El 25 de enero de 2022, el fiscal general de Líbano ordenó la liberación de todos los sospechosos detenidos en relación con la catastrófica explosión que tuvo lugar el 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut. Así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Esta decisión sin precedentes, en plena injerencia política generalizada, elude la investigación penal en curso sobre la explosión.
Para ayudar a garantizar una vía a la verdad y la justicia para las víctimas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe aprobar urgentemente una resolución para crear una misión de investigación imparcial sobre la explosión en el puerto de Beirut.
“Líbano puede carecer de liderazgo, pero eso no significa que otros países no puedan intervenir para defender los derechos humanos de la población libanesa”, ha manifestado Lama Fakih, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch. “La flagrante falta de justicia para las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut sólo servirá para socavar la estabilidad y el Estado de derecho en este momento crucial de la historia de Líbano.”
Casi dos años y medio después, la investigación nacional se ha estancado y no se vislumbran progresos a causa de las múltiples impugnaciones legales interpuestas por los políticos encargados del caso, destinadas a sustituir al jefe de la investigación, el juez Tarek Bitar.
El 23 de enero, el juez Bitar tomó medidas para solucionar la paralización de la investigación. Basándose en un análisis jurídico, el juez declaró que las normas que rigen la destitución de jueces expuestas en el artículo 357 de la Ley 328 no se aplicaban a esta función, y que los intentos de destituirlo constituían una infracción del principio constitucional de la separación de poderes.
Al reanudar su trabajo, el juez ordenó la liberación de cinco sospechosos detenidos entre agosto de 2020 y septiembre de 2021 y acusó a otros. Citó para interrogatorio a Ghassan Oweidat, fiscal general; Abbas Ibrahim, director general de seguridad general; Tony Saliba, director general de seguridad del Estado; Jean Kahwaji, exjefe del ejército; Jawdat Oweidat y Kamil Daher, exagentes de inteligencia; Asaad Tufayli, director del Consejo Superior de Aduanas; Gracia Al-Azzi, miembro del Consejo de Aduanas; y los jueces Ghassan Khoury, Carla Shawah y Jad Maalouf.
Como respuesta, el juez Oweidat, a quien el juez Bitar había acusado, señaló que los órganos encargados de hacer cumplir la ley no ejecutarían las órdenes de Bitar, pues las considerarían “nulas.” El ministro de Justicia envió el análisis jurídico del juez Bitar al Consejo Superior de Justicia para que lo revisara, alegando que podía afectar al “secreto de la investigación.”
A continuación, el juez Oweidat ordenó la liberación de todos los detenidos del caso de la explosión en Beirut, señaló que la investigación llevaba más de un año estancada y citó el derecho a un juicio rápido establecido en el derecho internacional. Bitar dijo a los medios de comunicación libaneses locales que “el cumplimiento por parte de las fuerzas de seguridad de la orden del fiscal de liberar a los detenidos sería un golpe contra la ley”. Horas después de la orden del fiscal general, las fuerzas de seguridad empezaron a liberar a los 17 detenidos recluidos en relación con la explosión.
El fiscal general también acusó al juez Bitar de varios delitos, entre ellos el de “usurpación de poder”, le impuso una prohibición de viajar y lo citó para interrogatorio el 26 de enero.
Las autoridades libanesas han obstruido repetidamente la investigación sobre la explosión protegiendo frente al interrogatorio, el procesamiento y la detención a políticos y funcionarios implicados en la explosión. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Legal Action Worldwide, Legal Agenda y la Comisión Internacional de Juristas han documentado una serie de defectos sistémicos y de procedimiento en la investigación nacional, entre ellos una injerencia política flagrante, inmunidad para políticos de alto nivel, falta de respeto por las normas sobre juicios justos y violaciones del debido proceso.
Los políticos sospechosos en el caso han presentado más de 25 solicitudes para destituir al juez Bitar y a otros jueces involucrados en el proceso, lo que ha provocado que la investigación se suspendiera repetidamente mientas se asignaban los casos. La última serie de impugnaciones legales presentadas contra el juez Bitar dio lugar a la suspensión de la investigación el 23 de diciembre de 2021.
El Consejo de Derechos Humanos debe aprobar una resolución que establezca y envíe, sin demora, una misión de investigación imparcial e independiente sobre la explosión en Beirut. La misión debe establecer los hechos y circunstancias, incluidas las causas fundamentales, de la explosión, con vistas a determinar la responsabilidad estatal e individual y apoyar la justicia y la reparación para las víctimas.
La explosión en el puerto de Beirut fue una de las explosiones no nucleares más fuertes de la historia mundial. Envió ondas expansivas por toda la ciudad, mató al menos a 220 personas, hirió a más de 7.000 y causo amplios daños materiales. Una investigación en profundidad llevada a cabo por Human Rights Watch señala la implicación potencial de empresas de extranjeras, así como altos cargos políticos y agentes de las fuerzas de seguridad de Líbano.
La explosión de Beirut fue una tragedia de proporciones históricas, causada por la falta de protección del derecho fundamental a la vida.
“Estamos en estado de shock”, dijo a las organizaciones Mireille Khoury, madre de Elias Khoury, que murió en la explosión a los 15 años. “¿En qué Estado vivimos? Todo esto demuestra que la investigación internacional es nuestra única esperanza, y que el CDH [Consejo de Derechos Humanos] es nuestra vía principal. ¿Cuándo abrirán los dirigentes mundiales los ojos a esta terrible injusticia que sufrimos?”
Está más claro que nunca que no se permitirá que la investigación nacional progrese, y por tanto no podrá impartir justicia, lo que aumenta la urgencia de que se establezca una misión internacional de investigación bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos. Así lo han manifestado las organizaciones.
Las personas que sobrevivieron a la explosión y las familias de las víctimas han enviado anteriormente dos cartas a los Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos para instarles a apoyar una resolución que establezca una investigación internacional. En marzo de 2022 enviaron otra carta a la alta comisionada para los derechos humanos.
Más de 162 grupos de defensa de los derechos, tanto libaneses como internacionales, así como supervivientes y familias de las víctimas, han pedido a los miembros del Consejo de Derechos Humanos que presenten una resolución de ese tipo. Decenas de miembros del Parlamento libanés y tres partidos políticos han apoyado los llamamientos de las familias de las víctimas y la sociedad civil para que se lleve a cabo una investigación.
“Las autoridades libanesas han ignorado totalmente la ley, eludiendo de forma descarada una investigación penal en curso y tomando represalias contra un juez que se estaba limitando a hacer su trabajo”, ha manifestado Aya Majzoub, directora adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “Es más que evidente que las autoridades libanesas están decididas a obstaculizar la justicia. Desde la explosión han bloqueado repetidamente la investigación nacional, protegiéndose para no rendir cuentas a expensas del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.”
