“Las autoridades libanesas deben cesar de inmediato todos los enjuiciamientos de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y otras personas que critican a los funcionarios públicos”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en la presentación de #MyOpinionIsNotaCrime (Mi opinión no es delito), nueva campaña que pide al Parlamento libanés la abolición de todas las leyes que tipifican como delito los insultos y la difamación.

Esta nueva campaña llega en el contexto de una oleada de enjuiciamientos de quienes critican a figuras políticas, de seguridad, judiciales y religiosas del país en la que miles de personas han sido objeto de investigaciones penales desde 2015. En un reciente e impactante suceso, un tribunal condenó en julio a la periodista Dima Sadek a un año de prisión y al pago de una multa de 110 millones de libras libanesas (unos 1.200 dólares estadounidenses al tipo de cambio) por cargos penales de difamación e incitación a raíz de sus críticas en Twitter a miembros de un partido político.

“El proceso contra Dima Sadek es una parodia y un ejemplo del uso de leyes penales arcaicas como arma para castigar la disidencia o silenciarla. Su condena a prisión transmite un mensaje disuasorio a periodistas de menor importancia del país y desalentará a la población de denunciar a los poderosos —sean funcionarios públicos, dirigentes de partidos políticos o figuras religiosas—, especialmente en un momento en que prolifera la impunidad”, dijo Aya Majzoub, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las leyes de Líbano sobre insultos y difamación están concebidas para proteger de toda forma de crítica a quienes están en el poder. En un momento en el que la ciudadanía del país debería estar hablando libremente de lo que esperan de sus dirigentes dado el profundo sufrimiento causado por la crisis económica, funcionarios de alto rango atacan a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y otras personas que expresan pacíficamente sus opiniones y trabajan para sacar a la luz las acusaciones de corrupción.”

Tras el movimiento de protesta de octubre de 2019, Amnistía Internacional, junto con muchas otras organizaciones, documentó un aumento de las investigaciones y enjuiciamientos relacionados con la libertad de expresión. Entre el 17 de octubre de 2019 y el 24 de junio de 2020, Amnistía Internacional documentó los casos de 75 personas —20 periodistas entre ellas— que fueron citadas por cargos de difamación e insultos.

Hoy, a medida que aumenta el descontento de la ciudadanía con la gestión por las autoridades de las múltiples crisis que sufre el país, Amnistía Internacional ha concluido que funcionarios de alto rango utilizan, de nuevo y de forma creciente, disposiciones penales represivas incompatibles con el derecho internacional como arma para silenciar a las personas críticas. La organización ha entrevistado a 10 personas que han sido citadas para interrogatorio este año o están procesadas actualmente por denuncias penales de difamación e insultos debido a sus críticas pacíficas. Nueve de las denuncias fueron interpuestas por funcionarios de alto rango.

Citaciones e intimidación

De los 10 casos documentados por Amnistía Internacional, 3 de las personas citadas para interrogatorio habían sido objeto de denuncias penales por insultos y/o difamación a raíz de su trabajo de revelación de presuntas conductas indebidas de funcionarios destacados y partidos políticos.

En marzo, Seguridad del Estado, agencia libanesa de inteligencia, interceptó el automóvil de Jean Kassir, periodista y cofundador del medio de comunicación independiente Megaphone, y lo citó para interrogatorio sin informarle del motivo de la citación. Kassir supo posteriormente que ésta se basaba en una denuncia penal por difamación interpuesta por el fiscal de más rango de Líbano, que había sido nombrado en un post de Megaphone como uno de los “fugitivos de la justicia” en el caso de la explosión del puerto de Beirut, en el que estaba procesado el fiscal. A raíz de la movilización y la solidaridad populares con Jean, la fiscalía retirase los cargos. Kassir dijo a Amnistía Internacional:

“No creo que esto haya acabado. Creo que [los funcionarios públicos] podrían presentar una nueva denuncia o citaciones contra nosotros en cualquier momento porque nuestras publicaciones les molestan [...] Estamos en un país donde no hay garantías para la libertad de expresión y la libertad de prensa [...] Leemos [las citaciones] como un intento de intimidación y un mensaje político contra nosotros.”

Igualmente, en marzo, la Oficina de Delitos Informáticos de las Fuerzas de Seguridad Interna citó para interrogatorio a Lara Bitar, redactora jefa del sitio web Public Source, dedicado al periodismo de investigación, basándose en una denuncia penal por difamación presentada por un destacado partido político libanés en relación con un artículo publicado ocho meses antes en el que se acusaba al partido de presuntos delitos medioambientales cometidos durante la guerra civil libanesa (1975-1990) y después de ella. En julio, la Oficina de Delitos Informáticos citó a Gina al Chammas, presidenta de una organización sin ánimo de lucro llamada Gestoría Anticorrupción Certificada de Líbano para ser interrogada a raíz de una denuncia penal por difamación interpuesta contra ella por un exministro por unas declaraciones de Al Chammas sobre las supuestas actividades corruptas del exmandatario.

Amnistía Internacional concluyó que los funcionarios que formularon cargos por insultos y difamación habían recurrido a esas leyes como medio de represalia, hostigamiento o intimidación contra quienes los criticaban. En todos los casos, las expresiones por las que se había denunciado a las personas no sólo están protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, sino que son consideradas necesarias para la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad basada en el Estado de derecho.

Además, las agencias de seguridad que citaron e interrogaron a las personas acusadas de “insultos” o difamación no siguieron los procedimientos estandarizados que salvaguardan los derechos al debido proceso de las personas encausadas y participaron en conductas intimidatorias como amenazar a las personas con la detención o presionarlas para que firmasen declaraciones en las que se comprometían a dejar de criticar a la persona denunciante o a eliminar el contenido presuntamente difamatorio.

Disposiciones represivas incompatibles con el derecho internacional

Las disposiciones penales de Líbano sobre insultos y difamación, contenidas en el Código Penal, la Ley de Publicaciones y el Código de Justicia Militar, prevén penas de hasta tres años de prisión.

Entre otros, se tipifican como delito los “insultos” a funcionarios públicos o a las instituciones, definición poco precisa y subjetiva que no está reconocida como delito en el derecho internacional. Amnistía Internacional pide la derogación de estas disposiciones.

Además, las disposiciones sobre difamación de Líbano incumplen las normas internacionales de derechos humanos y restringen indebidamente el derecho a la libertad de expresión. Según el derecho internacional de los derechos humanos, las sanciones penales son siempre un castigo desproporcionado por los daños a la reputación y deben abolirse.

Las leyes civiles sobre difamación y las penales sobre incitación son suficientes para proteger la reputación de las personas y mantener el orden público, y pueden enmarcarse y aplicarse de forma que ofrezcan protección adecuada a la libertad de expresión.

“Nuestra nueva campaña #MyOpinionIsNotaCrime pide a las autoridades libanesas la abolición de los artículos del Código Penal, la Ley de Publicaciones y el Código de Justicia Militar que tipifican como delito los insultos, y la sustitución de los artículos sobre difamación por nuevas disposiciones de carácter civil. Estas reformas equilibrarían la protección de la reputación de las personas frente al daño indebido al mismo tiempo que garantizan la protección del derecho a la libertad de expresión”, concluyó Aya Majzoub.