Las autoridades libanesas deben dar prioridad urgentemente a la salud de las personas presas, ya que las muertes en las prisiones gestionadas por el Ministerio del Interior casi se duplicaron en 2022 en comparación con 2018, el año anterior al comienzo de la aguda crisis económica actual, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Las autoridades judiciales deben llevar a cabo investigaciones rápidas, imparciales y efectivas de todas las muertes bajo custodia para determinar en qué medida la conducta inadecuada o negligencia de los funcionarios de prisiones puede haber contribuido a estas muertes y para hacer que los responsables rindan cuentas. Las autoridades deben investigar también hasta qué punto el drástico aumento de las muertes está vinculado a factores estructurales como el hacinamiento, la falta de recursos adecuados y la impunidad por malos tratos, todo ello exacerbado por la crisis económica.

En una investigación de Amnistía Internacional —Instead of Rehabilitation, He Found Death: Deaths in Custody Doubled Amidst Four-Year Economic Crisis— se exploran las causas subyacentes del grave aumento de las muertes en las prisiones libanesas. Las cifras del Ministerio del Interior que ha recibido la organización reflejan un crudo aumento de las tasas de mortalidad, ya que las muertes pasaron de 14 en 2015 a 18 en 2018 y a 34 en 2022.

“El acusado aumento de las muertes bajo custodia debe hacer ver al gobierno libanés que sus prisiones necesitan una reforma urgente y drástica. El gobierno debe descongestionar las prisiones —especialmente mediante medidas no privativas de libertad como alternativa a la detención en espera de juicio— y destinar recursos adicionales para garantizar que las personas en prisión reciben una asistencia sanitaria adecuada y tienen acceso inmediato a atención médica de urgencia”, ha manifestado Aya Majzoub, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“La crisis económica no es excusa para que las autoridades penitenciarias nieguen a las personas presas el acceso a la medicación, trasladen el coste de la hospitalización a sus familiares o retrasen los traslados al hospital. El poder judicial debe investigar con prontitud e imparcialidad cada muerte bajo custodia y tomar medidas ante cualquier deficiencia o negligencia de las autoridades y, en particular, proceder al procesamiento de los responsables, si procede.”

El Ministerio del Interior no ha dado explicación alguna sobre las causas de estas muertes bajo custodia. La investigación de Amnistía Internacional hace temer que el notable aumento de las muertes bajo custodia esté vinculado con la crisis económica que asola el país, así como con deficiencias de las autoridades penitenciarias y sanitarias a la hora de prestar atención médica adecuada y oportuna a las personas detenidas, incluso en casos que requerían tratamiento urgente.

Entre septiembre de 2022 y abril de 2023, Amnistía Internacional llevó a cabo 16 entrevistas, entre otras, a personas presas y a familiares de víctimas de muerte bajo custodia. Se revisaron varios informes médicos, así como fotografías y vídeos tomados por personas en prisión. Amnistía Internacional remitió al Ministerio del Interior y al Ministerio de Sanidad diversas preguntas sobre las muertes bajo custodia. Las respuestas recibidas de sendos ministerios se incorporaron a la investigación.

Informes de denegación de atención médica oportuna

Aunque las autoridades culpan a la crisis económica del deterioro de la salud de las personas presas, en al menos tres casos de muerte bajo custodia de 2022, las familias de las víctimas comunicaron a Amnistía Internacional que los funcionarios de prisiones habían hecho caso omiso de las quejas y los síntomas previos a su muerte, lo que retrasó el tratamiento y traslado al hospital e hizo que empeorara su estado.

Khalil Taleb, de 34 años, murió en la prisión de Roumieh el 21 de agosto de 2022. Según su hermano, la salud de Khalil comenzó a deteriorarse desde su entrada en la prisión. Aunque su familia aportó fondos para pagar su tratamiento, la familia indicó a Amnistía Internacional que en la farmacia de la prisión no hicieron caso de sus dolores y que los guardias penitenciaros retrasaron su traslado al hospital.

En palabras de su hermano: “Llegó [al hospital] ya muerto o inconsciente... En lugar de recuperación, encontró la muerte”.

De conformidad con el Protocolo de Minnesota de la ONU sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, el director de una prisión debe comunicar todas las muertes bajo custodia “a una autoridad judicial u otra autoridad competente que sea independiente de la autoridad responsable de la reclusión y esté facultada para llevar a cabo investigaciones expeditas, imparciales y efectivas de las circunstancias y causas de tal muerte”.

Las prisiones no cuentan con asistencia sanitaria básica

El hacinamiento en las prisiones se ha agravado especialmente en los últimos años. Las cárceles libanesas superan su capacidad en un 323% y cerca del 80% de la población reclusa está en espera de juicio. El hacinamiento, sumado a unas condiciones de internamiento lamentables, ha hecho que se deteriore la salud de la población reclusa. Al mismo tiempo, ante la depreciación monetaria y una inflación galopante, los recursos para prestar asistencia sanitaria se han visto reducidos drásticamente.

El valor real del presupuesto del Ministerio del Interior para proporcionar asistencia sanitaria a las personas presas se redujo de aproximadamente 7,3 millones de dólares estadounidenses en 2019 a unos 628.000 en 2022.

Como consecuencia, las prisiones no cuentan con recursos humanos suficientes y las farmacias penitenciarias carecen de medicamentos básicos, como analgésicos y antibióticos.

Desde el inicio de la crisis económica, el gobierno no abona a los hospitales las facturas derivadas del tratamiento de personas bajo custodia, por lo que muchos hospitales se niegan a admitir a pacientes que estén en prisión o exigen el pago anticipado, incluso en casos de tratamiento urgente, lo cual vulnera la legislación libanesa. Según las cifras proporcionadas a Amnistía Internacional por el Ministerio del Interior, en 2018 se hospitalizó a 846 personas bajo custodia y en 2022, solamente a 107.

Aunque la legislación libanesa especifica que el Ministerio del Interior es responsable de proporcionar asistencia sanitaria a todas las personas que están bajo su custodia, Amnistía Internacional halló que las autoridades penitenciarias exigían a las familias que pagaran la atención médica de las personas presas, incluso en casos que requerían tratamiento médico urgente.

Amnistía Internacional es consciente del impacto que tiene la crisis económica generalizada sobre el sector médico y los recursos de las autoridades penitenciarias. No obstante, incluso los gobiernos que se enfrentan a una crisis económica tienen la obligación de garantizar que no se discrimina a la población reclusa en el ejercicio del derecho a la salud. Tanto en virtud del derecho libanés como del derecho internacional, la prestación de asistencia sanitaria a la población reclusa es responsabilidad del Estado y debe ser gratuita.

Amnistía Internacional insta al gobierno libanés a que, con el apoyo de la comunidad internacional, asigne recursos adicionales para garantizar que las autoridades penitenciarias puedan mejorar las condiciones y la asistencia sanitaria en prisiones y otros lugares de detención.

Malos tratos

Amnistía Internacional documenta con frecuencia tortura y otros malos tratos a personas recluidas en Líbano, como por ejemplo la muerte de una persona bajo custodia en 2019, entre denuncias de tortura que no se investigaron debidamente.

El Ministerio del Interior comunicó a Amnistía Internacional que había tomado medidas disciplinarias contra 14 agentes de las Fuerzas de Seguridad Interna por “golpear y chantajear” a personas recluidas.