Ante la declaración conjunta presentada por Australia en el Consejo de Derechos Humanos, que pide que las autoridades libanesas garanticen una investigación rápida, independiente y creíble de la explosión del puerto de Beirut, Aya Majzoub, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
“La declaración conjunta presentada ante el Consejo de Derechos Humanos confirma el compromiso del mundo de garantizar justicia por la letal explosión del puerto de Beirut y demuestra que la comunidad internacional está con las víctimas, familias y sobrevivientes. También transmite con claridad a las autoridades libanesas que sus vergonzosos esfuerzos para obstaculizar y subvertir la investigación nacional no han pasado desapercibidos.
“Las familias de las víctimas, quienes sobrevivieron y el pueblo de Líbano merecen justicia, verdad y reparación. Las autoridades libanesas deben permitir, con carácter urgente, que la investigación nacional siga adelante sin injerencias políticas y garantizar que la investigación permanece imparcial en todo momento.
“Si no hay cambios significativos pronto, pedimos a la comunidad internacional que aumente con rapidez su respuesta con el establecimiento de una misión internacional de investigación sobre la explosión.”
Información complementaria
Al menos 38 Estados han firmado hoy una declaración conjunta en el 52 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en la que expresan preocupación por la demorada investigación de Líbano sobre la explosión de Beirut. En ella, piden a las autoridades que “respeten el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluida una reparación efectiva y rápida por los daños sufridos.” También pidieron a las autoridades que “cumplan su obligación internacional en materia de derechos humanos de tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar, en la ley y en la práctica, la independencia e imparcialidad plenas del poder judicial libanés.”
Más de dos años y medio después de la explosión del puerto de Beirut en la que murieron más de 220 personas, la investigación nacional se ha paralizado debido a reiteradas trabas de las autoridades libanesas y sus intentos de sustituir al magistrado que dirige la investigación, Tarek Bitar, que ha acusado formalmente a múltiples altos cargos políticos y funcionarios de seguridad.
Desde la explosión, Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos han documentado una serie de defectos sistémicos y de procedimiento en la investigación nacional, entre ellos injerencias políticas, inmunidad de altos cargos políticos, falta de respeto por las normas sobre juicios justos y violaciones del debido proceso.
