La situación de los derechos económicos y sociales, y los anuncios de medidas de austeridad especialmente en las áreas de salud y educación son algunos de los puntos que Amnistía Internacional presentó en su informe ante el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) que evaluará la situación de la Argentina el próximo 26 y 27 de septiembre en Ginebra.

El informe hace eje en temas de salud, educación, las políticas regresivas en materia de migración y las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, entre otros aspectos.

“Si bien Argentina se encuentra atravesando una crisis económica de gran relevancia, resulta pertinente recordar que el derecho internacional brinda un marco normativo explícito e imperativo que guía u orienta la formulación de políticas y estrategias nacionales, que hoy más que nunca, en este contexto de austeridad,  pueden colaborar en generar un marco respetuoso de los derechos humanos”, señaló Mariela Belski, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.



Algunos de los ejes del informe:

Tras el debate por la legalización del aborto, surgió un amplio consenso en la aplicación de la Ley de Educación Sexual –ley nacional Nº 26.150– que establece el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral (ESI). Sin embargo, pese a que la ley lleva 12 años de vigencia, existen muchas resistencias por parte de las provincias y colegios para implementarla. Según una evaluación del propio Ministerio de Educación Nacional (Aprender 2017), 8 de cada 10 adolescentes de todo el país manifiestan que no reciben educación sexual integral en sus escuelas.

Frente a la adopción de medidas regresivas en temas como educación, el Comité DESC ha dicho que el Estado tiene la obligación de demostrar que esa decisión fue implementada tras la consideración más cuidadosa de todas las alternativas posibles y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga.

El gobierno manifestó haber duplicado en los últimos tres años el presupuesto para las universidades nacionales, que son públicas y gratuitas. Sin embargo, estimaciones hechas por especialistas establecen que entre 2015 y 2018 el presupuesto real de las universidades públicas nacionales –es decir el presupuesto teniendo en cuenta el aumento de precios por inflación- cayó en un 8% (si se tienen en cuenta las becas Progresar otorgadas en cada año, la caída sería del 12%).

Actualmente, los sindicatos de docentes universitarios han adoptado diferentes medidas de fuerza para exigir el aumento del salario de acuerdo a la inflación y mayor presupuesto.

Amnistía Internacional  informó al Comité respecto de la oportunidad histórica que el Congreso dejó pasar tras el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina.

Recientemente, el Estado informó que lanzará un anteproyecto de reforma al Código Penal que establece una nueva oportunidad para que Argentina ajuste su marco jurídico a los estándares internacionales y despenalice el aborto tanto para las mujeres y personas con capacidad de gestar como para los profesionales de salud que asisten en el acceso a la práctica.

El Estado argentino debe abstenerse de criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar por el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y avanzar en legislación que despenalice el aborto y garantice el acceso al aborto seguro y la autonomía reproductiva.

El 3 de septiembre de 2018, el gobierno anunció la reducción del número de ministerios. Entre esas fusiones están incluidos el Ministerio de Educación (que absorbió a Cultura y a Ciencia y Tecnología, ahora secretarías) y el Ministerio de Salud que fue unido a Desarrollo Social con el rango de Secretaría. Hasta el momento, el Estado no ha dado información detallada sobre el posible impacto que esta disminución de categoría de ambos ministerios podría tener ni si esta medida estará acompañada de reducciones presupuestarias en políticas y programas de educación y salud, las cuales podrían ser regresivas en ambas materias.

Finalmente, otros de los ejes que incluye el informe es la preocupante situación laboral en la Agencia Nacional de Noticias Télam que se encuentra paralizado tras el despido masivo de 354 trabajadores; el avance del modelo extractivo en detrimento del derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos originarios y la falta de acceso a sus territorios; y los retrocesos en la política migratoria.