Cuando va a cumplirse el tercer aniversario de la catastrófica explosión en el puerto de Beirut que costó la vida al menos a 235 personas y provocó daños en más de la mitad de la ciudad, Aya Majzoub, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha manifestado lo siguiente:

“Las autoridades libanesas han tenido tres años para investigar las causas de la terrible explosión que tuvo lugar en el puerto de Beirut y hacer rendir cuentas a quienes presuntamente tienen la responsabilidad penal. Sin embargo, hasta la fecha no se han exigido responsabilidades absolutamente a nadie por la tragedia que ocurrió el 4 de agosto de 2020.

En lugar de ello, las autoridades han utilizado todas las herramientas de las que disponen con el fin de menoscabar y obstruir la investigación nacional para blindarse contra la rendición de cuentas, y perpetuar la cultura de la impunidad que existe en el país.

La comunidad internacional ha condenado en repetidas ocasiones las flagrantes injerencias políticas de las autoridades en la investigación nacional, inclusive en una declaración conjunta presentada a principios de año en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hoy, más de 300 grupos libaneses e internacional de la sociedad civil, así como personas sobrevivientes y familiares de las víctimas, hacen de nuevo un llamamiento al Consejo de Derechos Humanos para que establezca urgentemente una misión de investigación internacional con la finalidad de investigar las causas de la catastrófica explosión de Beirut e identificar a sus responsables”.

Información complementaria

La investigación nacional sobre la explosión de Beirut lleva suspendida desde diciembre de 2021 debido a una serie de apelaciones presentadas contra el instructor principal, Tarek Bitar, y otros jueces involucrados en el caso por parte de figuras políticas objeto de la investigación.

Cuando intentóreanudar la investigación en enero de 2023, el juez Tarek Bitar fue sometido a una demanda judicial y una prohibición de viajar impuesta por el fiscal Ghassan Oweidat, contra quien se habían presentado cargos en la investigación sobre el puerto. El fiscal ordenó la puesta en libertad de todas las personas detenidas por su presunta participación en la explosión. Desde entonces, al menos una persona acusada ha huido del país.

La actuación de Ghassan Oweidat ha sido considerada ilegal por el Colegio de Abogados de Beirut y la Asociación Libanesa de Jueces. Sin embargo, no ha habido ningún avance con la investigación, que sigue sin reanudarse.

En marzo de 2023, Australia emitió una declaración conjunta en nombre de 38 Estados en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que expresaron su preocupación por el hecho de que la investigación nacional sobre la explosión se había topado con la obstrucción sistemática, injerencias, actos de intimidación y un estancamiento político. En la declaración se pedía a las autoridades libanesas que cumplieran plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y salvaguardaran la independencia del poder judicial, y que llevaran a cabo una investigación rápida, independiente, imparcial, creíble y transparente.