El 22 de julio, líderes de la eparquía católica maronita de Biblos emitieron una declaración en la que criticaban a la banda afirmando que sus canciones eran “ofensivas para los valores religiosos y humanitarios y las creencias cristianas” y pedían a la organización del Festival Internacional de Biblos en el que está previsto que actúe Mashrou’ Leila el 9 de agosto que cancelara el evento. Esto desencadenó en las redes sociales una tormenta de hostilidad contra labanda en la que se ha llegado a pedir la cancelación del concierto incluso “por la fuerza”.
“Las autoridades, y principalmente el Ministerio del Interior, tienen la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar que se protege a labanda de esta campaña de rencor y que no se cancela el concierto por motivos de seguridad”, ha afirmado Lynn Maalouf, directora de investigación para Oriente Medio de Amnistía Internacional.
“Es inadmisible que continúen haciéndose estos llamamientos desde unas instituciones que deberían ser un modelo de conducta para sus circunscripciones y que pueden y deben apoyar el derecho a la libertad de expresión y la protección de los grupos vulnerables, en lugar de propiciar el discurso de odio, incluida la homofobia”.
Amnistía Internacional pide a las autoridades, especialmente al Ministerio del Interior, que protejan tanto a Mashrou’ Leila como a sus seguidores y seguidoras de cualquier intimidación, hostigamiento y amenaza; que investiguen de forma exhaustiva y efectiva las denuncias de ataques contra ellos, y que hagan rendir cuentas a quienes sean hallados responsables de incitar al odio y la violencia contra la banda.
El 22 de julio de 2019, un abogado presentó un escrito ante la fiscalía de Monte Líbano pidiendo al Estado el enjuiciamiento de la banda por insultar una religión, incitar al sectarismo y “difundir y promover la homosexualidad”, acto ilegal según el Código Penal.
Creado en 2008, el grupo Mashrou’ Leila es conocido por su actitud crítica hacia diversas cuestiones sociales, religiosas y políticas en Líbano, así como por su apoyo al derecho a la libertad de expresión y a los derechos de las personas LGBTI.
“Las autoridades libanesas deben defender a la banda y demostrar su compromiso con el derecho a la libertad de expresión y prevenir la apología del odio y la discriminación. Deben respetar, proteger, promover y hacer cumplir los derechos humanos de las personas, incluidos los relativos a la libertad deexpresión y de reunión pacífica, a la seguridad de la persona y a la protección de la violencia”, concluyó Lynn Maalouf.
Información complementaria
En mayo de 2018, las Fuerzas de Seguridad Interna (ISF) prohibieron varias actividades organizadas para conmemorar el Día Internacional contra laHomofobia y la Transfobia, y detuvieron durante una noche a un miembro de la organización. Las ISF alegaron motivos de seguridad tras recibir amenazas de un grupo islamista radical.
En octubre de 2018, el departamento de Seguridad General (GS) trató de suspender una conferencia organizada por la Fundación Árabe para la Libertad y la Igualdad (AFE) en la que participaban activistas de Oriente Medio y el norte de África que trabajaban en cuestiones de género y sexualidad. El departamento no explicó las razones, pero la medida se produjo también después de recibir amenazas de un grupo islamista radical.
Pese a ser firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Líbano actualmente incumple sus obligaciones contraídas en virtud del Pacto en relación con el respeto, la protección, la promoción y el cumplimiento del derecho a la libertad de expresión de las personas. Por ejemplo, lagunas legislativas como el artículo 13 de la Constitución libanesa, que garantiza el derecho a la libertad de expresión “dentro de los límites establecidos por laley”, o los artículos 317, 474 y 475 del Código Penal, que criminalizan los insultos a una religión y la incitación al sectarismo, han facilitado la violación delderecho de las personas a ejercer su libertad de expresión.
