Le ocurrió la semana pasada, cuando participó en un acto antifascista convocado en Varsovia el día en que entró en vigor la Ley sobre el Instituto del Recuerdo Nacional, conocida como “ley del Holocausto”.
A mismo tiempo, manifestantes de extrema derecha que coreaban lemas nacionalistas marcharon por la ciudad con antorchas encendidas.
Al igual que otros participantes en el acto, Suszek intentó bloquear a los grupos de extrema derecha, conocidos por su xenofobia y su intolerancia, pero, como muchas de las personas que tratan de oponerse a la creciente marea de nacionalismo polaco, acabó siendo golpeado, esposado y detenido.
En virtud de la controvertida ley del Holocausto, ahora se considera delito que alguien, aparentemente en cualquier lugar del mundo, acuse a la “Nación polaca” de complicidad en crímenes cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Además de disponer cómo se permitirá a la gente hablar del pasado de Polonia, la ley tiene también peligrosas consecuencias para el futuro del país.
En principio, la finalidad de la ley, que va en contra de las obligaciones contraídas por Polonia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, era impedir que se llamara a los campos de exterminio nazis de la Polonia ocupada “campos polacos”. Pero lo cierto es que tiene un alcance mucho mayor. Lo que está en juego no son los hechos ocurridos en torno a la Segunda Guerra Mundial, sino la libertad de expresión y la aplicación desmedida de la ley para reprimir las opiniones disidentes. Al ilegalizar todo pronunciamiento, declaración escrita o imagen que parezcan dañar “la reputación de la República de Polonia y la Nación polaca” o que sugieran que hubo responsabilidad o complicidad polacas en los “crímenes nazis”, restringe aún más el derecho a la libertad de expresión y tendrá un efecto negativo más en general.
Desde manifestantes pacíficos hasta historiadores o desde docentes hasta periodistas, toda persona que discrepe abiertamente del discurso nacionalista oficial de la política polaca o de su versión de la historia –a saber, que Polonia y la población polaca fueron sólo “víctimas” de los acontecimientos históricos y no cometieron ningún crimen– está expuesta a ser procesada y encarcelada.
La ley permite también a las autoridades iniciar procesamientos por este tipo de “delitos” cuando se comenten fuera del territorio polaco, incluso en el caso de los medios de comunicación extranjeros. La ley del Holocausto se utilizó por primer vez la semana pasada, cuando la Liga Polaca Antidifamación, organización nacionalista afín al gobierno de Polonia, presentó una denuncia contra un periódico argentino.
El periódico, Página 12, había utilizado una fotografía de combatientes anticomunistas polacos tomada en 1950 en un artículo sobre el pogromo de la localidad de Jedwabne, donde centenares de judíos murieron a manos de sus vecinos polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Según la Liga Polaca Antidifamación, constituía una “manipulación que tiene por objeto dañar a la nación polaca”.
El presidente del Senado de Polonia ha explicado que la ley va dirigida a los ciudadanos polacos, incluidos los que están fuera del país. En una carta reciente ha pedido a los polacos que viven en el extranjero que documenten “todas las manifestaciones de expresiones y opiniones [...] antipolacas que nos dañen” y los ha instado a notificar a sus embajadas “toda calumnia que afecte a la buena reputación de Polonia”.
Dentro del país, la policía ha actuado en reiteradas ocasiones contra manifestantes que habían salido a la calle a expresar su oposición al revisionismo histórico.
El miércoles, en un acto de desobediencia masiva organizado en Varsovia y Wroclaw, más de 40 activistas leyeron ante la Fiscalía Regional una declaración en la que describieron crímenes cometidos por polacos contra judíos durante la guerra y después de ella. Tras la lectura entraron en el edificio y exigieron ser procesados por infringir la ley del Holocausto. Se ha abierto una investigación sobre el caso.
Hace dos semanas, estuve en Hajnówka, localidad de la frontera con Bielorrusia, en un acto conmemorativo del 72 aniversario de la matanza, en 1946, de más de 70 personas de etnia bielorrusa por un batallón de soldados polacos. Los familiares y demás participantes en el acto encendieron velas y hablaron el pasado.
Horas después, un grupo xenófobo de extrema derecha, Campo Radical Nacional, celebró en la localidad una concentración en honor de los solados responsables de la matanza. Marchó por las calles entonando el lema: “muerte a los asesinos de la patria”.
En un determinado momento aparecieron dos mujeres contramanifestantes con una pancarta que rezaba: “Mi patria es la humanidad”. Fueron abordadas de inmediato por la policía antidisturbios, que las empujó contra una valla, presuntamente para que no obstaculizaron una reunión legal.
La ley del Holocausto, que ha sido impulsada principalmente por el partido Ley y Justicia, es un instrumento más de las autoridades para reprimir las opiniones disidentes en un momento en que ya es cada vez más difícil expresar disidencia en Polonia. Hay centenares de causas contra manifestantes pacíficos pendientes en los tribunales, y las autoridades han abierto investigaciones sobre muchos casos más.
Se amenaza con la detención y el procesamiento a quienes se oponen abiertamente a la reducción de la independencia judicial, la restricción indebida de los derechos humanos y el auge de los grupos nacionalistas de extrema derecha y xenófobos, por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos, en medio de una campaña generalizada de demonización emprendida en los medios de comunicación controlados por el gobierno.
Para las personas como Rafal Suszek, que se atreven a defender sus convicciones y alzar la voz contra el odio, la ley del Holocausto parece dirigida a silenciar las opiniones disidentes. Suszek me dijo: “Ni que decir tiene que esto no va a cambiar mi determinación de sacar la verdad histórica incómoda a la calle y protestar contra la xenofobia, el racismo y el neofascismo puro en el ámbito público.”
La valentía de Suszek de no callar debe ser celebrada por quienes creen en la libertad de expresión.
Este artículo fue publicado por primera vez en la revista Time.
Barbora Černušáková es investigadora de Amnistía Internacional.
