Aunque el gobierno ha tomado diversas medidas –entre ellas algunas excarcelaciones–, miles de personas continúan privadas de libertad en espera de juicio o, en algunos casos, a pesar de haber cumplido ya su condena.
En medio de la creciente preocupación por la pandemia, en las últimas semanas se han producido disturbios en prisiones, así como sentadas de familiares de personas privadas de libertad delante de cárceles y comisarías, para pedir que las dejen libres de inmediato.
“Las prisiones libanesas están llenas de personas que, sencillamente, no deberían estar ahí, y centenares de ellas se encuentran encarceladas porque la judicatura no tramita sus casos a tiempo o porque no pueden pagar las multas que les han impuesto o conseguir una orden judicial de excarcelación”, ha señalado Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.
“La respuesta de las autoridades a la COVID-19 es una oportunidad para abordar esta persistente injusticia, cuya reparación no debe demorarse más. En los casos de personas que continúen detenidas o presas, el gobierno libanés debe proporcionar unos niveles de atención de la salud que cubran las necesidades personales de cada una de ellas y garanticen la máxima protección posible contra la propagación de la COVID-19.
Amnistía Internacional pide a las autoridades libanesas que dejen en libertad a las que hayan cumplido ya su condena y a las que estén cumpliendo condena o se encuentren detenidas por cargos que no sean delitos reconocidos internacionalmente.
La organización insta también a las autoridades libanesas a que consideren seriamente la posibilidad de excarcelar o imponer medidas no privativas de libertad a las que estén en espera de juicio y a las que corran especial riesgo debido a su edad o a problemas de salud subyacentes, con independencia de los cargos por los que estén encarceladas o hayan sido condenadas.
Excarcelaciones de personas presas
El 6 de abril, el Ministerio del Interior anunció la excarcelación de más de 600 personas que estaban recluidas en espera de juicio, en el marco de las medidas adoptadas por el gobierno para contener la propagación de la COVID-19. Según la organización no gubernamental libanesa Legal Agenda, el índice de ocupación de las prisiones era del 130% en 2018, debido principalmente a la larga duración de la reclusión en espera de juicio. Además, las condiciones de reclusión siguen siendo pésimas, como consecuencia del persistente hacinamiento y las inadecuadas condiciones de vida, por no hablar del estado crítico de salud de centenares de personas presas. Las personas privadas de libertad están especialmente expuestas a la COVID-19, pues no tienen más remedio que vivir en estrecho contacto unas de otras, a menudo sin acceso a medidas adecuadas de prevención.
El 17 de marzo, el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley que, en principio, servía para eximir a las personas que hubieran cumplido ya su condena de prisión del pago de las multas impuestas y ponerlas en libertad, lo que indicaba que probablemente hubiera más de 100 personas en esta situación. Sin embargo, la agenda parlamentaria de la sesión legislativa de tres días de esta semana no lo incluye. La existencia de este proyecto de ley indica que hay al menos centenares de personas que han cumplido ya su condena de prisión y continúan recluidas.
Doummar El-Mokdad, del Comité de Familias de Personas Presas en Líbano, ha dicho a Amnistía Internacional que sabe que hay personas recluidas en espera de juicio que llevan mucho tiempo en esta situación. Ha explicado lo siguiente: “Hay personas presas a las que se ha dejado sin juicio. Algunas están encarceladas desde los sucesos de Nahr El Bared de 2007 y llevan 13 años sin juicio. Son rehenes, no presos.”
El 2 de abril, el primer ministro, Hassan Diab, anunció un plan para dejar en libertad a un número estimado de 3.000 personas recluidas, casi la mitad de la población carcelaria habitual del país, y una semana después el ministro del Interior, Mohammed Fahmi, confirmó la excarcelación de 606 personas recluidas en espera de juicio.
Doummar El-Mokdad ha afirmado: “Para las personas presas y sus familias, Líbano es el infierno en vida. Nuestras prisiones no están hechas para seres humanos. Hay fotografías y vídeos enviados por personas presas que muestran que sus condiciones siguen siendo repulsivas.”
Motivos de preocupación de las familias
Familiares de personas presas entrevistados por Amnistía Internacional han explicado que temen por la salud de éstas como consecuencia de la COVID-19, especialmente porque las visitas son cada vez más difíciles debido a las restricciones impuestas a causa de la pandemia.
Según Omar Nashabe, ex asesor del Ministerio del Interior, la administración de la prisión central de Rumia presentó una lista de 700 personas presas que tienen problemas médicos subyacentes, en muchos casos dificultades respiratorias y otras dolencias que aumentan para ellas los riesgos que corren debido a la COVID-19. El-Mokdad ha dicho a Amnistía Internacional que, en Rumia, alrededor de 120 personas presas utilizan el mismo aseo y que en cada pasillo duermen 70. Se calcula que, en la prisión de Zahle, hay 820 personas en un edificio con capacidad para 300.
El esposo de Heba Al-Mawla, Ali, ha cumplido ya 7 años de los 13 a que fue condenado por vender drogas. Heba, que tiene dos hijos, lleva tres semanas sin poder ir a verlo, porque, como es taxista y no tiene trabajo, no dispone de fondos.
Ha contado lo siguiente: “Ali me dijo que agrupaban a los presos y los rociaban con agua y Dettol. ¿Es una forma válida de protegerlos del coronavirus? ¿O una forma más para faltarles el respeto? Cuando condenan a alguien a prisión durante tanto tiempo, condenan también a su madre, a su esposa y a sus hijos. Nuestro país está lleno de injusticias.”
