Los ataques contra la libertad de expresión van en aumento
(Beirut, 31 de agosto de 2023) – La detención e investigación del destacado cómico Nour Hajjar por las autoridades libanesas, únicamente en represalia por sus chistes, representa un nueva intensificación de la represión de las críticas públicas en Líbano, según ha manifestado hoy la Coalición para la Defensa de la Libertad de Expresión en Líbano, de la que Amnistía Internacional es miembro.
Las autoridades judiciales libanesas deben renunciar a presentar cargos contra Hajjar y otras personas a las que se procesa únicamente por expresar pacíficamente sus opiniones, y dejar de usar la legislación sobre el insulto y la difamación para limitar las críticas a las autoridades políticas, religiosas o militares del país.
“La comedia desempeña una función social importante, y nuestros cómicos deberían gozar de la más amplia protección jurídica, especialmente cuando critican a las autoridades o las prácticas públicas y religiosas, en un país gobernado por la impunidad judicial”, manifestó Ghida Frangieh, directora de litigio en la organización The Legal Agenda.
Los jueces de instrucción han investigado a Hajjar en relación con dos causas distintos en la última semana. El 25 de agosto, la Fiscalía Militar de Líbano lo citó para interrogarlo en la sede de la Policía Militar de Al Rihannieh, en el sudeste de Beirut, en respuesta a un chiste de un espectáculo de Hajjar sobre cómo los soldados libaneses se buscaban segundos trabajos como repartidores a causa de la crisis económica y la devaluación de sus salarios en libras libanesas. Tras el interrogatorio, Hajjar fue detenido temporalmente y puesto en libertad 11 horas después, y vuelto a citar el 29 de agosto para finalizar los trámites de su puesta en libertad.
El 29 de agosto, cuando se disponía a abandonar la sede de la Policía Militar, unos agentes pertenecientes a la División de Investigaciones Criminales de las Fuerzas de Seguridad Interna lo detuvieron en relación con una demanda presentada contra él por un miembro destacado de Dar al Fatwa, máxima autoridad religiosa musulmana suní de Líbano, según contó a la Coalición el abogado de Hajjar. Dar al Fatwa afirmó que un sketch de una comedia que Hajjar había hecho en los escenarios en 2018 era “un insulto al islam, los musulmanes y ponían en peligro la paz civil en el país”. Según el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal libanés, ese tipo de actos prescribía a los tres años y, según juristas expertos, ese plazo ya se había cumplido en el momento de la detención de Hajjar.
Por orden del fiscal superior del Líbano, Ghassan Oueidat, los agentes se llevaron a Hajjar, sin informar a su abogado, a la sede de la división en el Ministerio de Justicia de Beirut, donde lo interrogaron durante varias horas. Después del interrogatorio, Hajjar fue puesto bajo custodia temporalmente, y no quedó en libertad hasta que esa noche decenas de manifestantes se concentraron a las puertas del Ministerio pidiendo su puesta en libertad.
El abogado de Hajjar pudo asistir a ambos interrogatorios, y las dos denuncias que se interpusieron contra él continúan pendientes.
La detención de Hajjar forma parte de una intensificación de la represión de la expresión pública crítica a manos de las autoridades libanesas, sobre el telón de fondo de una crisis económica devastadora que ha empobrecido a la mayoría de la población. Sólo en 2023 las autoridades libanesas han citado a profesionales del periodismo, la abogacía, la docencia y, ahora, a un cómico, sólo por criticar las acciones del gobierno y los representantes públicos. Entre tanto, las autoridades libanesas no han dado ningún paso para realizar reformas económicas, financieras y de justicia cruciales. En 2022, el Tribunal Militar de Líbano declaró a otra cómica, Shaden Fakih, culpable de “dañar la reputación de las Fuerzas de Seguridad Interna” e “insultar a sus miembros”, y la condenó a pagar una multa en respuesta a la grabación de una broma telefónica que había gastado a las Fuerzas de Seguridad Interna y su posterior publicación online.
La Constitución de Líbano garantiza la libertad de expresión “dentro de los límites establecidos por la ley”, pero el Código Penal también impone penas de hasta tres años de prisión por insultar los ritos religiosos. El Código de Justicia Militar castiga el insulto a la bandera o el ejército con hasta tres años de prisión. Las disposiciones sobre el insulto y la difamación de Líbano incumplen las normas internacionales de derechos humanos y restringen indebidamente el derecho a la libertad de expresión.
Las autoridades judiciales deben retirar los cargos penales por la expresión pacífica, y el Parlamento debe derogar urgentemente la legislación que penaliza la blasfemia, la difamación, los insultos a la religión o la crítica a las autoridades políticas, religiosas o militares. No debe juzgarse a civiles ante tribunales militares. Las autoridades no deben detener a personas por expresar críticas pacíficas en ningún caso. Los fiscales y los organismos de seguridad deben abstenerse de citar a personas que han ejercicio su derecho a la libertad de expresión para investigarlas por ello. Además, las autoridades también deben abstenerse de extralimitarse en sus competencias presionando a las personas acusadas para que retiren contenidos supuestamente ofensivos o firmen declaraciones antes de haber tenido un juicio justo.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —ratificado por Líbano en 1972—, ha sostenido que “el acoso, la intimidación o la estigmatización de una persona, incluida su detención, prisión preventiva, enjuiciamiento o reclusión, en razón de sus opiniones, constituyen una infracción”. El Comité también ha afirmado que la legislación que prohíbe las demostraciones de falta de respeto por una religión u otro sistema de creencias, incluidas las leyes sobre la blasfemia, son incompatibles con el Pacto.
“La detención de Hajjar es un nuevo ejemplo de cómo las autoridades libanesas instrumentalizan la legislación penal sobre el insulto y la difamación para intimidar y hostigar a las personas críticas y para silenciar la libertad de expresión en el país”, ha declarado Aya Majzoub, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. El Parlamento debe abolir urgentemente todas las leyes que penalizan los insultos y sustituir los artículos sobre la difamación por nuevas disposiciones civiles.”
