Las autoridades libanesas deben investigar con urgencia el ataque violento y premeditado durante una marcha por la libertad celebrada el 30 de septiembre, organizada por 24 organizaciones de la sociedad civil para protestar por la reciente campaña represiva contra las libertades individuales y políticas en Líbano; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. La investigación debe incluir asimismo la abyecta falta de actuación de las fuerzas de seguridad para proteger del ataque a quienes se manifestaban.

Las pruebas videográficas y declaraciones de testigos presenciales indican que los agentes de las Fuerzas de Seguridad Interna presentes en el lugar no intervinieron para impedir que decenas de agresores en motocicleta lanzaran piedras a las personas que se manifestaban, les gritaran insultos homófobos y la agredieran en el curso de refriegas que duraron cerca de una hora. Al menos dos manifestantes tuvieron que ser hospitalizados por heridas en el rostro y en un ojo.

“Debe llevarse a cabo una investigación urgente sobre el ataque a manifestantes que simplemente ejercían su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, incluida la falta de actuación de las fuerzas de seguridad para proteger a estas personas. La respuesta totalmente inadecuada de las fuerzas de seguridad es aún más indignante si se tiene en cuenta el violento asalto contra manifestantes pacíficos”, ha afirmado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“No investigar los hechos indicaría que se tolera el ataque y daría alas a futuros autores de ataques a otras personas en relación con la expresión de su identidad y sus convicciones. Las autoridades y el Ministerio del Interior de Líbano tienen la obligación de garantizar que quienes se manifiestan pacíficamente no sufren intimidación, hostigamiento ni ataques sólo por reivindicar sus derechos.”

No se ha detenido a ninguno de los agresores a pesar de que algunos alardearon de sus acciones abiertamente en redes sociales y amenazaron a la sociedad civil con nuevos ataques si organizaba futuras concentraciones para apoyar derechos y libertades para todas las personas.

La protesta programada no hacía mención alguna de los derechos LGBTI. Sin embargo, en los últimos meses, grupos libaneses han afirmado que la defensa de “libertades” y “derechos” es “propaganda” LGBTI y han pedido que se penalice toda promoción de los derechos LGBTI en Líbano.

Decenas de agresores estaban esperando a las personas participantes en la manifestación cuando estas se concentraron en el centro de Beirut para iniciar la marcha. Las refriegas entre manifestantes y agresores duraron una hora. Las Fuerzas de Seguridad Interna intentaron sin éxito crear una barrera entre ambos pero no hicieron nada más para detener el ataque.

Hacia el final de la confrontación, que duró una hora, las Fuerzas de Seguridad Interna ocultaron a un grupo de periodistas y activistas feministas en uno de sus furgones para su protección, pero los agresores la emprendieron a golpes contra el vehículo. Activistas y periodistas lograron escapar más tarde, pero no tenían que haber sufrido ese ataque en ningún momento.

En un vídeo examinado por Amnistía Internacional se ve a tres miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna golpeando a una persona de la manifestación que les pedía que detuvieran los actos de los agresores.

En otros dos vídeos aparecen agentes de las Fuerzas de Seguridad Interna acosando verbalmente a periodistas y ordenándoles que dejaran de grabar los ataques.

Varios vídeos muestran a miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna haciendo débiles intentos de separar a manifestantes y agresores, la mayoría sin éxito.

Ni el Ministerio del Interior ni las Fuerzas de Seguridad Interna han anunciado una investigación sobre los hechos. El 2 de octubre, el ministro del Interior afirmó que la manifestación no estaba autorizada y que las fuerzas de seguridad, junto con las fuerzas armadas, habían “manejado la situación debidamente”. Sin embargo, el hecho de no haber notificado la manifestación no eximía a las autoridades de su obligación de proteger a quienes participaban en ella.

Varias personas atacadas y golpeadas cuando participaban en la manifestación contaron a Amnistía Internacional que están pensando en presentar denuncia, aunque no están seguras de hacerlo por los riesgos que supone. Un abogado que apoyaba la manifestación dijo a la organización de derechos humanos que la gente “tenía miedo con razón”.

Un manifestante brutalmente golpeado dijo a Amnistía Internacional que no presentaría denuncia porque tenía miedo de sufrir represalias ya que su foto se había publicado ampliamente en redes sociales.

“Me preocupa que presentar una denuncia provoque a los grupos extremistas, ya que vivimos en un Estado fallido”, afirmó.

Aumenta la retórica contra las libertades

Desde junio de 2022, y sobre todo desde julio de 2023, los dirigentes políticos y religiosos de Líbano han intensificado su campaña contra la comunidad LGBTI. En junio de 2022, el ministro del Interior prohibió todas las concentraciones durante el mes del Orgullo afirmando que promovían la “perversión sexual”.

En fechas más recientes, el jefe de un destacado partido político manifestó que había que matar a las personas LGBTI, y el ministro de Cultura intentó prohibir la película Barbie con el argumento de que “contradice la moral y los valores” y pidió que los medios de comunicación usaran la expresión “perversión sexual” para describir la homosexualidad. Además, el Ministerio de Educación prohibió un juego de mesa en los centros escolares porque contenía un arcoíris.

En agosto, el grupo cristiano ultraderechista Jnoud el Rab atacó un bar afín a la comunidad LGBTI durante un espectáculo drag; destruyó mobiliario, golpeó a la gente y amenazó al propietario con más violencia si continuaba “promoviendo la homosexualidad”. El propietario del bar contó a Amnistía Internacional que las Fuerzas de Seguridad Interna, cuando se presentaron en el lugar, impidieron que los agresores entraran en el local y ayudaron a algunos clientes a salir de él, pero no detuvieron el ataque ni arrestaron a ninguno de los agresores. No se han exigido responsabilidades a nadie por los hechos.

Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Líbano en 1972, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, sin discriminación.