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Las consecuencias de torturar a una mujer: un médico a juicio por impedir un aborto legal
Un médico rionegrino irá a juicio oral por incumplir con sus deberes de funcionario público al intervenir impidiendo un proceso de aborto legal que se encontraba en curso.
(Buenos Aires, 19 de octubre de 2018).- El juez Julio Sueldo elevó a juicio oral una causa contra el médico Leandro Javier Rodriguez Lastra por incumplimiento de deberes de funcionario público al haber obstaculizado el acceso de una mujer a un aborto legal.
En abril de 2017, una paciente ingresó al Hospital de Cipolletti buscando atención durante un proceso de aborto legal. La mujer ya había sido asistida en otro centro de salud zonal y contaba con la Declaración Jurada por la violación de la que había sido víctima y el Consentimiento Informado previsto en la ley provincial de Río Negro. El médico tocoginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra, quien se encontraba de guardia ese día, no sólo no acompañó la decisión de la paciente sino que suministró un medicamento para impedir que el proceso de aborto se lleve a cabo.
Rodriguez Lastra actuó activamente impidiendo el curso normal del proceso de aborto sin informar a la paciente qué droga le estaba siendo suministrada ni cuáles eran sus efectos. No contó con el consentimiento informado de la paciente para realizar la práctica médica violando así los derechos de la paciente reconocidos tanto nacional como internacionalmente.
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentamos un escrito de amicus curiae en la causa apoyando su elevación a juicio y la posterior condena del profesional.
El escrito presentó argumentos en torno a la regulación del aborto a nivel nacional y local. También argumentó sobre cómo debe interpretarse la causal violación y cuáles son los requisitos para acceder a un aborto legal en estos casos. Se identificaron cuáles son las obligaciones en materia de atención sanitaria que tienen las y los profesionales de la salud en casos de abortos legales, y se realizaron consideraciones sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.
Las organizaciones firmantes celebramos la decisión del juez de elevar a juicio oral la causa en el entendimiento de que la intervención del médico Rodríguez Lastra para impedir el ejercicio del derecho de la víctima y para revertir un proceso de aborto en curso constituyó un acto de tortura al forzar a la mujer a continuar con un embarazo que no deseaba y que tenía derecho a interrumpir.
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