Ante el veredicto dictado hoy por el Tribunal Supremo sobre la petición de revisión presentada por tres de los cuatro hombres declarados culpables de la violación en grupo y el asesinato de una joven en un autobús en Delhi en 2012, Asmita Basu, directora de Programas de Amnistía Internacional India, manifestó:
“Desgraciadamente, las ejecuciones no erradicarán la violencia contra las mujeres. No hay ninguna prueba que demuestre que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio respecto a la violencia sexual ni a ningún otro delito. El gobierno debe, más bien, asignar los recursos adecuados a la aplicación eficaz de las leyes, mejorar la tasa de condenas y garantizar la certeza de que se hace justicia en todos los casos. Incluso el Comité del Magistrado Verma, en cuyas recomendaciones se basó la reforma de las leyes sobre agresión sexual y violación, se opuso a la imposición de la pena capital en casos de violación.”
En 2017, India fue uno de los tres países del mundo que amplió el ámbito de aplicación de la pena de muerte con la aprobación de nuevas leyes. En abril de 2018, el gobierno central aprobó una ordenanza que introducía la pena de muerte para los declarados culpables de la violación de niñas de 12 años o menos.
“Con demasiada frecuencia, los legisladores de India suelen mantener la pena capital como símbolo de su determinación de poner freno a la delincuencia, y optan por ignorar soluciones más difíciles y eficaces, como mejorar las investigaciones y los enjuiciamientos, y prestar atención a las familias de las víctimas. Lo que se necesita en este momento son reformas procedimentales e institucionales de alcance. ”