas, y secuestro agravado de otras dos.

Amnistía Internacional considera que la decisión del TC contradice las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Perú, y representa una violación al derecho a justicia de las víctimas. En abril de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) resolvió que Perú debía abstenerse de implementar la sentencia que restituía el efecto del indulto a Fujimori, pues no cumplía con las condiciones determinadas en la resolución de 2018 sobre este mismo caso, como el pago de la reparación civil, el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación, o los efectos que tendría una liberación anticipada sobre las víctimas y sus familiares, factores que no han sido considerados para esta decisión.

Si bien los Estados tienen la potestad de otorgar un indulto humanitario, y es una preocupación legítima de los mismos velar por la vida y la garantía del derecho a la salud de una persona privada de su libertad, ello no tiene que implicar necesariamente la extinción de una pena, más aún cuando se trata de una condena por crímenes de lesa humanidad.

En ese sentido, corresponde al Estado valorar proporcionalmente medidas que permitan proteger la vida y la integridad de una persona privada de su libertad, sin que ello implique afectar el derecho que tienen las víctimas y sus familias a la justicia.  En tal sentido, la CoIDH, en su Resolución de Supervisión de Sentencia de 2018, señala que “en casos de graves violaciones de derechos humanos, la medida o figura jurídica que permita proteger la salud, la vida e integridad del condenado debe ser la que menos restrinja el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”.

Amnistía Internacional considera que las decisiones del TC no pueden ir en contra del derecho a la verdad, justicia, y reparación de las víctimas y de sus familiares.