Los principales comerciantes de la República Centroafricana han comprado diamantes por valor de varios millones de dólares sin investigar adecuadamente si con ello están financiando a grupos armados responsables de ejecuciones sumarias, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y saqueos generalizados. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

 

El informe, titulado Chains of Abuse: The global diamond supply chain and the case of the Central African Republic, documenta varios abusos más en el sector de los diamantes, como por ejemplo el trabajo infantil y el fraude fiscal.

Las empresas de diamantes de la República Centroafricana podrían empezar en breve a exportar diamantes acumulados durante el conflicto en curso, en el que han muerto 5.000 personas. La prohibición de las exportaciones impuesta desde mayo de 2013 se levantará parcialmente cuando el gobierno cumpla las condiciones expuestas en julio de 2015 por el Proceso de Kimberley, responsable de impedir el comercio internacional de diamantes ensangrentados. Antes del conflicto, los diamantes suponían la mitad de las exportaciones del país.

“Si las empresas han comprado diamantes ensangrentados, no debe permitírseles beneficiarse de ellos", ha manifestado Lucy Graham, asesora jurídica del Equipo sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

“El gobierno debería confiscar los diamantes ensangrentados, venderlos y utilizar el dinero para beneficio público. La población de la República Centroafricana tiene derecho a beneficiarse de sus propios recursos naturales. El país, en su intento de reconstruirse, necesita que sus diamantes sean una bendición, no una maldición.”

Basándose en entrevistas con mineros y comerciantes, el informe expone con detalle de qué manera los grupos armados –los antibalaka cristianos o animistas, y los Séléka, predominantemente musulmanes– se benefician del comercio de diamantes controlando los emplazamientos mineros y cobrando, mediante extorsiones, "impuestos" o dinero de "protección" a mineros y comerciantes.



También documenta el vacío existente en cuanto a las inspecciones en los centros de comercio de diamantes, un vacío que permite el comercio y la venta mundial de diamantes ensangrentados.

Falta de diligencia debida por parte de un comerciante de diamantes

Existe un elevado riesgo de que el comprador que más diamantes ha adquirido en el país durante el conflicto, Sodiam, que ha acumulado un stock de diamantes de 60.000 quilates por valor de siete millones de dólares estadounidenses, haya comprado y siga comprando diamantes que han financiado a los antibalaka, según expone el informe.

La ONU ya ha puesto en la lista negra al segundo mayor comprador de diamantes, Badica, y a su empresa asociada belga, Kardiam, por comprar y sacar de contrabando diamantes de las zonas controladas por Séléka en el este de la República Centroafricana.

En mayo de 2015, un representante de Sodiam en Carnot confirmó a Amnistía Internacional que la empresa había estado comprando diamantes en el oeste de la República Centroafricana pese al conflicto, y que los guarda hasta que puedan ser exportados.

 



El informe documenta la considerable implicación de los antibalaka en el comercio de diamantes del oeste de la República Centroafricana. Los comerciantes con los que Amnistía Internacional habló en esa zona estaban al tanto de la implicación de los antibalaka, pero ninguno parecía realizar un filtrado activo para excluir los diamantes que pudieran haber financiado al grupo armado. Uno de estos comerciantes, que dijo que era demasiado peligroso visitar los emplazamientos de las minas, mostró a Amnistía Internacional recibos de ventas a Sodiam. Otros comerciantes que hicieron ventas a Sodiam realizaron admisiones similares ante la ONU.

Sodiam niega haber comprado siquiera diamantes de zonas en conflicto. La empresa dice que no compra diamantes de minas controladas por grupos rebeldes o a comerciantes de los que se sabe que están asociados con esos grupos, pero Amnistía Internacional pone en duda sus procesos de diligencia debida.

Amnistía Internacional quiere que el gobierno de la República Centroafricana confisque los diamantes a menos que Sodiam y otras empresas exportadoras puedan demostrar que no han financiado a grupos armados. Los diamantes confiscados deben ser vendidos, y el dinero obtenido con ellos debe utilizarse en interés público.

Las empresas internacionales de diamantes deben abordar el fracaso del Proceso de Kimberley

El informe, que examina varios países de la cadena de suministro de diamantes, desde la República Centroafricana hasta Bélgica, pasando por Emiratos Árabes Unidos, expone también con detalle los abusos contra los derechos humanos, el contrabando y la evasión de impuestos existentes a lo largo de toda la cadena.

Puesto que está previsto que el sector del diamante se reúna en la cumbre de la industria joyera en marzo de 2016 para hablar sobre la adquisición responsable, Amnistía Internacional insta a los gobiernos y a las empresas internacionales de diamantes como De Beers y Signet a apoyar una regulación más estricta del sector. Las empresas de diamantes deben investigar sus cadenas de suministro para descartar abusos contra los derechos humanos, conflictos u otras prácticas ilegales o poco éticas, y deben desvelar las medidas que han tomado.

“Las empresas internacionales de diamantes deben examinar detenidamente los abusos cometidos a lo largo de su cadena de suministro, desde el trabajo infantil hasta el fraude fiscal. Al centrarse solamente en los diamantes de zonas en conflicto, el Proceso de Kimberley camufla todos los demás abusos contra los derechos humanos y prácticas sin escrúpulos asociados a los diamantes", ha manifestado Lucy Graham.

“Es una llamada de alerta para el sector del diamante. Los Estados y las empresas no pueden seguir utilizando el Proceso de Kimberley como hoja de parra para asegurar a los consumidores que sus diamantes proceden de fuentes éticas.”